Candidatos independientes, y el debate por la Junta y sus medidas de austeridad marcarán el 2020 en Puerto Rico

Luego del “verano del 2019” y la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, se aproxima un panorama políticamente diverso en la isla sazonado por las imposiciones fiscales del organismo federal creado bajo la ley PROMESA
Candidatos independientes, y el debate por la Junta y sus medidas de austeridad marcarán el 2020 en Puerto Rico
Vista de una de las protestas masivas en San Juan Puerto Rico durante el "verano de 2019".
Foto: Thais Llorca / (Archivo / EFE)

NUEVA YORK – El “verano del 2019” o las protestas masivas en Puerto Rico que sacaron del poder al gobernador Ricardo Rosselló marcó un antes y un después en la historia de la isla caribeña, sumida en el colonialismo desde hace más de un siglo, actualmente como territorio de Estados Unidos

La mayoría del pueblo boricua -más allá de líneas partidistas, de clase, raza o religión- se levantó contra los abusos de poder del Gobierno y reclamó su derecho a tener mejores representantes que respondan a sus necesidades.

Esa revolución – que inició por la filtración periodística de un ofensivo chat en Telegram entre Rosselló y colaboradores – se desbordó en distintos reclamos; desde las fatalidades por el huracán María y la respuesta tardía de las autoridades locales y federales, hasta arrestos y denuncias de corrupción que mencionaban a la Fundación Unidos por Puerto Rico, cuya portavoz era la primera dama Beatriz Rosselló.

De cara a las elecciones del 2020, el 3 de noviembre, las intenciones políticas de los puertorriqueños en las urnas parecen ir a tono con el cambio de mentalidad evidenciado en las calles y la diversidad de reclamos de los manifestantes.

Nuevas entidades políticas que buscan romper con el monopolio de poder dual de los partidos de mayoría, el Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Democrático (PPD), así como varios candidatos independientes aspiran a escalar en el organigrama legislativo y hasta a la silla de la Gobernación.

Una de las candidatas más sonadas es Alexandra Lúgaro, quien recientemente anunció su aspiración  a la Gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para los comicios de 2020.

Lúgaro, quien ya corrió en el 2016 por la máxima posición del país pero de manera independiente, ahora se suma a la oferta de candidatos bajo la nueva organización que busca acabar con el bipartidismo y la política tradicional en el país.

El MVC fue impulsado por el actual representante independiente Manuel Natal Albelo, pareja de Lúgaro. Ahora el legislador apuesta a ocupar la silla de la alcaldía de San Juan, capital de PR, bajo la insignia de la nueva colectividad.

Pero éstos no son los únicos candidatos en la palestra en estas elecciones generales, en la que, además, se seleccionarán los escaños para el Senado y la Cámara de Representantes.

De obtener los endosos que la Comision Electoral de Elecciones les requiere, los puertorriqueños tendrán la opción de votar por otros aspirantes que ni siquiera pertenecen a un partido, como es el caso de Eliezer Molina, portavoz de Movimiento de Conciencia.

El grupo, enfocado en la descolonización de la isla y en el desarrollo de herramientas de crecimiento económico, ha logrado reconocimiento principalmente mediante sus cuentas de redes sociales.

Aunque con menos convocatoria pública al momento, Steven Batista, abogado estadista, busca radicar una candidatura independiente a la Cámara de Representantes, mientras que Víctor Medina Cruz, lo haría como candidato por nominación directa a la gobernación.

La reciente tendencia de líderes no vinculados a los partidos de mayoría va de la mano con los nuevos retos que enfrenta el país, agravados por la crisis económica acumulada por décadas y las imposiciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).

El organismo no electo por el pueblo, creado bajo la administración del expresidente Barack Obama a la luz de la ley PROMESA, busca imponer medidas de austeridad que afectan a los menos privilegiados en la Antilla Mayor.

Aunque varios sectores impulsan su desmantelamiento y el pleito por su constitucionalidad llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es en el ente federal donde se continúan dirimiendo asuntos claves que afectan directamente a los puertorriqueños como la reestructuración de la deuda y los planes fiscales en el país para cumplir con los bonistas.

Es, precisamente, esta soberanía de la JCF y los millones que el pueblo de PR le paga a sus consultores y abogados, a quienes no han elegido, que el Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes federal decidió examinar el alcance de los poderes de la JCF, siendo éste uno de los temas decisivos para los boricuas en el año que se aproxima.

Enmiendas a la ley PROMESA

Aunque se vislumbra una ruta tortuosa, ya que la propuesta deberá ser considerada en el Senado, de mayoría republicana, el plan para reducirle poderes a la JCF permanece bajo la consideración de las autoridades legislativas estadounidenses.

Entre otros aspectos, la iniciativa del congresista demócrata Raúl Grijalva, recomienda cambios que incluyen mecanismos para auditar la deuda, cancelar la no asegurada, crear la figura de un coordinador federal para la reconstrucción y que el presupuesto del organismo sea financiado por el Tesoro de Estados Unidos y no por el Gobierno en la Isla. Expertos en el tema consultados por el diario Metro consideran que es, precisamente, esta última propuesta la que más complica su aprobación en el Congreso.

Pensiones de los trabajadores

Las medidas de ahorro que barajan los integrantes del ente federal disponen además una reforma al sistema de pensiones.

A principios de diciembre, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) inició la implementación del plan de aportación. En la segunda etapa del llamado “plan 106” que inicia en enero próximo, los trabajadores comenzarán a decidir cuánto quieren ahorrar para su retiro y en qué instrumentos o valores podrán invertir su dinero.

Sin embargo, a la par con este proceso, el financiamiento futuro del sistema de retiro está por decidirse , ya que la Junta mantiene la lupa sobre el Fondo General del gobierno central, desde donde se asigna la mayoría de los presupuestos para las agencias locales.

Recortes UPR

La incertidumbre por los cambios al plan de jubilaciones ya han empezado a surtir efecto en algunas instituciones públicas como la Universidad de Puerto Rico (UPR). Un informe del Centro de Periodismo Investigativo apunta a que, hasta febrero de este año, se reportó un incremento de 53% en las solicitudes de retiro presentadas.

En enero de 2019, 208 empleados se sumaron a los 8,841 retirados de la principal institución educativa del país, lo que representa un 81% más en comparación con el 2018.

Al tema de las pensiones, se suman los aumentos al costo de la matrícula en la institución.

A tono con los requerimientos de la junta, bajo la administración del renunciante gobernador y la de su sucesora, Wanda Vázquez Garced se aumentó el costo del crédito subgraduado de $115 a $124, con la posibilidad de que se incremente hasta $157 el crédito en un periodo de cinco años.

Adicional a esto, en octubre pasado, el presidente de la UPR Jorge Haddock Acevedo, declaró que buscarán evitar  el recorte de $71 millones que se anticipa para el año fiscal 2020-2021, según el Plan Fiscal de la Universidad.

Cabe señalar que el tema de las pensiones a los trabajadores y los recortes en la UPR ya han provocado manifestaciones ciudadanas, una de las que se realizó el referido mes y llegó hasta el penthouse del presidente de la JCF, José Carrión, en la zona de El Condado.

Fondos de recuperación tras huracán María

Más de dos años después del paso del sistema por PR, todavía sus residentes, también ciudadanos estadounidenses, no reciben los fondos que les corresponden aprobados en el Congreso y mediante otras entidades.

De acuerdo con la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) que vela por la transparencia en el desembolso y uso de fondos de recuperación, se han aprobado $48,206,378,399. De esa cantidad, se han obligado $21,514,308,183, de los cuales se desembolsaron $14,826,112,088 ().

En cuanto a los distribuidos por el Departamento de Vivienda federal (HUD) permanecen sin utilizar unos $8,200 millones, esto porque las autoridades estadounidenses, supuestamente, aún no han firmado el “grant agreement” o acuerdo para proceder con el desembolso.

Aumento al salario mínimo

A pesar de que más de una veintena de estados en Estados Unidos empezaron a aumentar escalonadamente el salario mínimo a comienzos del 2019, éste no es el caso en Puerto Rico.

En vista de la crisis por un baja en la fuerza laboral y empleos en la mayoría de municipios de la isla y la migración de boricuas al exterior, el representante Joel Franqui Atiles, presentó el Proyecto de la Cámara 2264 que busca aumentar el salario mínimo a $8.25 dólares la hora en Puerto Rico lo que beneficiará a empleados de la empresa privada.

Aunque un tema puntual para miles de familias boricuas, la medida fue engavetada y su discusión en la Cámara de Representantes aplazada para el 2020.

Preservación de las playas y el problema de la erosión costera

Zonas, principalmente, de la costa oeste de Puerto Rico viven bajo la amenaza de expropiaciones para megaproyectos, lo que ha desatado múltiples manifestaciones ciudadanas que reclaman la protección de ese recurso natural característico de la Isla.

Ese es el caso, por ejemplo, del sector Playuela en Aguadilla donde se pretende desarrollar el hotel Christopher Columbus Landing, iniciativa que activistas llevan años denunciando.

Aunque los problemas generalizados de erosión algunos lo atribuyen a cambios naturales en el nivel del mar y a las secuelas del huracán María, otros sectores indican que es resultado de la mala planificación y el favoritismo a desarrolladores.

Al momento hay dos proyectos engavetados que impactarían las costas, el problema de la erosión costera e impulsarían cambios a la Ley de Puertos en Puerto Rico de 1986 que se limita a los muelles y la zona portuaria.

Una de las leyes propuestas, sin embargo, aunque establece una moratoria a las construcciones en la zona marítimo terrestre, solo beneficiaría a las nuevas construcciones establecidas en un término de 20 años.

Aumento de la luz

Un posible aumento en la factura de luz también se encuentra bajo el tintero, y afectaría el bolsillo de los abonados, ya agobiados por los altos costos de energía eléctrica.

Los reportes de medios en la Isla indican que el incremento respondería a un acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus bonistas como parte de la reestructuración en la agencia (RSA).

Los detractores de la RSA que evalúa la jueza Laura Taylor Swain plantean que el plan elevará los costos de electricidad a los más pobres y no ayudará a mejorar el ya antiguo y maltrecho sistema eléctrico del país.

Código civil

La discusión a los cambios en el Código civil representan para algunos sectores un retroceso en temas que afectan a la comunidad LGBT y los derechos reproductivos de las mujeres e incluso de los niños por nacer.

El proyecto de enmienda fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo y permanece bajo la lupa del Senado. Los movimientos legislativos buscan derogar el estatuto vigente desde 1930 en PR.

Temas como el establecimiento de la mayoría de edad en 21 años (actualmente es 18), la prohibición de los matrimonios de menores de 18 años y restricciones a la maternidad subrogada (o vientre de alquiler) han encendido la luz roja incluso provocando los cuestionamientos de artistas como Ricky Martin.

Otros cuestionan que parte del lenguaje de las enmiendas relacionadas con los derechos al no nacido son una manera velada de prohibir el derecho jurisprudencial al aborto.

Por otro lado, el temor de que se facilite la privatización de bienes públicos o patrimonios del Estado de manera permanente o temporal permanece vigente.

Los detractores han planteado que el texto permitiría que el Gobierno ceda o venda bienes de dominio público.