Los SOS de migrantes a López Obrador

MÉXICO – Cuando Guadalupe Gómez, representante de las Federaciones  Zacatecanas en Estados Unidos, piensa en los programas para migrantes cancelados en México vuelve también a su infancia en Jalpa, cuando era “pitayero” y su padre lo enviaba a vender las frutas y no se vendían y a él le daba vergüenza y desosiego.

“Más por los comentarios de las niñas que por otra cosa”, recuerda.

Pero detrás de esos sentimientos de jovencito había algo más profundo y sigue vigente: la pobreza que empujó a miles de zacatecanos a emigrar a Estados Unidos, un éxodo que hoy representa la mitad del estado en el exterior que se suma a otros millones de mexicanos en la Unión Americana.

Con el tiempo, la diáspora se organizó en clubes y federaciones de oriundos para enviar dinero colectivo y a partir del año 2000 el gobierno federal intervino junto con las autoridades estatales y el municipales para multiplicar cada dólar convertido en peso. Lo hizo a través de un programa que se llamó 3×1 con el que hizo obra pública y se dieron becas y hasta se empujaron negocios.

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador lo canceló apenas llegó al poder. No lo dijo públicamente, simplemente lo borró del presupuesto y envió a sus subordinados a explicar a los migrantes que había sido porque se detectó malversación de fondos y hasta la fecha no cambia su postura.

Aún con esta determinación, los migrantes organizados en EE.UU., no se rinden. El pasado 8 de julio, cuando López Obrador depositaba una ofrenda floral en el monumento a Abraham Lincoln en Washington, Guadalupe Gómez le entregó una carta en nombre de la federación que representa.

Palabras más, palabras menos, se trata de una propuesta para no dejar morir el dinero que juntan los mexicanos en el exterior y aprovecharlo más allá de las remesas. Ahora mismo tienen en las manos, listos para apoyar a sus comunidades, 50 millones de pesos (unos $250,000 dólares) y creen que pueden usarse de dos formas.

O con un “4×1” donde los proyectos de infraestructura (calles, drenajes, escuelas hospitales) se financien en un 20% por ellos, un 30% por el gobierno federal y un 50% entre el estado y el municipio en partes iguales; o con un “1×1”, donde la administración de AMLO ponga un peso y los migrantes otro para impulsar los pequeños negocios.

“Necesitamos que el presidente nos escuche porque ahora no se entiende como un municipio puede salir adelante”, advierte Guadalupe Gómez.

Compra de tractores, gasolinerías, mercados  o cualquier cosa que ayude a activar el campo y la alicaída economía es de interés de los clubes de oriundos y, ¿para López Obrador?

“A través de la embajada de México en EEUU, el presidente respondió a la carta entregada en el  Monumento a Lincoln y dijo que los  va a recibir… ¡en noviembre! Esperamos que sea cierto”, dice Gómez.

Hermano, los haitianos te necesitan 

Cada vez que Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), se refiere a un haitiano lo llama “hermano”. En parte porque él tiene el mismo origen y también para dar énfasis a la exigencia de que los migrantes sean tratados como iguales en México.

Una carta entregada en octubre del año pasado a AMLO, no fue la excepción. “Nuestros hermanos viven en una situación vulnerable”, expresó en una solicitud de una audiencia para hablar del maltrato por parte de las autoridades hacia los haitianos en la frontera sur varados.

A mediados de 2019, el gobierno mexicano dio un giro a sus políticas de puertas abiertas después de que Donald Trump amenazó con no ratificar el nuevo tratado comercial de Norteamérica si no frenaba las oleadas migratorias y así se quedaron varados miles de haitianos y centroamericanos. Desde entonces Wilner Matelus se ha topado con pared en su lucha que es básicamente una principal: la regularización de sus paisanos.

Aquel día de octubre que entregó la carta a Leticia Ramírez, responsable de la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, también lo recibió Lázaro Cárdenas Batel, asesor de AMLO y habló con él durante dos horas y se tomaron fotos y prometieron una pronta respuesta.

Al día siguiente, el 29 de octubre, le llamaron que lo recibiría Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Y cumplió. Encinas prometió frenar las deportaciones y permitir a Wilner Metelus el acceso al centros de detención migratoria que está ubicado en Tapachula. Y falló.

Wilner Metelus dice que entre el mes de abril de 2019 y el 7 de julio de 2020, el gobierno mexicano deportó a  775 haitianos, un hecho que se añade a otros agravios como la muerte de otros ocho, tres por Covid-19, uno en Tijuana y dos en Tapachula (las autoridades dicen que uno de éstos últimos fue por paro cardiaco), amén de la negativa de darles servicios de salud y educación.

“Habíamos tenido 91 años de buena relación diplomática y este gobierno está deportando más haitianos que nunca, no respeta los tratados internacionales”.

En un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Migración afirmó, en respuesta a las acusaciones, que entre enero y la primera semana de septiembre de este año expidió permiso de estancia para 4,061 migrantes haitianos en el estado de Chiapas y otros 234 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a haitianos que se encontraban en el estado de Baja California

“El gobierno no es racista ni criminal”, escribió. “Son mentiras lo que dice el INM”, reviró Wilner.

El flujo centroamericano

El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark A. Morgan, estalló en días pasados. Porque los coyotes cobran hasta 12,000 dólares, “criminales inescrupulosos quienes enriquecen sus bolsillos a costa de encerrar a seres humanos para transportarlos como animales, sin comida ni agua”.

Dijo que los migrantes siguen llegando, en tráileres. En un flujo imparable, aunque disminuido por la pandemia, matizan activistas de organizaciones civiles que operan en las fronteras, entre ellos, Irineo Mujica, de Sin Fronteras. “Los centroamericanos todavía están esperando a que se controle el Covid y los que están aquí entran, los sacan, entran a EE.UU… en círculos”.

Entre marzo y julio de este años, más de 110,000 migrantes indocumentados han sido devueltos a México por el gobierno de EE.UU., según cifras oficiales de éste, la mayoría centroamericanos y menores no acompañados.

Irineo Mujica, quien dirige un albergue de migrantes en Sonora, afirma que en últimas fechas el gobierno mexicano ha dado algunos permisos a los  centroamericanos para la movilización y eso les permite una movilidad, van a la Ciudad de México, Monterrey y las grandes ciudades en busca de oportunidades y, al no encontrarlas, vuelven a intentar ingresar a EE.UU.

Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, un conglomerado de 20 organizaciones defensoras de los derechos del migrante, dice que México no acoge a los centroamericanos realmente porque no han cambiado las políticas hostiles en la presente administración.

“Sigue exactamente igual”, dice.

Al principio del gobierno de AMLO, gente del Grupo de Trabajo se entrevistó con Cárdenas Batel y Alejandro Encinas quienes tenían un aparente interés de escuchar peticiones tales como la promoción de una reforma legal que permita hacer responsables a las secretarías de Estado de brindar atención a los inmigrantes.

La Ley Migratoria, por ejemplo, obliga a brindar salud y educación a los migrantes independientemente de su condición migratoria, pero en los hechos no se cumple.

Las organizaciones también han solicitado alternativas a los centros de detención migratoria; un

un sistema de digitalización para identidad de personas migrantes y responsabilidad de los estados y municipios para atender a la migración, pero nada se han logrado; sólo pequeñas esperanzas como las declaraciones de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde de solicitar empleo para refugiados o asilados. “Pero una cosa es que se diga y otra que se ejecuten”.