Vacaciones pagadas, una demanda a las puertas de ser un derecho

Yanelia Ramirez tiene 38 años y es madre soltera de cinco hijos con edades entre 17 y cuatro años. Trabaja seis días a la semana haciendo manicuras desde las 10.00 am hasta las 8.00 pm y dice que le queda poco tiempo para ir a las reuniones de la escuela o celebraciones familiares. Explica que está estresada y que desde hace 14 años no ha tenido vacaciones.

Ayer las pidió.

No a su jefe sino a la ciudad. Ella fue una de las personas que este lunes se dio cita en las escaleras del Ayuntamiento junto a distintos colectivos de trabajadores de aeropuertos, de restaurantes, de tiendas, para demandar que se apruebe la propuesta de una ley que garantice un mínimo de 10 días de vacaciones pagadas al año.

Se trata de un proyecto de ley que el defensor del Pueblo, Jumaane Williams, presentó hace cinco años y ha estado precedido de décadas de defensa por parte de los trabajadores. El alcalde, Bill de Blasio, quiere que el Concejo la apruebe este año.

Williams estuvo el lunes con Ramirez, el resto de los trabajadores, sus representantes sindicales y de organizaciones comunitarias, la primera dama Chirlane McCray, el vicealcalde Phillip Thompson, y la comisionada del Departmento de Protecciones al Consumidor y Trabajador, Lorelei Salas.

McCray aseguró que el tiempo libre es “un derecho fundamental y un componente esencial de una vida feliz y sana”. La esposa del Alcalde y todos los que se dieron cita a las puertas de la Alcaldía pidieron al Concejo que sigan apoyando a los trabajadores para legislar este derecho.

Williams afirmó que quienes piden estos días libres no lo hacen porque quieren “sino porque lo necesitan”. En todos los países industrializados las vacaciones pagadas son un derecho de todos los trabajadores y muchos trabajadores los tienen garantizados por contratos con sus empresas o la entidad gubernamental que les emplee.

Para los pequeños negocios de la ciudad este derecho es un problema porque, critican que no está prevista su financiación. Para ellos, semejante mandato, además de los días por enfermedad, supone un costo muy elevado. Andrew Rigie, director de la asociación que representa a restaurantes y bares, New York City Hospitality Alliance, criticaba que no hubiera una comisión que estudiara recomendaciones para financiarla y ayudar a pequeños negocios.

Rigie, que enumeraba posibilidades como un impuesto a las plantillas o algo similar a lo previsto para financiar la licencia familiar, admitía que una comisión de este tipo obligaría a redefinir cuestiones como qué es un pequeño negocio. “Es necesario tener una conversación comprensiva”, admitía.

Williams dijo a El Diario que no se puede avanzar en esta ley sin los pequeños negocios y en este sentido, tendiendo la mano, explicó que la ley que se propuso “no va a ser exactamente igual a la que se apruebe” y se hablará con todos.