Organizaciones comunitarias de NYC inician ofensiva legal contra la ‘carga pública’

Seis grupos tratan de frenar la implementación del nuevo plan de la Administración Trump, argumentando que "demoniza a los inmigrantes de color"
Organizaciones comunitarias de NYC inician ofensiva legal contra la ‘carga pública’
Aumenta el temor, pero también las demandas
Foto: Mariela Lombard / El Diario NY

La inmigrante ecuatoriana Blanca Palomeque estaba solicitando su tarjeta de residencia permanente, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. Ahora, tras el anuncio de la nueva regla de ‘carga pública’ que pondría trabas a inmigrantes para legalizar su estatus, si accedieron a beneficios sociales, la suramericana se pregunta cuál será el destino de millones de personas en su situación, que se encontrarán en una encrucijada: salud, alimentación, vivienda o la ‘green card’.

Blanca, residente de Jackson Heights, en Queens, hoy es ciudadana americana y forma parte de las seis organizaciones comunitarias que este martes presentaron una nueva demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), que busca bloquear la regla de ‘carga pública’ propuesta por la Administración Trump antes de que entre en vigencia el próximo 15 de octubre.

“Si esta norma hubiera entrado en vigor hace once años, cuando estaba solicitando mi residencia, me habría obligado a elegir entre mi salud o permanecer con mi familia en los Estados Unidos. Este cambio inhumano castiga a las familias de la clase trabajadora como la mía. Todo porque no somos blancos ni ricos “, dijo la activista, miembro de Make the Road New York (NYMTR), una de las coaliciones que pretende bloquear legalmente la propuesta del Gobierno federal.

Cuando faltan 49 días para la entrada en vigencia del nuevo plan, más crece la incertidumbre en comunidades de inmigrantes, y más aún en Queens, el condado de la ciudad de Nueva York en donde se estima existe la mayor concentración y diversidad de inmigrantes del estado y desde donde se anunció esta nueva querella legal, la cual se une la interpuestas por 19 fiscalías estatales, incluyendo Letitia James.

“Diariamente recibimos a muchos consultantes que están esperando legalizar su situación, o simplemente están solicitando a familiares que viven en el exterior y lamentablemente no saben qué esperar, porque han sido beneficiarios de ayudas médicas o alimenticias”, comentó Palomeque, quien trabaja como asesora de enlace comunitario, en la sede de NYMTR en la Avenida Rooselvet, en Queens.

Blanca Palomeque: quieren un país solo para blancos o ricos.

“Dudan si siguen tomando tratamientos”

Lo que muchos ya han calificado como una regla que generaría “efectos perversos en la salud pública”, Amanda Lugg, directora de defensa del Comité de Servicios Africanos y una de las partes demandantes, lo puntualiza con el caso de las enfermedades crónicas.

“Tenemos clientes que consultan a sus proveedores, sobre si deberían dejar de tomar sus medicamentos contra el VIH y otros que se han negado a recibir asistencia legal para vivienda con el convencimiento de que esto garantizará su elegibilidad para reunir a sus familias”, aseguró.

A juicio de Lugg este escenario, por citar solo un ejemplo, estaría deshaciendo “el progreso ganado para terminar con la epidemia de VIH/SIDA en el país y aquí en el estado de Nueva York, pues a muchas personas que viven con condiciones de salud crónicas, se les pedirá que elijan entre su propia salud y bienestar o su derecho legal a la reunificación familiar “.

Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiática Americana (AAF) indicó que dentro de la comunidad asiática estadounidense en la ciudad de Nueva York, ya han observado a centenares de inmigrantes de bajos ingresos renunciar a los beneficios que utilizan en el día a día.

“Nos unimos a esta demanda para detener esta regla de exacerbar la pobreza, la inseguridad alimentaria y de la vivienda y la xenofobia que ya afecta a nuestras comunidades “, concluyó.

Ya se han sentido los primeros efectos. El Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Nueva York (DSS) ha reportado que $40 millones de dólares del presupuesto de programas sociales, han dejado de ser asignados en cupones de alimentos (SNAP) en la Gran Manzana, en los últimos dos años, en coincidencia con los primeros anuncios de los cambios de la regla de carga pública.

Se reportó, además, que las comunidades de inmigrantes no ciudadanos, de origen asiático e hispanos, son los que principalmente han renunciado al programa SNAP.

Entre tanto, Janet Sabel, jefe jurídico en The Legal Aid Society recordó que Nueva York es el hogar de 3.1 millones de inmigrantes que vinieron a mejorar su vida y la de sus familias.

“Como el proveedor legal más antiguo y más grande de la ciudad, para comunidades de bajos ingresos, sabemos que muchas familias utilizan los beneficios del Gobierno, por sus bajos salarios, a medida que avanzan en la escala del éxito económico. No permitiremos que la Administración Trump castigue a los inmigrantes neoyorquinos”, aseveró.

La semana pasada, la fiscal de Nueva York Letitia James, con el apoyo de funcionarios electos del Congreso, la Asamblea Estatal y el Concejo Municipal presentó también una demanda contra la controvertida reglamentación.

USCIS: vamos rápido

Así mismo, Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), dijo recientemente a medios locales que bajo su supervisión se están “agilizando”, las prioridades de inmigración de la Casa Blanca.

La carga pública es lo más importante que hemos sacado a la luz. Eso se implementará adecuadamente y será muy importante a largo plazo”, explicó.

El funcionario de la Administración Trump ha reiterado en diversas intervenciones que los migrantes que vienen a Estados Unidos tienen que estar preparados para mantenerse por sí mismos, sin la ayuda de beneficios públicos.

El nuevo concepto de ‘carga pública’

  • De acuerdo con los abogados demandantes, la regla propuesta por la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), busca redefinir el término de un persona como ‘carga pública’ a alguien que probablemente reciba, incluso temporalmente, cualquier cantidad, aunque sea mínima, de asistencia social, monetizables y no monetizables.
  • Los beneficios que descalificarían a inmigrantes para obtener su residencia legal incluyen programas que brindan asistencia para vivienda, asistencia alimentaria y atención médica.
  • Los demandantes aseguran que el gobierno federal también busca incluir otros factores para determinar quién puede ser considerado una carga pública, como la fluidez del inglés, la vejez, la falta de puntaje de crédito e incluso la discapacidad.

La demanda en tres claves:

  • Make the Road Nueva York, el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiática Estadounidense, Catholic Charities Community Services y la Red Católica de Inmigración Legal (“CLINIC”), están representados por The Legal Aid Society, el Centro de Derechos Constitucionales, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP para frenar esta regla en la Corte.
  • La demanda presentada en el Distrito Sur de Nueva York argumenta que la regla viola la “Ley de Procedimiento Administrativo y las Cláusulas de Igual Protección y Debido Proceso de la Constitución, porque está motivada por el ánimo hacia los inmigrantes de color y tiene la intención de afectar desproporcionadamente a los inmigrantes de países con poblaciones principalmente no blancas”.
  • La queja cita numerosos comentarios del presidente Trump y funcionarios de la administración involucrados en la redacción de la norma, la cual de acuerdo con los demandantes, “demoniza a los inmigrantes de color y argumenta que se les debe negar la asistencia”.

En números: algunos efectos

  • 382,000 inmigrantes de 500,000 que solicitan anualmente la residencia permanente en Estados Unidos serían sometidos a estas pruebas de “carga pública”, de acuerdo con fuentes de USCIS.
  • $72 millones de dólares ha dejado de ingresar a la economía de la Gran Manzana por la renuncia de 25 mil personas en los últimos dos años a los cupones de alimentos.
  • 9.7% menos de las personas no ciudadanos, calificadas para optar al programa de cupones en Queens renunciaron o no aplicaron para recibirlo el año pasado.
  • 12% menos de las personas que podían gozar del beneficio alimentario en Brooklyn, no ciudadanos, renunciaron o no optaron por el plan en 2018.

Aclare sus dudas

  • Si tienes preguntas sobre cómo el acceso a beneficios públicos puede afectar su situación migratoria comuníquese con la Línea para Nuevos Americanos que opera Catholic Charities llamando al 1-800-566-7636 de lunes a viernes, de 9:00 am a 8:00 pm.
  • Para reunirse con un proveedor de servicios legales de inmigración, llame a ActionsNYC al 1-800-534-0365 de lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm