Corte suspende regla de Trump que impedía a jueces reabrir casos de inmigrantes en peligro de deportación

A grupos de activistas se sumaron al menos 37 exjueces migratorios

Inmigrantes han sido detenidos durante entrevistas en USCIS.
Inmigrantes han sido detenidos durante entrevistas en USCIS.
Foto: John Moore/Getty Images

La jueza federal de Distrito Susan Illston, en California, bloqueó una decisión del gobierno del expresidente Donald Trump que limitó el poder de los jueces migratorios para cerrar y reabrir casos.

Su decisión impacta principalmente a quienes enfrentan la deportación, tanto para cerrar administrativamente un caso, como reabrir el expediente una vez terminados los periodos marcados.

La jueza con sede en California consideró que al permitir sólo 30 días para comentarios públicos ante el Registro Público antes de adoptar la regla general en diciembre, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia –del que dependen lo jueces de inmigración– probablemente había violado la Ley de Procedimiento Administrativo federal.

El Centro Legal de la Razza y otros tres proveedores de servicios legales de inmigración demandaron a la EOIR en enero, a fin de bloquear la regla que entró en vigo el 15 de ese mes, uno de los últimos cambios de la Administración Trump.

La regla limitaba las extensiones de las sesiones informativas para las apelaciones de inmigración, lo que según abogados migratorios y activistas vuelve más difícil para quienes luchan contra las órdenes de deportación cumplir con un plazo de 21 días para presentar sus reportes de justificación.

La abogada de los demandantes Jingni “Jenny” Zhao del Asian Law Caucus advirtió que los inmigrantes desconocen que el reloj sobre el periodo que deben presentar sus pruebas comienza cuando se emite una notificación, no cuando reciben el documento, lo que podría tardar más de 10 días, restando casi la mitad del tiempo a los 21 días marcados.

“La regla impuso extensivos cambios con profundas implicaciones para los no-ciudadanos en procesos de deportación ante cortes migratorias y para los proveedores de servicios legales que los representan”, indicó la jueza en su decisión plasmada en un documento de 73 páginas.

Agregó que los defensores demostraron cómo la regla va en detrimento del “debido proceso” en las cortes para inmigrantes, incluidas las posibilidades de “obtener protecciones” bajo determinadas circunstancias.

La jueza Illston, nombrada por el presidente Bill Clinton, consideró también que la regla no debió implementarse, debido a sus altas “implicaciones públicas”.

Aunque se trata de una decisión preliminar es un importante paso para los defensores y sus clientes que impacta a otros inmigrantes.

Este triunfo también fue posible con la inclusión del amicus (argumento legal solidario) presentado por 37 exjueces de inmigración, el cual ayudó a explicar las consecuencias de la regla impuesta por la Administración Trump.

Debido a las nuevas prioridades del gobierno del presidente Joe Biden es posible que se desista en la batalla legal para que el DOJ defienda la regla, luego de que la actual administración tomó una decisión similar ante la Corte Suprema sobre la regla de carga pública, la cual fue redefinida por la Administración Trump para castigar a inmigrantes que pedían ayudas sociales.