Organizaciones de Puerto Rico piden un Plan Marshall de recuperación de la isla

Los puertorriqueños residentes en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales pero votan en las primarias y los casi seis millones que están en la diáspora en el continente tienen el derecho al voto para elegir al inquilino de la Casa Blanca. Este miércoles, 18 meses después del huracán María, avisaron a los candidatos que ya están en la línea de salida para 2020: estamos vigilando.

Power 4 Puerto Rico, una coalición de más de 30 grupos nacionales y locales, han mandado una carta abierta a los candidatos a las presidenciales en la que se les pide un “Plan Marshall”, como el usado tras la II Guerra Mundial en Europa occidental, en este caso para la reconstrucción y revitalización de la isla.

La ex embajadora Mari Carmen Aponte, explicaba en conferencia telefónica el miércoles que piden a los candidatos un compromiso pronto “y en detalle para dar respuesta a los desafíos de largo plazo de Puerto Rico. Eso es lo que esperamos de todos los candidatos a la presidencia”.

Esta coalición incluye a Latino Victory Project, Alianza for Progress/Florida, Hispanic Federation, Marcha de las Mujeres, Boricuas Unidos en la Diáspora y personalidades como el chef José Andres, entre otros. Según su asesor senior, Federico de Jesús, cuando María azotó a la isla “los amigos y las familias decían que parecía que había habido una guerra”. Algo que se une a una crisis de 12 años, “negligencias y olvidos”. “Solo una respuesta como la que se le dio a una guerra puede funcionar”, razonaba de Jesús, “necesitamos reconstrucción y alivio de deuda, un plan comprensivo porque las ayudas puntuales no funcionan”.

Candidatos demócratas como Julian Castro y Elizabeth Warren han visitado la isla y se espera que en los próximos meses lo hagan otros de la larga lista de quienes aspiran a suceder a Donald Trump. Los integrantes de la coalición demandaron un “liderazgo presidencial” que no hay en un territorio en quiebra, con una agenda económica en la que la austeridad domina la iniciativa y tiene la mayor tasa de pobreza del país.

Entre los asuntos que demandan atención inmediata se pide que funcionen las medidas de lucha contra la pobreza como los créditos fiscales por hijos, y el de Ingresos del Trabajo (EITC) que no se aplican en Puerto Rico además de acceso completo a cupones de comida y programas como el Medicaid. Frankie Miranda, vicepresidente ejecutivo de la Hispanic Federation explicaba que los puertorriqueños pagan los mismos impuestos y la misma seguridad social que el resto y reciben menos.

José Andrés, que fue de los primeros en prestar asistencia alimentaria a la Isla, pidió el fin del Jones Act, una regla proteccionista de la industria naviera americana que hace que las importaciones de Puerto Rico sean más caras que las de cualquier otro lugar del Caribe. Esta ley lleva casi 100 años en vigor y a los habitantes de la isla les cuesta $1,500 millones anuales, según Alianza for Progress.

Andrés explicó que organizaciones sin fin de lucro son las que están dando préstamos y subsidios a granjeros y empresarios porque los bancos no lo hacen y el Gobierno tampoco.

El plan pasa también por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y un proceso inclusivo, justo y vinculante para finalizar el colonialismo en Puerto Rico.