Mujer en Puerto Rico usa números de Seguro Social de sus hijos y otros inventados para robar más de $63,000 en fondos de desempleo bajo PUA

Tatiana W. Venderlo García, de 34 años, enfrenta cargos por fraude a la Asistencia de Desempleo Pandémica (PUA) y por entregar una prueba positiva de COVID-19 para evitar la radicación de cargos en su contra

Algunos estadounidenses prefieren agotar los fondos de desempleo antes de enfocarse en la búsqueda de trabajo.
Algunos estadounidenses prefieren agotar los fondos de desempleo antes de enfocarse en la búsqueda de trabajo.
Foto: Joe Raedle / Getty Images

PUERTO RICO – El juez Glen Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó esta semana causa para arresto contra una residente de 34 años que enfrenta cargos por fraude a la Asistencia de Desempleo Pandémica (PUA, por sus siglas en inglés) y por entregar una prueba positiva de COVID-19 para evitar la radicación de cargos contra ella.

Según el teniente José Ayala, director de la División de Robos a Bancos del distrito de Carolina, Tatiana W. Venderlo García, quien está desempleada, enfrenta cuatro cargos por el Art. 212 del Código Penal de Puerto Rico, cuatro por el Art. 182 de Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, cuatro por el Art. 217 de traspaso de documentos falsos y uno por el Art. 202 (a) de Fraude.

Según la pesquisa, la residente de Trujillo Alto cambió siete cheques del PUA por la cantidad de $80,000, aunque la prueba obtenida fueron para la suma de $63,924, utilizando los seguros sociales de sus hijos y otros inventados. Igualmente, Venderlo García enfrenta cargos por entregar una prueba de coronavirus con un falso positivo para dilatar el proceso legal.

Estos hechos, que ocurrían desde junio de 2020 hasta hoy día, fueron investigados por el agente Omar Santos González, de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, en unión a los fiscales Obdulio Meléndez y Rodney Ríos Medina, quien es director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, el cual ordenó la radicación de los cargos anteriormente mencionados.

El juez superior fijó una fianza de $15,000 por cada denuncia, para un monto global de $195,000, la cual fue prestada por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.