Pedro Pierluisi le insiste a la Junta de Control Fiscal por fondos para cabildear por estadidad para Puerto Rico en Washington

La Junta reitera que la petición de fondos para la elección de cabilderos estadistas tiene que ir primero a la Legislatura de Puerto Rico

Pedro Pierluisi

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en una foto de archivo. Crédito: Angel Valentin | Getty Images

Por José A. Delgado

WASHIGNTON DC – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reafirmó que no tiene autoridad para aprobar la asignación de $6.55 millones que financiaría la elección de cabilderos estadistas sin que esa petición de fondos haya sido hecha a la Legislatura.

El presidente de la JSF, David Skeel, hizo la nueva advertencia al gobierno de Pedro Pierluisi, que a través del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) había solicitado una reconsideración de la decisión tomada temprano esta semana.

“Su carta afirma que la JSF tiene la autoridad para aprobar el pedido de reordenamientos de fondos del gobernador sin la Legislatura revisar esa solicitud. En esta instancia, la JSF está respetuosamente en desacuerdo con usted”, indicó Skeel en la respuesta, que tiene fecha del 11 de marzo.

Por medio de la ley 167 del 30 de diciembre de 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Legislatura de Puerto Rico, que estaba controlada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), convocaron a una elección de seis cabilderos estadistas para el 16 de mayo. La ley no asignó fondos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Buscan dar seguimiento al referéndum del pasado 3 de noviembre e

Ante el hecho de que la CEE no tiene los fondos para financiar la consulta, el gobernador Pedro Pierluisi, por medio de la OGP, ha pedido a la JSF que autorice reordenar $6.55 millones del presupuesto vigente para financiar la elección, que busca dar seguimiento al referéndum del pasado 3 de noviembre en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, quien ha considerado impugnar la constitucionalidad de la ley, había advertido a la JSF que la solicitud de fondos no había sido referida a la Legislatura.

En dos ocasiones, la JSF ha negado el reordenamiento de fondos ante el hecho de que el gobernador no ha presentado esa solicitud ante la Legislatura.

Skeel indicó que la sección 204 © (1) de la ley Promesa obliga a que un reordenamiento de fondos se solicite primero a la Legislatura.

“Si el Gobernador envía una petición a la Legislatura solicitando la reprogramación de cualquiera de las cantidades de un presupuesto certificado, el gobernador someterá dicha solicitud a la Junta de Supervisión, la cual se encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente inconsistente con el presupuesto, y presentará su análisis a la Legislatura tan pronto como sea posible luego de recibir la solicitud”, indica ese apartado de la ley Promesa.

El presidente de la JSF dijo además que el gobierno de Pierluisi ha implicado que puede hacer ese reordenamiento de fondos sin el visto bueno de la Legislatura o del ente fiscal.

En ese sentido, pidió al director de OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, que le demuestre a la JSF la autoridad que tiene para hacer eso.

En la carta, además, Skeel refutó que el reclamo de que la petición de fondos vaya primero a la Legislatura interfiera con el derecho del pueblo de Puerto Rico a determinar su futuro status político.

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