Cura hispano de Texas que abusó sexualmente de dos menores pasará 10 años en la cárcel

Durante años fue un influyente líder en la Iglesia católica de Texas, pero a puerta cerrada se aprovechaba de niños indefensos

El sacerdote pudo haber sufrido un infarto.

El sacerdote pudo haber sufrido un infarto. Crédito: Pixabay

Durante años tuvo un puesto prominente en la Iglesia católica de Texas, mientras a puerta cerrada abusaba repetidamente de por lo menos dos menores de edad, y ahora irá a prisión por sus crímenes.

Manuel La Rosa-Lopez fue sentenciado este miércoles a 10 años de prisión. Enfrentaba una posible condena mayor hasta noviembre, cuando acordó declararse culpable a cambio de menos tiempo detrás de las rejas.

“No es una sentencia lo suficientemente larga, pero al menos estará alejado de los niños mientras se encuentre encarcelado y será registrado como un agresor sexual para el resto de su vida”, dijo Tahira Merritt, abogada de dos de los demandantes, únicamente identificados como Jane Doe y John Doe, a Noticias Telemundo en noviembre.

Los fiscales dijeron este miércoles que los sobrevivientes habían tenido un momento en la audiencia para hablar sobre cómo han lidiado durante todos estos años con el dolor que les provocó el abuso en su adolescencia.

“Este fue el día en el que [las víctimas] pudieron hablar públicamente y sin vergüenza sobre los crímenes cometidos contra ellas en privado, y el día en que finalmente pudieron conocer una medida de justicia”, dijeron los fiscales Nancy Hebert y Wesley LeRouax en un comunicado.

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La Rosa-Lopez dirigió la Iglesia de Sagrado Corazón de Conroe, Texas, y cometió los abusos denunciados entre 1997 y 2001, año en que una persona lo reportó ante la arquidiócesis de Galveston-Houston.

En vez de que se tomara alguna acción punitiva en contra de él, el cura solamente fue reubicado a otra iglesia, St. John Fisher en Richmond, donde estuvo a cargo de la congregación hasta su arresto en 2018.

En parte por ello los demandantes también acudieron ante autoridades civiles para exigir, por lo menos, una restitución financiera a cambio de los daños y del aparente encubrimiento.

En junio, la Iglesia católica y los sobrevivientes del abuso llegaron a un acuerdo de compensación cuyo contenido se mantuvo confidencial.

Pero todavía faltaba saberse la suerte del cura acusado.

“Estos abusos sexuales son tan normales, regulares, que la Iglesia aparta una cantidad de dinero para contratar abogados, para defender a estos padres”, dijo a Noticias Telemundo una de las víctimas demandantes del caso de La Rosa-Lopez, nombrado J. por fines de confidencialidad.

“Me gustaría ver que la Iglesia se enfoque esos fondos y esos recursos hacia ayudar a las víctimas”, agregó J.

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En noviembre, como parte de su juicio, La Rosa-Lopez se declaró culpable de dos cargos de “indecencia con un menor”, con lo que se descartaron tres otras acusaciones.

Los dos cargos que se mantuvieron se remiten a dos personas, un hombre y una mujer, que eran adolescentes cuando el clérigo se expuso ante ellos y los hizo tocarlo.

Sus delitos fueron reportados ante autoridades civiles en 2018, mismo año en que salieron a la luz una multitud de escándalos de abuso sexual cometido por integrantes de la Iglesia católica en lugares que incluyen Chile, Washington D.C. y Pennsylvania, sumándose a los ya registrados en lugares como Irlanda o Australia.

El papa Francisco sostuvo varios encuentros ese año con personas sobrevivientes de abuso clerical y para febrero de 2019 incluso tuvo que convocar una reunión especial de obispos sobre la “protección de menores”.

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En esa reunión estuvo presente el cardenal Daniel DiNardo, quien era entonces el presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. DiNardo también había sido el encargado de la arquidiócesis en Galveston, y las personas que acusaron a La Rosa-Lopez también se quejaron ante el cardenal.

La denuncia en contra de DiNardo fue concluida en junio con el acuerdo confidencial de compensación a las víctimas.

Según la organización Bishop Accountability, la Iglesia católica en Estados Unidos había pagado hasta 2011 al menos $2,400 millones de dólares en acuerdos con las víctimas de abuso eclesiástico en el país.

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