Cuatro cargos en la factura de luz para pagar la deuda y las pensiones en la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico

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Cuatro cargos en la factura de luz para pagar la deuda y las pensiones en la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico
La renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no puede darse a costa del pueblo puertorriqueño.
Foto: GFR Media / Cortesía

PUERTO RICO – Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó ayer que la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no puede darse a costa del pueblo puertorriqueño, el proyecto de ley que prepara su administración prevé enmendar una ley aprobada hace tres años para reorganizar esa corporación pública e impondría hasta cuatro nuevos cargos en la factura de luz.

La medida para autorizar el acuerdo (RSA, en inglés) con los bonistas de la AEE establecería el ya conocido cargo de transición para pagar a los bonistas y otro cargo para pagar las pensiones, mientras abriría la puerta a un cargo por subsidio y otro cargo de financiamiento, de ser necesario, según documentos examinados por El Nuevo Día.

De acuerdo con dos versiones del borrador del proyecto de ley que viabilizaría la renegociación de las obligaciones de la AEE, la deuda renegociada de la corporación pública pasará a una nueva entidad pública, que llevará por nombre Corporación para la Revitalización de la AEE (Preparc, en inglés).

Esa entidad tendrá tres directivos que serán seleccionados por una firma de reclutamiento; estos tendrán un carácter independiente -aunque serán nombrados por el gobernador- y recibirán paga, pero no estarán sujetos a la Ley de Ética Gubernamental.

Los borradores de la propuesta “Ley para la Implantación del Plan de Ajuste de la AEE” examinados por este diario establecen que la entidad que heredará la deuda de la AEE no estará sujeta a sobre una decena de leyes locales, asunto que acordaron los bonistas, tres aseguradoras municipales y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el RSA aprobado el año pasado.

Mensaje a los bonistas

El proyecto de ley se prepara desde la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), pero ayer Vázquez Garced, quien completó el requisito de endosos para continuar en la carrera primarista por la candidatura estadista a la gobernación, dejó entrever que retiraría su respaldo al acuerdo que pactó la JSF.

“Es una realidad que no se está pagando la deuda de Energía Eléctrica. Hay que buscar alternativas, pero no puede ser a cuestas del pueblo puertorriqueño. Esa es nuestra posición”, dijo Vázquez Garced.

“Los bonistas, cuando se negocie, que tengan en consideración que hay que tomar otras medidas, pero no puede ser a cuestas del pueblo puertorriqueño”, insistió la mandataria durante un encuentro con miembros del Centro Unido de Detallistas.

Si los borradores examinados por este diario se convierten en ley, la entidad sucesora de la AEE no tendría que cumplir con las leyes aprobadas para velar por la contratación de recursos privados y la Ley de Contabilidad Gubernamental. Tampoco tendría que cumplir con las leyes de disciplina fiscal aprobadas para implementar la ley federal Promesa.

El año pasado, El Nuevo Día anticipó los cambios legislativos que se avecinaban entonces para la AEE cuando disectó el acuerdo con los acreedores.

Según ambos borradores, la deuda que emita Preparc para renegociar los bonos vigentes de la AEE no pagará impuestos y aunque la AEE no genere suficientes ventas de electricidad para cubrir el cargo de transición, esa entidad sucesora de la AEE no podrá invocar la protección del Título III de la ley federal Promesa.

Ley intocable

Además, partiendo de los borradores, el gobierno central y tampoco la Legislatura podrán alterar una letra o una coma de la ley hasta que se pague el último centavo de la deuda renegociada de la AEE y que tomaría al menos 40 años.

Mientras, los cargos propuestos -que serán cobrados por un manejador o administrador contratado por Preparc- también serán intocables, salvo que deban ajustarse para pagar los bonos reestructurados y ello, sin la intervención del regulador energético.

De acuerdo con el borrador, los clientes se agruparán en grupos: clientes no gubernamentales, aquellos que reciban subsidios y los clientes que posean sistemas de generación energía (GDC). Este último grupo se dividirá entre clientes “exentos” y “no exentos”.

Para asegurar que los clientes con sistemas de generación propia paguen su parte, Preparc instalará un contador “GDC”, a costo del cliente (sea individuos, cooperativas o microrredes), que servirá para determinar el cargo de transición que estos pagarán. Dicho cargo se revisaría “de tiempo en tiempo”.

“Los clientes no podrán evadir la imposición del cargo de transición o reducir su responsabilidad por los Cargos de Transición mediante la desconexión o reconexión a los activos del sistema o mediante la ocultación al manejador de cualquier información requerida para poder evaluar los costos de transición o determinar el estatus del cliente”, reza el borrador.

De acuerdo con el borrador, los clientes pagarán el cargo de transición, pero también un cargo por subsidio, si así se decide. Este cargo permitiría que la AEE pueda cobrar una electricidad más baja a clientes de escasos recursos o similares.

Tal y como se estableció en el RSA, el cargo de transición comenzará en unos 2.7 centavos y aumentará escalonadamente hasta alcanzar cerca del año 24 el tope de 4.55 centavos el kilovatio hora y que permancería hasta el año 40, cuando se saldarían los bonos renegociados.

Aparte, la AEE cobraría el cargo de pensiones que todavía no ha sido establecido y se autorizaría a Preparc cobrar otro “cargo de financiamiento” si lo entiende necesario.

Los borradores para viabilizar el RSA de la AEE surgen al tiempo en que crece la oposición a que se adopte el segundo pacto con los bonistas en cinco años.

De igual forma, ayer en la tarde, la jueza Laura Taylor Swain, avaló la divulgación de un análisis de la firma London Economics International (LEI) acerca del acuerdo en la corporación pública.

En síntesis, el análisis de LEI establece que aún con múltiples ajustes al interior de la AEE, la utilidad pública tendría que aumentar sus tarifas cada año para cumplir con los bonistas, el pago de pensiones y otas obligaciones.

El llamado de la JSF

El RSA debe ser tener el aval de la corte federal, pero esta semana, su discusión se pospuso -por tercera vez- a pedidos de la JSF. Ello, a fin de que la Legislatura pueda avalar el pacto.

A esos efectos, ayer la JSF instó a la Legislatura a refrendar el proyecto de ley que daría paso al RSA.

Para el organismo fiscal, el acuerdo es el único mecanismo para evitar una sindicatura en la AEE por parte de los acreedores y la antesala para un plan de mejoras capitales que permita un sistema más confiable y eficiente.

Empero, de inmediato, presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que la conferencia legislativa no dará paso a ningún proyecto de ley que aumente la factura de la luz.

“Ese aumento no va”, dijo el líder estadista.

Entidades separadas

Si los borradores se convierten en ley, Preparc y la AEE serán entidades totalmente separadas. Preparc será dueña “única y exclusiva” de los ingresos que deje el cargo de transición -que se utilizaría para pagar a los bonistas de la AEE- y del cargo de financiamiento, si este se establece.

Preparc nació en el 2016, cuando la AEE logró un primer acuerdo con los bonistas bajo la dirección de Alix Partners y la ejecutiva Lisa Donahue. Entonces, la legislatura aprobó y el exgobernador Alejandro García Padilla convirtió el texto aprobado en la Ley 4 de ese año.

La Ley 4 de 2016, contempla que la junta de directores de Preparc cuente con tres directivos, aunque a estos, solo se les exime de cumplir con la presentación de informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental.

En La Ley 4 de 2016, se establece que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tendría la última palabra en asuntos tarifarios.

El texto de la nueva ley que trabaja la Aafaf, en contraste, requiere al NEPR adoptar reglamentación para que se implementen los cargos relacionados al RSA. Pero el estatuto no permite al NEPR analizar la conveniencia o razonabilidad de estos. Como resultado, los cargos de transición y el cargo para pagar las pensiones serían impuestos a los abonados.

“Esta ley allanará el camino para que la AEE pueda terminar su procedimiento de Título III”, reza la exposición de motivos en un borrador que incluye el texto en español e inglés de la legislación que tendría que aprobarse para viabilizar el RSA y que tiene fecha del pasado 9 de enero.

A preguntas de El Nuevo Día sobre el cargo para el pago de las pensiones, la Aafaf sostuvo que el documento examinado por este diario es un documento de trabajo y que por ello, podría tener cambios.

“Se anticipa que el documento de trabajo permita a la AEE cumplir con todas sus obligaciones y culminar el proceso de quiebra”, estableció la Aafaf.

(Por Joanisabel González; Ricardo Cortés Chico colaboró en este reportaje)