Stringer pide a Washington que apruebe ayudas para empresas de menos de 50 empleados

El contralor de la ciudad de Nueva York Scott Stringer ha enviado una carta a los líderes de las dos cámaras del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Mitch McConnell, pidiéndoles la aprobación del  RELIEF for Main Street Act, una legislación que proveería $50,000 millones en ayuda directa a ciudades, condados y estados para crear fondos de ayuda a empresas de menos de 50 empleados durante la pandemia del COVID.

Stringer, además ha presentado las pautas de un plan integral para la ciudad de 25 puntos en el que se contemplan estrategias para sostener y ayudar al mantenimiento de los negocios. Crear créditos fiscales para ayudar con los costos de reapertura, revisar los requerimientos de las licencias y programas para evitar que los locales comerciales estén vacantes son algunas de estas ideas con las que se quiere dar más apoyo a una ciudad en la que más de 2,800 negocios han cerrado de forma permanente y los ingresos de los que quedan abiertos han caído más de un tercio.

Stringer dice que el Paycheck Protection Program o préstamo PPP de la SBA  solo ha llegado al 12% de los pequeños negocios y contratistas independientes y que son necesarios programas para empresas más pequeñas (el PPP es para las que tienen menos de 500 empleados). Su preocupación gira en torno a las ayudas de empresas de latinos, negros e indígenas que son el 55% de los dueños de los negocios de la ciudad y dan trabajo a buena parte de la población pero no reciben la ayuda que necesitan.

Su preocupación no es única. El martes la Reserva Federal hizo público un estudio en el que se revelaba el daño hecho por el COVID en el país. El número de negocios activos cayó un 22% de febrero a abril pero en el caso de los negros esta caída fue del 41%, en el caso de los latinos se han perdido un 32% de los negocios cuando las empresas de los blancos han sufrido un retroceso del 17%.

En el caso de Nueva York, en febrero había 98,600 negocios activos de la comunidad negra que se quedaron en 29,479 en junio, según las cifras que maneja la Fed.

Ni siquiera las empresas que tienen posibilidad de acceder a contratos públicos, las certificadas MWBE, han podido evitar el golpe del COVID. Un informe del propio Stringer en junio explicaba que en la ciudad el 85% no podrán sobrevivir seis meses más como los anteriores.

La US Chamber of Commerce detalló también en un estudio similar que dos de cada tres (66%) negocios en manos de minorías están preocupados por la posibilidad real de tener que cerrar sus negocios frente al 57% de los blancos. Los primeros tienen más posibilidad que encontrarse con problemas a la hora de solicitar un préstamo durante la pandemia.

El contralor del Estado, Thomas DiNapoli, se hizo eco también ayer de esta situación, reflejada por la SBA en un informe, y explicó que aunque el PPP ha provisto de apoyo a muchos empleadores, no se han cubierto adecuadamente las necesidades de negocios que tradicionalmente no están bien atendidos. “Porque la SBA no proporcionó a los prestamistas líneas de actuación para dar prioridad en los mercados rurales o las empresas de minorías y mujeres”.

Ley para que la Fed acabe con la desigualdad

Las legisladoras demócratas Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren y Maxine Waters presentaron el miércoles una propuesta de ley para añadir a la lista de las misiones de la Reserva Federal la misión de trabajar activamente para reducir o eliminar la brecha de las disparidades raciales en ingresos, empleo y riqueza en EEUU.

Es una misión compleja que se uniría a las dos premisas con las que trabaja la autoridad monetaria y que son la estabilidad de los precios (o control de la inflación) y el máximo empleo. La desigualdad en el país no ha dejado de crecer desde los años ochenta y con cada nueva crisis esta brecha se ha ampliado dejando atrás a muchas personas negras, latinas y nativas.

Muchos especialistas consideran que el racismo y la desigualdad siguen creciendo porque el diseño y la estructura de muchas leyes e instituciones lo permiten por lo que hay que tener una política para deshacerlo.

Si en el futuro se aprueba esta legislación, que carece de apoyo republicano, sería la primera vez que el mandato de la Fed se amplía desde hace 43 años.