Opositores en Puerto Rico tildan de “ilegal” la deuda en la isla, mientras jueza de NYC lidera audiencias para confirmar plan de ajuste con bonistas

El pulseo es evidente dentro y fuera del tribunal federal de Puerto Rico a raíz de la aprobación de la Ley 53 en la Legislatura que provee el marco legal para reestructurar la deuda a través de la Junta de Control Fiscal

Manifestantes en Puerto Rico  en contra del recorte a las pensiones como parte de la discusión sobre el pago de la deuda federal.
Manifestantes en Puerto Rico en contra del recorte a las pensiones como parte de la discusión sobre el pago de la deuda federal.
Foto: Angel Valentín / Getty Images

NUEVA YORK – Ante la expectativa de que la jueza federal Laura Taylor Swain decida en los próximos días si confirma o no el plan de ajuste del gobierno central de Puerto Rico para la restructuración de la deuda (PDA), sectores en contra continúan la movilización en las calles por considerar que el marco legal aprobado en el Capitolio no garantiza los servicios esenciales para los boricuas, y tampoco descarta las emisiones de bonos ilegales.

La Legislatura en Puerto Rico aprobó a finales de octubre, con varios votos disidentes, incluso por parte de miembros de los partidos de mayoría, el Popular Democrático y el Nuevo Progresista, la ley habilitadora (Ley 53) para que la Junta de Control Fiscal, creada bajo la ley federal PROMESA, proceda con el ajuste.

Dicho plan está ante la consideración de Taylor Swain, quien convocó a audiencias en el Tribunal Federal, en Hato Rey, el 8 de noviembre.

En las vistas, Taylor Swain, también presidenta del Tribunal Federal en el Distrito Sur de Nueva York, lidera el proceso de renegociación de la deuda de Puerto Rico e interpreta la Ley 53 aprobada en el Capitolio.

Previo a la aprobación del estatuto, la jueza convocó a sus contrapartes, el Ejecutivo y el Legislativo, para sentarse a la mesa y renegociar los términos, tras semanas de tranque en las cámaras legislativas

La Junta, entidad compuesta por funcionarios no electos por los puertorriqueños, son los que paradójicamente representan a los boricuas ante Taylor Swain. Sin embargo, se sortearon 25 puestos para que civiles depusieran ante la jueza sobre su sentir en cuanto al impacto a corto y a largo plazo del plan. De los convocados, solo siete acudieron.

Eva Prados, abogada de derechos humanos y portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, cuestionó que la jueza no permitiera el ingreso de otros deponentes del pueblo como parte del proceso ante la ausencia de los elegidos. Según indicó a El Diario de Nueva York, aunque pidió un turno no le fue concedido, ya que no estaba entre las seleccionadas a través del sistema de lotería.

“Esto tiene que ver todo con la ciudadanía, porque lo que se decida ahí por el  tribunal, va a ser la razón por la cual el Gobierno va a empezar a despedir gente de nuevo, va a empezar a cerrar oficinas que dan servicios. Eso ya tú lo ves en la falta de respuesta del Gobierno  a los huracanes. Muchas de estas comunidades  vivieron la ausencia, que el Gobierno no aparecía por todo eso y es que no tenía personal porque ya se había recortado un montón de fondos  en todas estas agencias de seguridad”, anticipó la excandidata a representante por el Movimiento Acción Ciudadanía.

Desde que trascendió que la ley 53 sería finalmente aprobada en el Capitolio, varios grupos que incluyen el mencionado, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, se manifestaron en el exterior de la casa de las leyes en reclamo de un plan más vinculante y que impusiera más límites a la Junta.

Al mismo tiempo, los distintos campus del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) permanecen en paro en repudio a la reducción en su presupuesto a $500 millones por los próximos cinco años.

A pesar de que los simpatizantes del plan de ajuste sostienen que la reducción de la deuda de $33 mil millones a $7 mil millones es más que balanceada, así como el pago anual de $3,300 millones a $1,100 millones; para los grupos opositores, la deuda sigue siendo insostenible, ya que Puerto Rico no cuenta con los fondos para cumplir con el pago a los bonitas, por lo que anticipan nuevos planes de austeridad que implicarían más recortes en el presupuesto de las agencias así como una nueva quiebra en par de años.

Parte de la deuda emitida en Puerto Rico se hizo de manera ilegal

Entre los principales argumentos de los detractores del plan es que gran parte de la deuda se emitió de manera ilegal, por lo que esa parte debe ser cancelada.

“La Constitución tiene varios artículos sobre el tema de la deuda. Uno de esos artículos dispone un límite para la emisión de deuda; es decir, igual que cuando a ti te evalúan si tienes capacidad de pago, y te dicen, ‘tú puedes pedir hasta tanto, porque tus ingresos dan hasta tanto’, pues eso también está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución dispone que no ponemos emitir deuda que el pago anual supere el 15% de nuestro presupuesto, y eso se violó”, explicó Prados.

Informe de la Junta de Control Fiscal confirma irregularidades en emisión de bonos

Este argumento no es nuevo, la propia Junta, en el 2018, divulgó un informe de la firma Kobre & Kim LLP, que el organismo federal contrató, que confirma que varias de las emisiones se realizaron sabiendo que serían insostenibles.

La firma reconoció que la triple exención contributiva que ofrece el territorio estadounidense incentivo el interés de los inversionistas y llevó a la sobreexposición de los bonos de Puerto Rico. 

Entre los principales hallazgos, en los que no se señalan a funcionarios específicos, se encuentran intercambios, prestamos y emisiones sin incluir esas cantidades al momento de calcular el límite constitucional de la deuda.

Activistas piden que UPR y otras entidades sean catalogadas servicios esenciales

En ese sentido, Prados consideró que instituciones como la Universidad de Puerto Rico deben ser catalogadas como servicios esenciales para garantizarles un presupuesto digno.

“Que se definan los servicios esenciales, porque aquí el tribunal estaría obligado a proteger los fondos que se fijen para los servicios esenciales, y lo que sobre, es lo que se estaría utilizando para el pago de la deuda”, planteó la activista.  

“La Junta habla por el deudor. Entonces, la Junta dice que no es necesario definir los servicios esenciales… Ellos han preferido no definir servicios esenciales  para garantizar dinero para el pago de la deuda. Al no definir servicios esenciales pueden  estar recortando, recortando, recortando fondos, porque no hay una fórmula que diga aquí para esto hay que garantizar tanto”, puntualizó.

UPR opera con la mitad de presupuesto recomendado

En la misma línea se expresó la coordinadora de la Asociación de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa-Rodríguez, al destacar que los recortes al principal centro docente del país son mayores que los implementados en otras dependencias del Gobierno.

Nosotros estamos con la mitad del presupuesto, ninguna otra agencia está bregando con la mitad del presupuesto ilegalmente, porque  hay una  ley que protege el presupuesto de la Universidad, que es una  fórmula que se basa en un porciento de la ganancias del Gobierno, nosotros tenemos el 9.6%”, planteó la profesora de estudios hispánicos quien además precisó que la mitad del profesorado actualmente labora bajo contrato sin posibilidad de permanencia.

A juicio de la entrevistada, la Universidad es un servicio esencial ya que funciona como motor económico al preparar a los futuros profesionales del país, además de contar con ramificaciones en Ciencias Médicas, la Red Sísmica y el Servicio de Extensión Agrícola.

“Dentro de la quiebra de cualquier país, se supone  que quien está negociando la deuda considere los servicios esenciales, dentro de esos servicios esenciales deberían estar las escuelas, la universidad, la Autoridad (Energía Eléctrica). Sin embargo, cómo no es el Gobierno el que está negociando la deuda por nosotros, sino la Junta, ellos se han negado rotundamente a nombrar los servicios esenciales. En este Plan de Ajuste de la Deuda, Puerto Rico no tiene necesidades básicas. Así que uno de los reclamos es, no solamente la restitución del presupuesto de la Universidad, sino nombrar los servicios esenciales porque solamente con nombrar a la Universidad como servicio esencia se saca de la ley PROMESA”, insistió la educadora.

La eliminación de recorte de 8.5% a las pensiones

En un tema que dividió menos a la Legislatura al momento de aprobar la Ley 53, la Junta acordó la eliminación del recorte de 8.5% a las pensiones de $1,500 o menos al mes.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reconoció que el acuerdo no beneficia a otros grupos como jueces y maestros, que según dijo, deben ser ellos, los que planteen su reclamo directamente al tribunal.

“El comité de retirados negoció que después de $1,500 al mes, un recorte de 8.5%. Eso fue lo que ellos hicieron, y legítimamente, eso era lo único que podían. Después vinieron donde nosotros y nos pidieron que buscáramos la manera de que no se diera, porque bajo esas condiciones fue lo más que pudieron negociar.. Así que nosotros le presentamos una alternativa a la Junta de cero recortes…la Junta lo aceptó y la jueza ya aceptó como bueno el planteamiento, o sea no lo ha retado. Ahora están en otra controversia con otros retirados que son los maestros y los jueces”, argumentó el político.

Presidente de Cámara de Representantes defiende ley aprobada en ambos cuerpos legislativos

El presidente cameral insistió que, “en dólares y centavos”, el PAD es una buena transacción.

“Tenemos una deuda que se ha reducido, en el caso del Gobierno central, en casi un 80%. El pago de la deuda estamos hablando que bajó a $7 billones de dólares (7,000 millones)  de $33 (33,000 millones)…Así que esa teoría, estrictamente ideológica, de que no se puede pagar, se puede pagar y lo acordamos”, consideró el portavoz de la Cámara baja.

“En dólares y centavos es una buena transacción. No respaldamos ni a la Junta ni a nada porque la pelea continúa y continuará en los próximos días porque esto no se acaba aquí. Se tiene que modificar el presupuesto en enero para incluir el pago, incluir las partidas y ahí se va a dar un nuevo pulseo. La Junta va a querer hacer cambios y yo sé cómo es el juego”, adelantó el representante.

Defiende congelación de fórmula del 9.6% a la UPR

Sobre el impacto en la UPR, el legislador declaró que la fórmula del 9.6%, precisamente, se le quitó la Universidad porque el Gobierno no podía cumplir con las asignaciones de presupuesto que la aplicación de la misma conllevaba.

“El presupuesto se tiene que asignar basado en los recaudos y en las proyecciones de recaudos de ese año. Mientras yo esté aquí no va a haber fórmula, cuando venga el próximo que se lo modifique. Yo no fomento la fórmula porque la fórmula es asignar una cantidad de dinero sin evaluar los otros servicios esenciales como es el tema de salud,  los más desventajados, alimentos. Si tú desconfiguras eso, por un lado, le estás quitando a otro que tiene tanta necesidad como la Universidad”, argumentó.

Senador independiente tilda el Plan de proyecto domesticado por la mayoría por populares y penepés

Para otros, como el senador independiente, José Vargas Vidot, el Plan de Ajuste de la Deuda fue un proyecto domesticado por la mayoría legislativa sin provisiones para la recuperación fiscal a largo plazo de la isla.

“Lo que hizo (la mayoría) fue obviar el poder más importante que tiene una ley de quiebras que es la negociación. A Puerto Rico se le ha vendido la idea de que la ley de quiebras es una herramienta unilateral. La ley de quiebras es precisamente para poder considerar no solamente al  acreedor, sino también que el deudor pueda pagar en una negociación que le permita el desarrollo”, expuso el legislador.

El exactivista comunitario además cuestionó el hecho de que el plan compromete los fondos excedentes que se recauden por concepto del IVU y del arbitrio al ron.

“La jueza va a leer lo que todo el mundo está leyendo. Ese plan está sostenido en todas sus promesas en dos cosas que son imposibles de revivir. Una, que se reconozca el pago de unas emisiones de bonos que fueron precisamente señaladas por la Corte, la del 2012 y 2014, y este plan quiere pagarlas aún cuando la Corte lo prohíbe, y la Junta lo reconoce. Segundo, captura los excedentes de la recaudación del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso)  que era la única alcancía que nos quedaba, porque 21% del  IVU ya es COFINA ( Corporación del Fondo de Interés Apremiante). Eso es terrible”, explicó Vargas Vidot quien tildó de politiquería el plan legislativo.

En ese contexto, el senador rechazó la posibilidad de que Taylor Swain resuelva con prontitud el debate y confirme el plan.

“La jueza sabe que aprobar ese plan sin  tener en el plan fiscal un dinero excedente, ella sabe que va a provocar en tres o cuatro años una nueva deuda y va a provocar una nueva Junta, y va a provocar que estemos bajo una sindicatura permanentemente. Ella lo que quiere es salir de eso y no va a salir de la forma más vergonzosa”, puntualizó.

En la continuación este miércoles de las audiencias que se llevan a cabo por vía virtual y telefónica se dedicaron unas cuatro horas para discutir el alcance de la Ley 53.

Por su parte, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. y Todos Somos Pueblo convocaron al “Encuentro Ecuménico por un Acuerdo Justo” a partir de las 6 p.m. en la Avenida Chardón frente al Tribunal Federal.

El proceso de audiencias deberá culminar este próximo 22 de noviembre.

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