¿Cómo hispano y su socio defraudaron por más de $2 millones programa de préstamos de ley CARES en California?

Solicitaron más de cinco préstamos comerciales PPP separados por un total de más de $2.5 millones de varios bancos, alegan las autoridades

¿Cómo hispano y su socio defraudaron por más de $2 millones programa de préstamos de ley CARES en California?
Los acusados enfrentan cargos que van desde fraude bancario, conspiración y declaraciones falsas, entre otros.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

Los Ángeles  – Un hispano y su socio fueron acusados de obtener de manera fraudulenta cerca de dos millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP), dados por el Gobierno para ayudar a los pequeños negocios en problemas por la pandemia del coronavirus, informó este jueves el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Raymond Magaña, de 39 años, y Steven R. Goldstein, de 36, fueron nombrados en una acusación penal federal por supuestamente hacer declaraciones falsas al Gobierno, fraude en relación con beneficios de emergencia, fraude electrónico, fraude bancario, conspiración y declaraciones falsas a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

Los préstamos del PPP destinados a las pequeñas empresas hacían parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), que fue aprobada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que se vieron afectados por la pandemia de la covid-19.

Según la acusación, el 13 de mayo y el 3 de junio, Magaña presentó dos solicitudes de préstamos PPP por un total de 1,8 millones a U.S. Bank y Customer’s Bank, en nombre de The Building Circle LLC, una empresa registrada a su nombre.

El Gobierno aprobó una de las dos solicitudes de préstamo y se financiaron $940,416 para la empresa fantasma de Magaña.

El hispano habría asegurado que su compañía tenía 40 empleados. Para comprobar la información supuestamente el latino presentó a los bancos y a la SBA documentos de salarios e impuestos falsos que informaban que gastaba $4.5 millones en salarios anuales en su nómina.

El DOJ advierte que tanto el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento de Desarrollo de Empleo de California no tenían información de que se hubieran realizado pagos a algún empleado.

Los investigadores también determinaron que la dirección dada como sede de la compañía era una casa unifamiliar que parecía ser una residencia, no un negocio.

Este no sería el único fraude por el que es acusado el hispano, pues Magaña supuestamente también solicitó y recibió un préstamo PPP de $360,415 por el negocio Forward Builders LLC, otra empresa fantasma, utilizando documentos fiscales falsos e información falsa de empleados, y reclamando falsamente $1.73 millones en salarios.

La acusación alega que tras un alerta de actividad sospechosa, un gerente de banco se puso en contacto con Magaña para decirle las razones por las que congelarían la cuenta. El hispano dijo ”Tenemos todos los documentos, nos aprobaron”, y se negó a devolver los fondos de PPP obtenidos indebidamente.

Por su parte Goldstein solicitó cuatro préstamos PPP diferentes a Bank of America por un total de más de $1.2 millones en nombre de otras dos compañías, Beagle Real Estate y Antelope Valley Real Estate Development LLC, utilizando la misma estrategia.

Dos de esos préstamos finalmente fueron aprobados y las empresas de Goldstein recibieron un total de $655,000 dólares en préstamos PPP, detalla la acusación.

Los registros comerciales muestran a Magaña como director ejecutivo de Antelope Valley Real Estate Development, mientras que Goldstein figura como su gerente.

El mismo día en que los bancos emitieron esos fondos de préstamos PPP a las empresas de Goldstein, el acusado transfirió más de la mitad del dinero ($355,000 dólares) a su cuenta bancaria personal.

En total, Magaña y Goldstein solicitaron más de cinco préstamos comerciales PPP separados por un total de más de $2.5 millones de varios bancos, de los cuales se emitieron más de $1.95 millones.

Si son declarados culpables de estos cargos, Magaña y Goldstein enfrentarían cada uno una sentencia máxima legal de 127 años en una prisión federal.