El otro lado de una crisis: Miles de familias neoyorquinas están accediendo a “autodesalojos” de sus viviendas

El pasado mes de julio a la trabajadora de restaurantes mexicana, Antonia Ríos, de 55 años residente en Jackson Heights, le llegó una notificación de su casero, en donde se le dejaba muy claro, que si quería renovar el contrato del apartamento en donde vivía desde hace ocho años, debía sumarle a la renta $475 dólares más, a partir de octubre.

A la colombiana Claudia González, de 45 años, quien adeuda cerca de $8,500 de renta de un apartamento en El Bronx, “debido a los estragos de la pandemia”, decidió no pelear el caso en la corte, a pesar que esperaba ayuda del Programa de Asistencia de Emergencia para el pago de alquiler (ERAP) 

El caso de la salvadoreña, Martha Carrillo, de 68 años, es diferente. Su pareja murió el año pasado. El ‘landlord’ ya le reenvió dos veces el contrato de renovación del alquiler de su casa en Harlem, a precios de mercado. La decisión fue no extenderle los beneficios de renta controlada, del cual gozaba el difunto por 30 años, porque simplemente no estaban casados.

Antonio, Claudia y Martha tienen algo en común: Por desconocer sus derechos y no tener abogados, ni “papeles”, decidieron no pelear sus casos. Y negociaron el desalojo directamente con los abogados de los propietarios de los edificios en donde vivían.

Este grupo de mujeres se llenó de miedo, ante las presiones de los caseros. Y consideraron inútil iniciar un litigio judicial, porque los abogados que ni siquiera concretaron la demanda, le insistieron que tenían “todas las de perder”.

En conclusión, de manera muy rápida, ellas firmaron su sentencia de “autodesalojo”.

“No se se vayan a la primera”

Ante estos tres ejemplos, que muestran uno de los rostros de la oleada de desalojos, decenas de organizaciones de defensa de los inquilinos están promoviendo acciones de divulgación para que las personas en riesgo, sepan cómo luchar ante las presiones y amenazas de sus caseros.

Por ello, este jueves, en una visita al edificio de los Tribunales de Vivienda en el Bajo Manhattan, portavoces de organizaciones como Met Council On Housing, Catholic Migration Services y Goddard Riverside exigieron a la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) que promueva el cumplimento de la Ley ‘Right to Council‘ (RTC) de la Ciudad de Nueva York, la cual tipifica que no se puede negar el derecho a un abogado a inquilinos en litigio.

De acuerdo con esta coalición, desde principios de este año, al menos a 12,000 inquilinos se les ha negado el derecho a un representante legal que los defienda.

“Estamos haciendo un llamado a los neoyorquinos para que conozcan sus derechos. Muchos no saben que por iniciativas legales vigentes, tienen derecho a representación gratuita. Entonces cuando vienen a la corte solo hablan con el abogado del casero. Y terminan enredados y autodesalojados”, refirió Stephani Espinal de Catholic Migration Services.

Al cierre de esta edición, El Diario no consiguió reacciones por parte de la OCA sobre estas peticiones.

Los abogados son pocos

El tema se complica porque en muchas ocasiones los inquilinos, en medio de las presiones, ni siquiera hablan inglés. Y también ignoran qué hacer cuando acuden a una citación del juez.

Además, tampoco saben qué hacer, cuando reciben las notificaciones.Y ese instante, podrían firmar o acceder de manera muy fácil a su desocupación.

“Les llega una carta y no entienden muchas veces la documentación. Es importante la educación acerca de esto. La corte toma muy en cuenta cómo la recibiste. Son detalles que ayudan a descalificar tu caso o permitir que avance. Lo importante es que las comunidades pierdan el miedo y sepan qué hacer apenas les llegue una nota del ‘landlord’ ”, destacó la organizadora de inquilinos.

De acuerdo con la RTC, la Oficina de Justicia Civil (OCJ) brinda a los inquilinos que enfrentan desalojo en procedimientos administrativos del Tribunal de Vivienda, acceso a representación legal gratuita y asesoramiento proporcionado por organizaciones de servicios legales, sin fines de lucro.

Todos estos servicios, aunque enfrentan graves problemas presupuestarios, son gratuitos, independientemente del estado migratorio.

Aunque todos los inquilinos elegibles por su nivel de ingresos tienen derecho a un experto en leyes gratuito, hay una gran escasez de defensores. 

En este sentido, Raun Rasmussen, director ejecutivo de Legal Services NYC, uno de los proveedores de defensores de inquilinos, que tienen contratos con la ciudad, aseguró a la publicación City&State que en general el Tribunal de Vivienda está en camino de presentar 92,000 casos este año, con un total de alrededor de 500 abogados disponibles.

“Miles de inquilinos no podrán conseguir un abogado”, acotó.

Precisamente ante esta ‘sequía’ de apoyo legal, los defensores de los inquilinos proponen más educación para que los residentes de unidades en alquiler tengan herramientas para, por lo menos, aplazar sus casos y no permitan que los ‘landlord’ saquen ventaja tan fácilmente de su vulnerabilidad. 

Además están exigiendo a la administración de tribunales de Nueva York que emita “de inmediato” una orden administrativa que disponga que solo los casos en los que los inquilinos hayan obtenido una asignación de un abogado puedan avanzar. Exigen que todos los litigios, sin un profesional del derecho de parte del arrendatario, deben suspenderse.

Sí hay una ola de ‘autodesalojos’

De acuerdo con los activistas, el drama de las altas rentas en la Gran Manzana, está desplazando a miles de familias de la clase trabajadora de sus vecindarios. 

El alza astronómica e histórica de la renta inmobiliaria en la Gran Manzana, que se registra en las renovaciones de contrato registradas en Manhattan, ha implicado aumentos de incluso del 50% y 60% en muchos casos. Esta tendencia está generando un efecto expansivo en otros condados considerados hasta ahora más económicos para vivir.

En Queens, hogar de miles familias latinoamericanas, en los últimos tres meses los registros apuntan a un alza en los alquileres del 14.56%.

En este instante, aunque los números oficiales de las cortes, no describen un ‘tsunami’ de demandas para echar a inquilinos de unidades residenciales rentadas, la verdad es que la gran mayoría de las personas deciden no pelear porque ignoran qué puede significar ir a un juez, independientemente de que en algunas situaciones,  podrían conservar sus viviendas o exigir mejoras en el inmueble.

Las actuales cifras oficiales de desalojos, nunca van a describir la cantidad de personas que se vieron obligadas a abandonar sus apartamentos fuera de un caso judicial. Tampoco quienes se marchan por voluntad propia antes de que se lleve a cabo un desalojo judicial.

El mayor número de litigios en las Cortes se registran en el Alto Manhattan y El Bronx, pero existe la presunción que es Queens el condado en donde más personas han dejado sus casas, antes de abordar algún proceso judicial.

“Lamentablemente por falta de educación, la mayoría de los neoyorquinos víctimas del drama de la vivienda asequible, se están autodesalojando. Miles y miles de personas han dejado la ciudad por no poder pagar. Otras terminan mudándose con otras familias. Y terminan viviendo nueve personas en un apartamento, compartiendo un baño. Eso es una tendencia que está creciendo en este año”, subrayó Espinal.

Las ayudas son lentas

Para evitar lo peor, tanto el gobierno federal, como la Ciudad y el Estado de Nueva York crearon marcos de protecciones para evitar una avalancha de desocupaciones inmobiliarias durante los meses de los cierres pandémicos.

Hasta este momento, $2,4 mil millones de alivios, han llegado a los bolsillos de los caseros en Nueva York.

Sin embargo, las organizaciones que intermedian por ayudas financieras, aseguran que la “lista de espera” para el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) sigue siendo muy larga. Y en este momento, muchos propietarios de viviendas no están dispuestos a esperar más.

Ante esta otra dinámica, Evy Viruet, organizadora de inquilinos de Doddard Riverside, con base en Manhattan, describe que la situación es angustiante para centenares de familias.

“Para que aprueben y se concreten las ayudas pueden pasar meses. Y muchos ‘landlord’ no entienden eso. Algunos están sometidos a cartas, a notificaciones, a acoso. Y ese es el momento en que en muchas oportunidades prefieren irse. Es en general una situación muy triste para miles de familias que están perdiendo sus casas”, remarcó Viruet.

El otro lado de esta tragedia habitacional, que refieren los voceros de las organizaciones, es que aunque algunos inquilinos lograron cubrir su moratoria de 2021, con los recursos de los planes de alivio, se topan en 2022 con una situación inflacionaria y con los aumentos desproporcionados de la renta, que los pone de nuevo en riesgo de quedarse en la calle.

La dominicana, Teresa Guerra, de 50 años asegura que ha podido “cabalgar” hasta ahora la crisis, pero duda que para el 2023 pueda seguir con su apartamento en Inwood, en el Alto Manhattan. Eso sí está dispuesta a dar la pelea.

“La mayoría de mis vecinos se han tenido que ir. Hicieron unas reparaciones en el edificio, mejoraron unas áreas comunes. Y por eso quieren aumentar la renta de una forma ridícula, en más del 10%. Ellos siempren ganan. Pero en mi caso, por lo menos, le voy a dar la pelea. Quieren que en Nueva York solo viva la gente rica”, remató la isleña.

Por su parte, un abogado de un propietario inmobiliario en el Alto Manhattan, que prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que a su cliente le deben en rentas atrasadas más de $170,000.

“Los inquilinos se apegan a protecciones todavía existentes, solo para demorar el desalojo, pero los programas de apoyo no fluyen adecuadamente, ni resolverán la crisis de vivienda. Han sido un fracaso. Porque no dan una respuesta de fondo ni a las familias, ni a los propietarios”, concluyó.

Agregó que es normal que en la ciudad, de manera injusta, siempre se describan a los propietarios como “demonios insensibles”.

Desalojos “legales” en ascenso:

Según datos divulgados por la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid), en toda la ciudad los desalojos ejecutados han aumentado cada mes desde que expiró la moratoria:

• 104 desalojos en enero, 145 en febrero, 213 en marzo, 234 en abril, 302 en mayo y 315 en junio. 
• 2,027 desalojos legales hasta junio de este año un número que podría ser insignificante ante un mercado de alquileres que supera las 2 millones de unidades.
• 54,200 solicitudes de desalojo en la ciudad, en lo que va de año, pero todo apunta que hay el escenario perfecto para que ese número aumente en los meses que están por venir.
• 180,000 solicitudes de desalojo en todo el 2019, el año previo a la crisis de salud pública causada por la COVID-19.

¿Lo están desalojando?

• Desde abril del 2020, la Alcaldía de la ciudad de Nueva York creó la Línea de Ayuda para Inquilinos para informar sobre sus derechos y conectarlos con recursos relacionados con la vivienda, incluidos servicios legales gratuitos y ayudas en pagos de rentas.
  La Línea de ayuda para inquilinos cuenta con especialistas en vivienda de la Unidad de apoyo para inquilinos (TSU), que han respondido a casi 90,000 consultas de ayuda desde que se lanzó la línea y se han enviado más de 20,000 referencias a proveedores de servicios legales.
  Para comunicarse con la Línea de ayuda para inquilinos, llame al 311 y pregunte por la “Línea de ayuda para inquilinos”.