Empieza batalla legal para defender ley que da licencias de manejo a indocumentados

Tras una demanda del condado de Erie contra el Estado para evitar que la nueva norma sea implementada, abogados y organizaciones pro inmigrantes se unieron para luchar en la corte
Empieza batalla legal para defender ley que da licencias de manejo a indocumentados
Tras una demanda del condado de Erie contra el Estado para evitar que la nueva norma sea implementada, abogados y organizaciones pro inmigrantes se unieron para luchar en la corte
Foto: El Diario

Hace 80 días los inmigrantes de Nueva York celebraron con bombos y platillos la aprobación que dio la Legislatura estatal a la denominada ley “Green Light” (Luz Verde), que a partir de diciembre próximo permitirá que los indocumentados que viven en el estado puedan tener licencias de conducción, como ya ocurre en otros 12 estados del país. Y como era de esperarse, los condados que se oponen a la nueva ley, como Erie County, empezaron a presentar demandas contra el estado de Nueva York, para evitar que la legislación entre en efecto, por lo que grupos pro inmigrantes anunciaron este jueves que se unieron para defender la constitucionalidad de la norma en los tribunales.

La organización Latino Justice PRLDEF junto a la firma Arnold & Porter  presentaron una moción en nombre de la Federación Hispana, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), el Ministerio Rural Migrante, y cuatro personas que se beneficiarían de la ley, en calidad de “demandados Intervinientes” para representarlos y pedir a la corte de Erie que no bloquee la norma, que según estimados ayudaría a unos 750,000 inmigrantes.

“Le pedimos a los empleados de los condados que hagan su trabajo y dejen de hacer juegos políticos. Su trabajo es cumplir la ley que fue aprobada por la Asamblea, el Senado y firmada por el Gobernador y ayudar a implementarla, pero si no toman esa opción y caen en los juegos de la Administración Trump, vamos a luchar con todos los recursos posibles a nuestro alcance, para defender la ley”, aseguró Steve Choi, director de la NYIC.

El activista mencionó que cuando el Estado aprobó el matrimonio gay ocurrió un escenario similar y el gobernador Andrew Cuomo advirtió que la labor de los empleados de los condados no es decidir cuál ley apoyan y cuál no sino cumplirlas al pie de la letra.

Jorge Vásquez, abogado de Latino Justice, explicó que tras presentar la moción ante la corte de Erie para que permita que representen a los demandados, ese tribunal deberá decidir sobre el futuro de la ley, pero se mostró confiado en que ganarán.

“Lo que el condado está haciendo es desperdiciar tiempo y recursos porque la ley cumple con toda la legalidad. Hay 12 estados que tienen leyes similares y enfrentaron demandas similares y al final esas demandas fueron desestimadas. Lo único que hacen es amplificar la retórica antiinmigrante”, explicó el abogado, quien dijo que por ahora los indocumentados que están esperando que la ley entre en vigor no tienen nada de qué preocuparse. “Todavía tenemos tiempo de aquí hasta diciembre cuando entre en vigor la ley y sé que antes de ese momento esto ya estará resuelto y los condados deberán cumplir con lo que ordena la legislación”.

Ángel Reyes, de origen peruano, quien vivió en carne propia la deportación de su madre hace 10 años tras manejar en Long Island sin licencia de conducción,

Ángel Reyes, de origen peruano, quien vivió en carne propia la deportación de su madre hace 10 años tras manejar en Long Island sin licencia de conducción, hizo un llamado a quienes se oponen a la ley a que entiendan que las licencias son un asunto de igualdad.

“Como inmigrante entiendo lo que esto significa para nuestras comunidades. No se trata de un asunto de lujo, sino de familias que necesitan llevar a sus hijos a las escuelas, al médico… papás que necesitan movilizarse para ir a trabajar en zonas rurales donde el transporte público es casi imposible”, mencionó el joven, destacando que no tener acceso a las licencias pone en riesgo a los inmigrantes. “Eso es prender más la máquina de deportación que está promoviendo la actual Administración federal y esta demanda no está pensando en motivos sociales y beneficios para las comunidades sino en motivos políticos”.

Jessica Orozco, de la Hispanic Federation, advirtió que no tiene sentido demandar una ley que fue aprobada por una Legislatura elegida por los propios votantes. “Quienes promovieron la ley fueron los políticos que los constituyentes pusieron allá, o sea que representan la voz y los deseos de la mayoría. Con esta ley solo se le está dando la oportunidad a miles de familias a vivir una vida normal”.

El anuncio de la batalla legal para garantizar que la ley de las licencias de conducción para indocumentados se da justo cuando, en el seno de la Legislatura, el ala republicana presentará un proyecto de ley que protegería a los empleados del Departamento de Motores y Vehículo de represalias legales, en caso de que rechacen tramitar licencias a inmigrantes indocumentados.

La iniciativa del líder de la minoría del Senado John Flanagan, del condado de Suffolk, permitiría a un empleado del DMV contratar a un abogado para defenderse en caso de que el Estado tome medidas civiles contra ellos por negarse a tramitar las licencias, defendiéndose con la excusa de que estaría cumpliendo con órdenes de ley federal.

Flanagan manifestó que la ley de licencias “no ayuda a los ciudadanos respetuosos de la ley”, hecho que contradice Steve Choi, quien asegura la implementación de las licencias para todos generará millones de ingresos a los condados y hará más seguros los caminos.

“Hemos estado luchando durante años para ayudar a los inmigrantes neoyorquinos a recuperar el derecho a conducir que nunca deberían haberles quitado. Ahora que este derecho ha sido legalmente restaurado, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que algunos burócratas equivocados en un viaje de poder antiinmigrante no puedan quitarlo nuevamente”, dijo Choi. “Es el colmo de la hipocresía que los empleados del condado afirmen que no tienen los recursos para procesar el papeleo para los inmigrantes indocumentados, pero que pueden gastar libremente los dólares de los contribuyentes en estas medidas frívolas y discriminatorias que está destinada al fracaso”.