Debemos salvar vidas ante todo, porque el poder político ya no importa

El estado de Nueva York se enfrenta a una crisis fiscal y de salud pública sin precedentes debido a la propagación de COVID-19 (coronavirus). En este momento, nuestro único objetivo debe ser mantener a todos saludables y apoyar a los afectados por las devastadoras consecuencias económicas.

Apoyamos al Gobernador Andrew Cuomo al tomar medidas drásticas, pero necesarias, para detener la propagación de este virus y a la vez apoyar a nuestros trabajadores de atención médica de primera línea. Pero, es extremadamente preocupante que aún durante una pandemia global, se estén considerando retrocesos a la reforma de justicia criminal, especialmente a la ley de fianza.

A medida que el coronavirus continúa extendiéndose como un incendio forestal en las cárceles, los funcionarios estatales y locales en Nueva York y en todo el país están dándole prioridad a la liberación de personas tras las rejas. La semana pasada, el gobernador Cuomo dijo que estaba considerando la clemencia para las personas mayores y médicamente vulnerables que están encarceladas. Con toda la razón. Pero el impulso de querer enmendar la reforma a la ley de fianza amenaza con poner en riesgo miles de vidas.

El coronavirus representa una grave amenaza para las personas encarceladas, el personal, los seres queridos y las comunidades aledañas. En tiempos normales, las penitenciarias y las cárceles son lugares peligrosos, inseguros e insalubres, así que imagínense cómo son durante esta pesadilla de salud pública.

Las cárceles son lugares terribles, pero perfectos para que golpee el coronavirus. En Rikers Island, la cárcel local, la tasa de infección es siete veces mayor que el promedio de la ciudad. El desinfectante para manos es contrabando. Los trabajadores del servicio de alimentos sirven comidas en bandejas sucias, hay un baño por cada 29 reclusos, y las personas encarceladas duermen y comen en grandes grupos. El único punto positivo es que la reforma a la ley fianza ya casi ha reducido a la mitad la población de personas mayores de 50 años en prisión preventiva.

¿Por qué entonces alguien insistiría en retroceder los avances alcanzados por la reforma a la ley de fianza? Las ideas que se están considerando en este momento profundizarán de inmediato nuestra crisis de encarcelamiento masivo e impactarán desproporcionadamente a las personas de color.

Ese no es el verdadero liderazgo progresista. Eso es regresar a la política como de costumbre. A medida que vemos que algunos políticos ceden al miedo, tenemos que preguntarnos: ¿qué es más importante, el poder político o una vida?

Esta crisis revela lo que ha sido cierto durante mucho tiempo: las cárceles son lugares destructivos e inhumanos, y el encarcelamiento masivo perjudica a nuestras comunidades.

Eso es lo que hizo que la reforma a la ley de fianza fuera tan importante: nos permitió ir más allá de nuestro statu quo roto y creamos nuevas prioridades.

Hemos visto en las últimas semanas la necesidad de un conjunto más significativo de inversiones en nuestra red de seguridad social. Al entrar en una recesión fiscal, no podemos olvidar que poner a personas inocentes en la cárcel es inmoral y destructivo, sino que también es muy costoso.

En este momento, Nueva York gasta 11 veces más en encarcelar personas que en servicios de salud mental para quienes lo necesitan. Un informe reciente del Instituto Vera mostró que los condados tienen la oportunidad de ahorrar millones como resultado de la reforma a la ley de fianza.

Si bien, aprobar los días libres pagados por enfermedad a causa del Coronavirus, fue un gran comienzo, debemos hacer más. Usemos los ahorros por la reducción de las poblaciones de la cárcel para apoyar a los neoyorquinos que están luchando con las desastrosas consecuencias del coronavirus, como recursos para aquellos que corren el riesgo de cerrar sus negocios o que han perdido sus empleos.

También debemos cambiar nuestras inversiones hacia soluciones basadas en la comunidad que aborden los factores que causan daños, como las clínicas de salud mental y los centros de tratamiento de abuso de sustancias.

Hacer retroceder la reforma a la ley de fianza haría que nuestro estado fuera más desigual y menos seguro, y hacerlo durante una crisis de salud pública indudablemente causaría más dolor y devastación. Estamos orgullosos de apoyar al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, mientras luchamos por la justicia y el bienestar de todos los neoyorquinos. Juntos, nos centraremos en salvar vidas–no en destruirlas.

-La asambleísta Catalina Cruz representa al Distrito 39 en la Asamblea del Estado.

-El asambleísta Michael Blake representa al Distrito 79 en la Asamblea del Estado.

-La asambleísta Latrice Walker representa al Distrito 55 en la Asamblea del Estado.

-El asambleísta Jeffrion Aubry representa al Distrito 35 en la Asamblea del Estado.