Senadora Gillibrand y 80 organizaciones impulsan ley para brindar ayuda legal a niños en procesos de deportación

La Ley de Procedimientos JUSTOS permitiría asegurar representación legal a menores de edad y a personas sin recursos

La senadora Kirsten Gillibrand.
La senadora Kirsten Gillibrand.
Foto: Getty Images

Una nueva legislación podría garantizar ayuda legal a niños migrantes y otras personas en condición vulnerable durante procesos de deportación o de representación ante tribunales.

Se trata de la Ley de Financiamiento de Abogados para Procedimientos de Deportación de Indigentes (FAIR) que será presentada este martes por la senadora Kirsten Gillibrand (Nueva York) con respaldo de al menos 80 organizaciones civiles que trabajan con niños, personas con discapacidades, víctimas de abuso, tortura violencia y aquellos que viven en o por debajo del 200% de la línea de pobreza federal.

La propuesta, conocida en inglés como Funding Attorneys for Indigent Removal (FAIR) Proceedings Act, está acompañada con una solicitud al recién nombrado Fiscal General, Merrick Garland, para que haga una revisión y tome acciones que mejoren la atención de los tribunales de inmigración.

“La justicia y el debido proceso no deberían estar disponibles sólo para aquellos que pueden pagar los recursos necesarios para navegar por un sistema de inmigración vasto y complejo”, consideró la senadora Gillibrand.

El proyecto surge en medio de la emergencia migratoria que enfrenta el gobierno del presidente Joe Biden en la frontera con el arribo de miles de niños no acompañados –se estima al menos 5,000 en las últimas dos semanas–, además de procesos de deportación para todos los adultos y familias completas.

“El acceso garantizado a un abogado nos acercará a reinventar y reconstruir un sistema de tribunales de inmigración que reconozca la dignidad de los niños y las personas vulnerables, que merecen una oportunidad justa para defender sus casos”, expuso la senadora.

En la carta que la senadora Gillibrand –y otros de sus colegas– enviarán al fiscal Garland, lo instan considerar “las actualizaciones necesarias al sistema de tribunales de inmigración”, además de felicitarlo por su nombramiento el 11 de marzo.

“Lo instamos a que revise y aborde las necesidades del sistema de tribunales de inmigración para garantizar que los procedimientos sean justos, que las personas más vulnerables estén protegidas y que la independencia y la autoridad de los jueces de inmigración se restauren por completo”, dice la misiva a la que tuvo acceso este diario.

Entre los aspectos clave que solicitan se incluyen cambios en los protocolos de la Corte de Inmigración dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), para “devolver la discreción a los jueces de inmigración y restaurar su capacidad para administrar su propia carga de casos y expedientes”.

También se pide ampliar los programas de representación legal, garantizar asesoramiento en procesos de deportación y otros cambios estructurales.

La petición de los senadores empata con el plan del presidente Biden para ampliar los programas de asesoría legal, pero que están sujetos a la aprobación de la reforma migratoria.

A la corte sin apoyo

Parte de la justificación del proyecto de ley cita datos del Consejo Estadounidense de Inmigración sobre las prácticamente nulas opciones legales para inmigrantes, a diferencia de las garantías constitucionales para estadounidenses.

“Sólo el 37 por ciento de todos los inmigrantes y el 14 por ciento de los inmigrantes detenidos van a los tribunales acompañado de un abogado”, se expone. “Los no-ciudadanos, incluidos los niños, a menudo deben defender su caso sin representación legal”.

También se citan datos de la Universidad de Syracuse que revelan que al 73% de los niños no acompañados con representación se les otorgó un alivio de deportación, a diferencia del 15% de los menores que no contaron con defensa legal.

El proyecto de ley está respaldado por Kids in Need of Defense (KIND), National Immigrant Justice Center (NIJC), Hispanic Federation, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS), Church World Service (CWS), Survivors of Torture, Advocates for Basic Legal Equality, Inc., and Ohio Immigrant Alliance, además casi 80 grupos en todo el país.

“La Ley de Procedimientos JUSTOS [FAIR] garantiza la justicia fundamental que todos los niños necesitan y merecen en sus procedimientos de inmigración: el derecho a un abogado que los acompañe cuando se enfrenten a un juez de inmigración”, consideró la presidenta de KIND, Wendy Young.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York consideró que la propuesta es fundamental en este momento, debido a que los casos de inmigración enfrentan una “compleja ley”.

“Los niños y los sobrevivientes de tortura no deben ser obligados a comparecer sin un abogado en los procedimientos en los que una decisión incorrecta podría resultar en su detención prolongada, negación o pérdida de su estatus migratorio, separación de sus familias e incluso deportación a hasta una posible persecución y muerte”, consideró Danny Alicea, presidenta del Immigration & Nationality Law Committee en la Barra de Abogados de Nueva York.

Alicea hizo una comparación en los tribunales sobre casos penales y la sentencia de muerte con aquellos inmigrantes que podrían ser deportados y enfrentar la persecución mortal, en lo cual coincidió Beth Goldman, presidenta y abogada a cargo del New York Legal Assistance Group ( NYLAG).

“La Ley de Procedimientos FAIR es un paso poderoso para asegurar la representación legal que tanto necesitan los inmigrantes más vulnerables, muchos de los cuales enfrentan tortura, arresto y muerte si son forzados a regresar a sus países de origen”, consideró Goldman.

Los beneficios

El proyecto de ley FAIR permitiría:

  • Proporcionar asesoría legal garantizada por el gobierno durante los procedimientos de deportación de niños, personas con discapacidades, víctimas de abuso, tortura y violencia y a las personas más pobres.
  • Implementar programas de orientación legal para todos los no-ciudadanos detenidos en instalaciones de inmigración.
  • Asegurar la equidad y la igualdad de condiciones entre los inmigrantes y los abogados del gobierno garantizando el derecho a revisar los documentos que el DHS planea usar en contra de los procedimientos de deportación.
  • Agilizar los procesos judiciales y reducir el atraso en los tribunales de inmigración.