Los ataques de Trump contra el medio ambiente durante la pandemia ponen en peligro nuestro país

Proteger nuestro aire y agua es vital durante esta crisis global

Los ataques de Trump contra el medio ambiente durante la pandemia ponen en peligro nuestro país
En los últimos tres años, las cortes federales han anulado los esfuerzos de la administración Trump para debilitar las protecciones ambientales.
Foto: Yuri Gripas / POOL / EFE

Para la administración Trump, es perentorio aprovechar una crisis para impulsar sus oscuros intereses.

En la última semana, en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 98 mil estadounidenses y ha dejado a 35 millones sin empleo, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales buscar recortes en regulaciones ambientales. Es probable que sus temibles objetivos minen la eficacia de protecciones clave para el agua, el aire, las tierras públicas y la vida silvestre.

Esta nueva orden es apenas el primer paso en una agenda desreguladora que comenzó mucho antes de la crisis generada por el COVID-19. Desde enero de 2017, la administración Trump ha lanzado ataques contra protecciones ambientales en un esfuerzo integral para recompensar a los contaminadores de todo tipo, mientras afianza nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Hemos visto una serie de nuevas reglas que aumentarían la contaminación del aire y el agua desde fábricas y minas, plantas de energía y refinerías, así como a partir del uso de automóviles y camiones. También hemos sido testigos de un gran impulso para abrir nuestras tierras y costas públicas a la perforación de petróleo y gas, incluso cuando nuestra emergencia climática agota nuestros recursos para recuperarnos de las tormentas y los incendios forestales.

Con el brote del COVID-19, uno podría pensar que la administración detendrá su trabajo para desmantelar las protecciones de elementos esenciales como el agua y el aire, y se centrará en responder a un virus mortal que está afectando a toda nuestra sociedad. Lamentablemente, no es así.

Por el contrario, la administración se apresura a destripar cuantas protecciones sean posibles para promover los intereses de la industria antes de terminar su mandato. Está ignorando las recomendaciones de sus propios científicos para fortalecer salvaguardas ambientales. Y está utilizando la pandemia como pretexto, renunciando ampliamente al cumplimiento de los estándares ambientales y de salud pública, a la vez que les da a las empresas vía libre para seguir contaminando.

Miremos, por ejemplo, cómo la administración atentó contra la ciencia, la salud pública y la integridad ambiental en tan solo un mes. No logró fortalecer las protecciones contra el hollín o partículas finas (conocidas como PM 2.5) a pesar de las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental y sus científicos. Las PM 2.5 son partículas industriales que arrojan las fábricas, plantas de energía y sitios de construcción. Se alojan en nuestros pulmones, causando decenas de miles de muertes cada año, según la Agencia de Protección Ambiental.

La decisión de dejar salvaguardas inadecuadas en su lugar se produjo inmediatamente después de que un estudio de la Universidad de Harvard revelara que las personas radicadas en áreas con baja calidad del aire debido, en parte, a los altos niveles de PM 2.5 tienen más probabilidades de morir por COVID-19. Sin embargo, la administración Trump decidió no proteger la salud de las personas.

Asimismo, en abril, la administración decidió avanzar con la reversión de los Estándares de Tóxicos de Mercurio y Aire (MATS, por sus siglas en inglés), que reducen la contaminación tóxica de las centrales eléctricas de carbón y petróleo. MATS salva hasta 11 mil vidas cada año, por lo que debilitar esta medida ahora permitiría a las empresas dejar de usar controles de contaminación que ellos mismos implantaron, reduciendo algunos costos a expensas de la salud de las personas de color que viven en zonas aledañas y que son las más afectadas por el coronavirus.

Pero esto no es todo. En vísperas del Día de la Tierra, la administración Trump decidió destripar la Ley de Agua Limpia, la cual protege el agua potable de 117 millones de habitantes. Esta legislación ayuda a las agencias estatales y federales a proteger nuestros ríos, arroyos y humedales. Pero la administración Trump prefirió otorgarles a las industrias extractivas el poder de desenterrar y destruir humedales, y arrojar desechos en nuestras vías fluviales.

Favorecer a los contaminadores a expensas del aire limpio y el agua pone en peligro la salud de todos y todas, pero algunas comunidades sufren más que otras. Los hispanos y afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en áreas cuyo aire y agua son altamente contaminados, son más propensos a sufrir enfermedades respiratorias como el asma, y tienen más probabilidades de desempeñase en trabajos esenciales que impiden el confinamiento en sus hogares. Es dolorosamente evidente la alta tasa de mortalidad en las comunidades predominantemente negras, en comparación con las comunidades predominantemente blancas. El debilitamiento de las salvaguardas para el aire y el agua solo robustecerá la realidad mortal del racismo ambiental en este país.

Por fortuna, las cortes pueden proporcionar un control sobre estos peligrosos retrocesos. En los últimos tres años, las cortes federales han anulado los esfuerzos de la administración Trump para debilitar las protecciones ambientales en un caso tras otro, reivindicando leyes fundamentales que incluyen la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Política Ambiental Nacional.

De hecho, la administración Trump ha perdido 47 de 49 batallas legales que involucran acciones desreguladoras ambientales, según el Instituto para la Integridad de las Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. A comienzos de mayo, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó los argumentos del Departamento de Justicia que habrían debilitado la Ley de Agua Limpia. Si bien nunca podemos dar por sentado el estado de derecho, la defensa por la justicia debe continuar.

-Abigail Dillen es presidenta de Earthjustice, la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro en Estados Unidos.