La Suprema Corte de Justicia, a revisión en 2020

MEXICO – El máximo poder de justicia del país necesita una renovación urgente. Más allá de bajar los sueldos a los ministros que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere de una reforma que elimine de raíz los abusos que los ministros y jueces que, frente a huecos legales, se han despachado con la cuchara grande del presupuesto mexicano.

Está en manos del Congreso, de diputados y senadores, coinciden organismos autónomos y la misma gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero el legislativo ha aplazado hasta ahora la discusión y se prevé para 2020.

Se trata de leyes que eviten, por ejemplo, que los ministros de la SCJN empujen la contratación de hermanos, hijos, primos, esposos hasta en la misma área donde ellos laboran. En octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó 101 expedientes del personal de la Suprema Corte y detectó 59 empleados en estos casos y otros similares en juzgados federales.

“No es ilegal”, atajó públicamente el ministro Arturo Zaldivar.

Y tiene razón: hasta el momento no existe ninguna disposición legal que impida este tipo de contrataciones como no hay reglamento que regule el tipo de gastos que hacen los ministros. El año pasado, la SCJN usó el dinero de manera tan superficial como la compra de sillas “ergonómicas” para mayor comodidad. También pagó gasolina, lubricantes y aditivos para auto, telefonía celular y viáticos injustificados.

Zaldívar prometió que para diciembre quedaría resuelto el asunto de nepotismo, pero aún no hace público el reporte final de las acciones.

Rogelio Colmenares, auditor Superior de la Federación dijo que el reto de mejorar el sistema de ministros y jueces requiere sólo de voluntad en el congreso. “La ley ya nos permite hacer auditorías sobre el ejercicio fiscal en curso, sin embargo, dichas revisiones están supeditadas a la existencia de una denuncia que cumpla con diversos requisitos legales”, dijo de ejemplo.

“Desde mi perspectiva, la ASF debe contar con atribuciones para poder llevar a cabo, auditorías verdaderamente en tiempo real”.

Así se hubiera detectado por ejemplo, que en 2018, los ministros comprobaron sus gastos sólo con un escrito firmado por ellos mismos, una práctica poco transparente y hasta incongruente porque se les quiere dar un papel protagónico  en el combate a la corrupción con una sala especializada que incrementaría el número de ministros de 11 a 16.

En un estudio documentado por las investigadoras Janet Oropez y Sarahí Salvatierra, de la organización civil Fundar, concluyó que esta propuesta dejaría a la corte más dependiente del presidente de la República porque es éste quien propone la terna para elegir a los miembros además de que la corrupción y otros delitos tienen sus principales fallas en la investigación, no en la Suprema Corte.

Para la magistrada Yasmín Esquivel, quien ha sido acusada de conflicto de interés por ser esposa de José María Rioboó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, los retos están en otro lado. “En un Poder Judicial la transparente” que hoy no es. Pero podría ser el próximo año.