¿Contratista o empleado? Un problema de Uber … y manicuristas

“El robo de salarios no es una cuestión de un par de empresas, es sistémico y se hace de muchas maneras”. Es la conclusión que comparte Luis Gómez, director de organización de Workers United, tras una protesta de manicuristas el martes ante Envy Nails en el Bronx. Con este acto se quiso demandar el fin de abusos como los largos horarios, las condiciones insalubres de trabajo y, desde luego, el pago injusto en los salones de uñas en la ciudad.

Tal y como describió una de las trabajadoras de esta industria a El Diario, el salario que muchas de ellas reciben no es un cheque en el que se reconocen las horas de trabajo sino que se paga una comisión por cada servicio de manicura o pedicura que se haga. Hay días que se gana una cantidad suficiente y muchos que no se sale del local de trabajo, tras una media de 10 horas diarias de jornada laboral, con más de $40.

“En la industria de las uñas se ha engañado a muchas trabajadoras diciendo que ganarán según trabajen, pero eso no es lo que dice la ley. Ellas no deciden su horario, ni ponen los precios, ni tienen las llaves del salón porque son empleadas”, explica Gómez para dar a entender que no cobran por servicio sino por días de trabajo.

El problema de la clasificación de empleado o contratista no solo es una cuestión del sector en el que se mueven las plataformas de transporte como Uber y Lyft. Esta confusión de clasificación llega a otros sectores e impacta a muchas mujeres que también sufren el robo de salarios cuando se les contabiliza menos horas de las trabajadas o reciben un salario fijo independientemente del tiempo que estén en el trabajo o los servicios que hagan, según denuncia New York Nail Salon Workers Association.

“El problema es que las propinas no alivian el problema porque los servicios en Nueva York son muy baratos y el 20% de una manicura que cueste entre $10 y $15 no es mucho”, explica Gómez. “La mayoría de las manicuristas no tienen las propinas que se reciben en los salones de lujo”.

Para este organizador laboral el sistema de salarios es “complejo y ayuda a crear un ambiente en el que el robo de estos continúa”. Y los contados recursos de la Administración no permiten una vigilancia extensiva.

Por ello la New York Nail Salon Workers Association, que es parte de Workers United New York/New Jersey, se ha unido a otras organizaciones como la New York Taxi Workers Alliance, The Legal Aid Society, el sindicato 32 BJ, National Employment Law Project y Make the Road New York en la propuesta de crear una ley que imponga un test que determine de una vez si un trabajador es contratista independiente (o 1099 como se les conoce por ser el documento de retenciones fiscales) o plantilla (W2 el documento de retenciones de trabajadores contratados).

Se considerará que un trabajador presta sus servicios como contratista independiente y no como empleado si tiene completa libertad de dirección y control sobre su trabajo y presta un servicio que no es esencial para las operaciones de quien le contrata.

California está a punto de aprobar una ley similar que cuenta con la oposición de las plataformas de trabajo a demanda también conocidas como la gig economy. Muchos críticos creen que la mayor irrupción que han hecho estas empresas no es la competencia que plantean en los negocios sino el modelo de negocio sin derechos laborales puesto que los contratistas carecen de beneficios o salarios estables.

El nuevo presidente del 32BJ, Kyle Bragg animaba ayer en un comunicado a los legisladores a aprobar esta propuesta del ABC test. “A la vez que la Asamblea de California se prepara para aprobar la Ley 5, celebramos los esfuerzos de chóferes, manicuristas, bailarines y trabajadores de aplicaciones en todo el país que quieren que se apruebe una ley similar en otros estados, incluido el Empire State”.

Según Bragg, “necesitamos desesperadamente una aproximación más vigorosa y preventiva a la hora de hacer frente a la mala clasificación de trabajadores que está dañando nuestras comunidades”. “Este problema roba a los trabajadores y sus familias del derechos básicos y perjudica a las comunidades que podrían tener buenos trabajos y a los negocios que cumplen con la ley”.