Peligra el futuro del programa que apoya a menores “en riesgo” en NYC

En 2014, Alexandra Castro, una dominicana de 42 años que llegó a Nueva York hace más de 20, vivía con la incertidumbre de que una llamada fuera a destruir la estabilidad que finalmente había logrado en este país.

No fueron meses fáciles. Al contrario, para Castro la situación parecía no tener ninguna solución. Su hija, Kimberly, quien en ese momento tenía 15 años, estaba “fuera de control“. Su nombre ya era conocido por los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de su barrio en El Bronx, donde diariamente llamaba para tratar de localizarla.

“Días y semanas enteras que no iba a la escuela y a veces no venía a dormir”, recordó Castro, quien al mismo tiempo tenía que cuidar de sus otros cuatro hijos. “Fue un tiempo muy desagradable. Yo estaba desesperada”.

Y es que no habían días en los que esta madre dominicana no tratara de guiar a su hija “por el camino del bien”. Sin embargo, las conversaciones eran inútiles, los consejos desestimados y su desesperación era ignorada para su hija.

“Fueron un sinnúmero de conflictos los que existían con mi hija en ese entonces y yo tenía miedo de que fuera a terminar en malos caminos, en drogas o en la cárcel”, relató Castro, quien a través de una amiga, se enteró que si se acercaba a la Administración de Servicios Infantiles (ACS) posiblemente podrían ayudarla.

Pero, la desconfianza creada por el mito de que esa agencia de la ciudad “solo se inmiscuye en casos para quitar a los menores de sus padres”, la retrasó en sus ansias de encontrar ayuda profesional.

“Yo tenía ese pensamiento de que ACS solo estaba para quitar a los muchachos y no sabía de los demás servicios que tenían”, apuntó Castro, quien trabaja como ayudante del hogar en Manhattan.

Finalmente, y casi a punto de “tirar la toalla”, la madre se envalentonó y se acercó a una oficina de ACS en El Bronx. Allí, expuso el caso de su hija a un oficial que de inmediato la iluminó con una idea que parecía ser una solución real.

“Me entrevistaron y luego me dieron una cita para que llevara a mi hija con un trabajador social, quien me explicó sobre este programa que de verdad fue nuestra salvación”, afirmó la mujer aliviada luego de ver que finalmente su hija hoy “tiene un futuro brillante”.

Castro se refiere al Programa de Asesoría Familiar (FAP), que proporciona apoyo a familias que están luchando con la preocupación de que sus  hijos puedan escapar de casa, faltar a la escuela, o consumir drogas o alcohol, o asuman comportamientos perturbadores que eventualmente puedan llevarlos a ser detenidos por la Policía y por ende ingresar al sistema judicial.

“Yo vivo agradecida con este programa porque a través de él mi hija Kimberly recibió mucha ayuda por casi un año, se graduó de la escuela y ahora está estudiando en la universidad”, apuntó Castro.

Pero ella no es la única que ha visto mejoras en su hogar a través del FAP. De acuerdo con ACS, aproximadamente 5,000 familias se benefician del programa recibiendo intervenciones en momentos de crisis, tratamientos para el abuso de substancias y consejería a jóvenes en riesgo conocidos como PINS (Personas en Necesidad de Supervisión).

Peligra el presupuesto

Pese a que el programa sirve como un filtro para evitar que más jóvenes, en su mayoría hispanos y afroamericanos ingresen al sistema judicial y penitenciario, es posible que sea cancelado si no se logran asegurar los fondos necesarios para su funcionamiento.

Así lo dejaron ver varios oficiales electos y grupos de activistas que realizaron una protesta recientemente en City Hall en la cual le pidieron al gobernador Andrew Cuomo y a la Legislatura estatal que restablezca los fondos necesarios para dar apoyo a jóvenes en riesgo y sus familias en la ciudad de Nueva York. El plazo para que Albany apruebe el presupuesto estatal vence el 1 de abril.

Según el asambleísta Andrew Hevesi, representante del Distrito 28, que incluye Forest Hills, Rego Park, Richmond Hill, Glendale, Kew Gardens, Ridgewood y Middle Village, en Queens, el presupuesto para el próximo año fiscal propone eliminar $13 millones de dólares en fondos estatales para este programa.

“Este es el segundo año consecutivo que el gobernador Cuomo ha tratado de quitar dinero a menores vulnerables”, apuntó Hevesi, quien ha mostrado su total rechazo al posible recorte y quien aseguró que, de ser aprobado este presupuesto, las familias serán las más perjudicadas.

“Esto afecta a las familias y a estos jóvenes que sin la supervisión seguramente terminarán cayendo en manos del sistema judicial, pero además, esto terminará costando muchísimo más dinero de lo que se gasta en prevención a quienes pagan impuestos”, explicó el líder político.

Y es ahí donde radica la importancia de los fondos, alegó Felipe Franco, comisionado adjunto de la división de justicia de jóvenes y familia de ACS. Para él, el recorte es algo “inconcebible”.

“Para mi lo que está pasando es algo inconcebible porque hace tan solo un año y medio, el Estado nos invitó a presentar este programa porque quieren que el resto del estado lo haga como nosotros lo estamos haciendo”, dijo Franco. “No entiendo por qué, de todo lo que pueden recortar, van a recortar el programa que ayuda a las familias cuando están en más necesidad antes de que sus niños cometan crímenes”.

El funcionario agregó que la preocupación por el cierre del programa ha generado una ola de apoyo por parte de las familias que han recibido los servicios, al igual que otras agencias que trabajan de la mano con ellos.

“Yo creo que hay mucho movimiento por parte de la gente que puede ser impactada, con el fin de evitar que esto ocurra”, concluyó Franco, quien monitorea constantemente las conversaciones en Albany, previo a que un presupuesto ejecutivo sea definido.

Jóvenes en riesgo

Si bien la conversación sobre la población carcelaria está centrada en la disparidad racial en los arrestos, que han llevado a que casi el 90% sean hispanos y afroamericanos, esto tiene un trasfondo relacionado, no solo con el tipo de delitos que cometen, la actitud de oficiales de Policía, normalmente relacionada con racismo y discriminación, sino también con la manera como son catalogados los niños y jóvenes de color desde temprana edad.

Así lo aseguran expertos en piscología, que indican que aquellos menores que provienen de hogares pobres, son regularmente catalogados como “jóvenes en riesgo”, sin necesidad de haber cometido ningún delito o mostrado algún indicio de violencia.

La premisa de las autoridades se puede resumir en como, crecer en medio de la pobreza es una asociación automática a comportamientos sociales que son vistos como factores de riesgo, por ejemplo, el abuso de sustancias, la violencia en los vecindarios, y problemas adquiridos por “familias disfuncionales”.

“Sorprendentemente, en lugar de indicar específicamente de qué están en riesgo los niños, la frase a menudo se usa vagamente para referirse a los malos resultados de la vida en general”, apuntó Kristin Anderson Moore, una psicóloga social reconocida por su experiencia en el estudio y la mejora del bienestar infantil y familiar. “El término no tiene una definición coherente y puede verse como estigmatización a ciertos grupos”.

Sin embargo, Moore destacó la importancia de la prevención, más allá del simple reconocimiento. “Es fundamental tener en cuenta que “en riesgo” es un concepto que refleja una oportunidad o una probabilidad. No implica certeza”.

El programa:

• Programa de Asesoría Familiar (FAP).
• Beneficia a unas 5,000 familias anualmente en la Gran Manzana
• Ofrece servicios de consejería a jóvenes en riesgo, intervenciones en momentos de crisis, tratamientos para el abuso de substancias
• Oficiales electos preveen que un recorte de $13 millones en el presupuesto impactaría el futuro del programa