USCIS aclara regla de carga pública para inmigrantes que aplican por ‘green card’ y otros beneficios

La oficina de Servicios de ciudadanía e Inmigración buscan que los inmigrantes eviten el miedo a solicitar beneficios, como la 'green card', si es que pidieron ayudas sociales durante la pandemia de COVID-19, como cupones de alimentos, vacunación y otros servicios médicos

USCIS prepara una nueva regla de carga pública.

USCIS prepara una nueva regla de carga pública. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images

A fin de reducir el miedo entre inmigrantes por la regla de carga pública, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo ajustes y aclaró que, por ejemplo, aquellas personas que pidieron ayuda de gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19 no serán “castigadas”.

[Los cambios son] para ayudar a reducir el miedo y la confusión innecesarios entre los inmigrantes y sus familias […] que pueden impedirles obtener acceso a servicios gubernamentales críticos disponibles para ellos”, indicó la agencia.

Cabe recordar que estos ajustes no significan que los oficiales de USCIS dejen de implementar los lineamientos de carga pública en procesos migratorios, como la solicitud de ‘green card’.

USCIS aclaró que continúa administrando los motivos de “inadmisibilidad por carga pública” con base en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de conformidad con la guía de 1999.

Se asegura que con los ajustes “pocos no ciudadanos” tendrán un impacto negativo al momento de hacer solicitudes migratorias, si es que se demuestra que tuvieron apoyos del gobierno para ayuda alimentaria o Medicaid durante “un largo periodo”.

Sin embargo, aquellas personas que obtuvieron beneficios públicos relacionados con COVID-19 serán excluidos de la revisión sobre carga pública sobre dichos programas.

La decisión de la agencia se tomó siguiendo la Orden Ejecutiva 14012 del presidente Joe Biden, la cual busca establecer un sistema migratorio más “justo y humano”.

“Seguimos comprometidos a restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal”, indicó la agencia. “Nos aseguraremos de que los inmigrantes y sus familias, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, no se vean disuadidos por miedo o confusión innecesarios para obtener acceso a importantes servicios gubernamentales para los que son elegibles para mantener a sus familias seguras y saludables”.

USCIS enfatiza que los inmigrantes que han solicitado asistencia alimentaria, apoyo médico y ayuda para vivienda durante la pandemia no tendrían “consecuencias negativas” en su estado migratorio.

“Por ejemplo, no consideramos las vacunas o los beneficios públicos relacionados específicamente con la pandemia de COVID-19 cuando determinamos la carga pública”, se explicó. “Alentamos a todos, incluidos los que no son ciudadanos, a buscar la atención médica necesaria, incluido el tratamiento o los servicios preventivos contra COVID-19”.

Nueva guía en camino

Aunque en 2019 la Administración Trump lanzó una nueva regla de carga pública, ésta fue suspendida por el actual gobierno, que retomó los lineamientos de 1999.

Cabe recordar que el 24 de febrero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso de propuesta de reglamentación sobre el motivo de inadmisibilidad por carga pública, la cual se encuentra en revisión, tras recibir los comentarios públicos en el Registro Federal.

USCIS espera implementar la nueva regla en julio o agosto de este año, eso reemplazaría la de 1999.

El ajuste más importante que se espera de la regla a publicarse en los siguientes meses es la decisión de la Administración Biden de enfocarse en el “castigo” a inmigrantes que soliciten dinero en efectivo al gobierno durante un largo periodo.

El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indicó USCIS en febrero pasado.

El Gobierno federal debe mantener este programa de carga pública, debido a que lo marca la ley de inmigración.

“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, indica la INA.

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