NYC desafía regla de ‘carga pública’ dando más asesoría a los inmigrantes

Coaliciones y organizaciones proinmigrantes, agencias de la Ciudad, El Diario y Univision 41 se unen en una línea especial de ayuda legal
NYC desafía regla de ‘carga pública’ dando más asesoría a los inmigrantes
En la Gran Manzana siguen los indicios de que familias por temor y desconocimiento abandonan programas sociales.
Foto: Mariela Lombard / El Diario NY

¿Tiene temores, o quizás pánico, de que su camino a la residencia permanente o la ciudadanía de Estados Unidos se vea frustrado por haber sido beneficiario de ayudas sociales? ¿Ha recibido cupones de alimentos o ha optado a beneficios de salud y cree que ese antecedente se convertirá en un muro para legalizar su estatus?

Si usted está lleno de dudas, ante los riesgos que pudiera implicar la anunciada regla de ‘carga pública’, que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre, tiene una valiosa oportunidad de conectarse con expertos que pueden ofrecerle asesoría, gratuita y confiable.

Este lunes 9 y martes 10 de septiembre, se realizará en la Gran Manzana un operativo especial con una línea telefónica de ayuda sobre el nuevo reglamento, a la cual puede llamara cualquiera para aclarar dudas, y conocer el verdadero impacto en la comunidad inmigrante.

Este ‘phone bank’ es una iniciativa conjunta de El Diario con la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía (MOIA), Caridades Católicas, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI) , Federación Hispana, Legal Aid Society, NYLAG, Oficina de Nuevos Ciudadanos del Estado de NY y Univision 41. Los interesados pueden llamar al: 1-800-566-7636, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

La norma de ‘carga pública’ de la Administración de Trump y dada a conocer por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), de acuerdo con su criterio de fondo, busca que a ciertos inmigrantes les resulte más difícil obtener la tarjeta verde o el visado, si gozan de ciertas ayudas sociales, o si se estima probable que las usen.

Reina la confusión

Sin embargo, abogados especialistas en temas migratorios han coincidido en que la confusión provocada en torno a la norma representa un riesgo mayor, que el reglamento en si mismo.

Dan Smulian, quien lidera el equipo de abogados de la Unidad de Servicios Legales de Caridades Católicas, exhorta a las comunidades de inmigrantes, que ante la disponibilidad de asesoría confidencial, es muy importante que aprovechen oportunidades de “consejería correcta, pues en muchos casos el temor los hace abandonar programas, que realmente no impactarán, por definición, su caso migratorio en el futuro”.

A juicio de Smulian, ciertamente, si la regulación entra en vigor el 15 de octubre, va a complicar enórmemente el proceso de pedir la residencia, ya que la regulación y el nuevo formulario que lo acompaña, requieren presentar más información que el proceso actual.

“Objetivamente hablando, entraría en la ecuación de las solicitudes factores como la edad, la salud, el tamaño de la familia, finanzas personales, educación y habilidades profesionales, lo cual afectaría a miles de personas que entrarían en el segmento de lo que el reglamento califica como carga pública. Esto va a causar que muchos más, no consigan la residencia”, detalló.

Para el abogado de Caridades Católicas, una de las organizaciones que formará parte de esta iniciativa especial de asesoría en línea, “hay cierta expectativa” que el cúmulo de demandas en diferentes Cortes del país, frenen el controversial reglamento, al igual como se logró vencer la pregunta sobre Ciudadanía en el Censo 2020.

“En este punto, lo más desafiante es el poder de la información, y esta jornada podría bajar la incertidumbre”, expresó.

A propósito de esta actividad que intenta masificar la asesoría legal, Monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, subrayó que “tenemos el corazón abierto para ayudar a todos los inmigrantes, todos son invitados a aclarar sus dudas. Es un momento de mucha inseguridad de las familias. Esta jornada, confiamos sea una vía de lograr más tranquilidad. Todos son invitados a recibir un buen consejo”.

“NYC desafía la regla de carga pública”

Entre tanto, Bitta Mostofi, la Comisionada de Asuntos Migratorios de la Alcaldía, advierte que la Gran Manzana seguirá desafiando en todos los terrenos posibles, “este asalto a la salud y al bienestar a las comunidades”.

”Estamos trabajando para capacitar a los residentes de la ciudad, a tomar las mejores decisiones, sin renunciar innecesariamente a los beneficios a los que tienen derecho. La elegibilidad para programas públicos no han cambiado”, insistió.

Mostofi señala que la confusión en torno a la regla de la ‘carga pública’, plantea un riesgo significativo, ya que muchos inmigrantes que no se ven afectados pueden evitar buscar la ayuda que necesitan, debido al miedo.

“La ciudad de Nueva York  se opone enérgicamente a esta regla equivocada y su amenaza de evitar que las familias accedan a la comida, la salud u otros apoyos sociales ”, destacó.

Vale la pena destacar, que esta propuesta de USCIS, enfrenta un cúmulo de demandas de anulación en las cortes en 18 estados.

En Nueva York, la Fiscal General Letitia James, lidera una querella, presentada en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, con el respaldo de fuerzas políticas y funcionarios electos de la Gran Manzana, los estados de Connecticut y Vermont, además con el aval de decenas de organizaciones y líderes comunitarios.

Mostofi: NYC sigue y seguirá desafiando este plan contra el bienestar de las familias.

“No tengan miedo de usar servicios de salud”

El doctor Mitchell Katz, presidente NYC Health + Hospitales, la corporación que agrupa a los hospitales públicos de la Ciudad, manifestó temor de que los inmigrantes se rehusen a utilizar los  servicios de salud o mantener la inscripción en los seguros.

Ya hemos visto un efecto escalofriante en algunas de nuestras instalaciones”, puntualizó.

El doctor subrayó que la regla de ‘carga pública’ no penaliza a alguien por recibir atención médica, pues no se registran datos migratorios del paciente.

“Me preocupa, por ejemplo, que alguien que pueda tener dolor de pecho, un síntoma de un ataque cardíaco, no pueda venir a una sala de emergencias. Me preocupa que alguien con diabetes no venga a vernos si necesita desesperadamente insulina”, reveló Katz.

Katz: en los servicios hospitalarios de la Ciudad no requerimos datos migratorios.

Un proceso no retroactivo

En la ciudad de Nueva York, desde que se asomó en el escenario, la intención de una revisión de la definición de ‘carga pública’, algunas agencias que ofrecen programas de asistencia social han venido reportando una tendencia significativa: la renuncia a ayudas fundamentales, como el caso de cupones de alimentos.

En junio pasado, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) reportó que 25 mil inmigrantes elegibles en la Gran Manzana, para recibir el beneficio de cupones de alimentos (SNAP) han abandonado el programa en los últimos dos años.

Grace Bonilla, gerente de la Administración de Recursos Humanos (HRH) de la Ciudad dijo a El Diario que “la última versión de la regla de carga pública, fue publicada hace dos semanas. Ahora estamos haciendo un nuevo análisis de los números, para chequear cuál es el impacto que está teniendo en las comunidades”.

La funcionaria reiteró que la regla diseñada por el gobierno federal no está en vigor y hay que difundir claramente que si se llegara en efecto a aplicarse “no tendría un carácter retroactivo”, es decir, quienes están recibiendo cupones ahora, no tienen por qué pensar que se verán afectados.

“Debemos informar muy responsablemente, especialmente a las familias mixtas, es decir que tienen hijos ciudadanos beneficiarios de SNAP, no tienen por qué pensar que la medida afectará el proceso de solicitud de sus padres inmigrantes,  que estén en camino a su ajuste migratorio”, detalló Bonilla, quien invita a las comunidades a utilizar los recursos de información que dispone la Ciudad, para tomar decisiones adecuadas.

En la presentación del informe de estas tendencias de abandono de programas, dadas a conocer por DSS y MOIA de la Alcaldía de Nueva York, se especificó que la comunidad de inmigrantes hispanos se constituye como el segundo grupo de residentes elegibles para este beneficio de alimentación, después de los asiáticos, que han optado por renunciar a los cupones de alimentos, en los cinco condados.

¿Cómo participar en la línea especial de ayuda?

  • Los inmigrantes podrán acceder a ayuda gratis y confidencial en materia legal, referida a cómo impacta en su caso particular, si la regla de “carga pública” entra en vigencia.
  • Para participar, sintonice Univision el lunes 9 de septiembre y el martes 10 de septiembre, y marque el 1-800-566-7636 entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.
  • Puede hacer preguntas en diferentes idiomas y así comunicarse con un proovedor de servicios de confianza en materia legal de temas migratorios.
  • Además, el jueves 12 de septiembre se transmitirá por Facebook Live, entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, un foro de expertos en temas legales listos para responder las preguntas de los espectadores. Únase a la conversación en la página de Facebook de Univision.

!Más recursos permanentes!

Los neoyorquinos que están preocupados, sobre cómo la regla de “carga pública” podría afectarlos pueden acceder a ayuda legal de inmigración gratuita y permanente a través de ActionNYC llamando al 1-800-354-0365 ó 311 y diciendo “carga pública”.

Regla de ‘carga pública’, en tres claves

  • La propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. Se incorpora el criterio sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de programas sociales.
  • Se especifica en la nueva norma, que un extranjero es una “carga pública” si recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses, en el agregado, dentro de cualquier período de 36 meses.
  • El reglamento de “carga pública”, que entraría en vigor el próximo 15 de octubre, pondrá en camino a la deportación a los inmigrantes a quienes se les rechace sus peticiones de Residencia Permanente o extensión de estancia en el país.