Congreso: Queda poco tiempo para que los demócratas puedan proveer ayudas para las familias latinas

Ahora que se acabaron las elecciones intermedias y los votantes latinos llevaron sus mensajes a las urnas, el tiempo se acaba para proveer ayudas económicas que aliviarán las necesidades más urgentes enfrentando las familias latinas en EE.UU. Mientras que el Congreso se enfoca en cerrar su agenda del 2022, hay medidas importantes sobre las cuáles el Congreso aún puede actuar y ayudar a las familias latinas antes del cierre de año.

En primer lugar, el Congreso debe establecer una solución permanente para aquellos Dreamers e inmigrantes que no han podido resolver sus estatus de ciudadanía. Por demasiado tiempo, el Congreso ha fallado en establecer reformas inmigratorias que los estadounidenses llevan pidiendo y se merecen; la inacción es detrimental no solo para los Dreamers, sino también para otros trabajadores esenciales incluyendo agricultores, para los niños y niñas con ciudadanía estadounidense pero con familias de estatus mixto, para nuestra economía y nuestra nación en general.

Cientos de miles de Dreamers han contribuido hacia la prosperidad de nuestra nación gracias a las protecciones ofrecidas bajo el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), incluyendo sobre más de 200,000 recipientes de DACA quiénes, junto a otros trabajadores esenciales inmigrantes, trabajaron arduamente en las fronteras durante la pandemia del COVID-19. Desafortunadamente, este programa tan crucial está siendo amenazado con ser eliminado por los tribunales federales, lo cuál impactaría a los Dreamers, sus familias y nuestra economía al desplazarlos de sus trabajos y arriesgándolos con la deportación.

Lo segundo es la expansión sobre el Crédito Contributivo por Niño (CTC, por sus siglas en inglés) que ayudaría significativamente a reducir la pobreza infantil. La expansión del CTC ha demostrado ser la manera más efectiva de reducir la pobreza infantil en EE.UU. En el 2021, la expansión del CTC que fue incluída en el plan americano de rescate (American Rescue Plan Act) por un periodo de un año, logró levantar 5.3 millones de personas de la pobreza, incluyendo 2.9 millones de niños y niñas. Los Niños y las niñas de las comunidades latinas y negras fueron los más que se beneficiaron de la expansión del CTC, reduciendo la tasa de pobreza a 8.4% para niños latinos y 8.3% para niños negros. Expandiendo el CTC para alcanzar más niños, incluyendo niños inmigrantes, promueve la equidad para las comunidades que han sido marginadas por demasiado tiempo y asegura que las familias trabajadoras tengan los recursos necesarios para mitigar los aumentos de costos en la gasolina, la medicina y otros gastos básicos.

Finalmente, el Congreso debe prevenir que las familias hispanas y de bajos recursos sufran las mayores pérdidas de Medicaid en la historia estadounidense, cuando la emergencia de salud pública (PHE, por sus siglas en inglés) termine el 11 de enero del 2023. A partir de ese momento, los estados determinarán nuevamente la elegibilidad para recibir Medicaid para aproximadamente 90 millones de personas, y sin la intervención congresional, muchos estados rápidamente reducirán la cantidad de personas elegibles. Si estas determinaciones proceden tal como estaban planificadas antes de la pandemia, 15 millones de personas perderán sus coberturas de Medicaid, con un estimado de 4.6 millones de latinos que también perderían sus coberturas a pesar de que 2/3 de ellos seguirán siendo elegibles para el programa. Esta reducción en elegibilidad sería siete veces mayor a la última reducción de coberturas del programa Medicaid y afectaría desproporcionadamente a las personas de color.

El Congreso debe proveer los fondos federales en su totalidad para el programa de Medicaid de Puerto Rico, antes de que la tasa de porcentaje de asistencia equivalente federal (FMAP, por sus siglas en inglés) expire el 16 de diciembre. Durante la crisis del COVID-19, el Congreso aumentó el FMAP de Puerto Rico de 55% a 76% por un periodo temporero. Cuando el aumento se expire, Puerto Rico perderá casi el 30% de los fondos federales para el programa de Medicaid–un recorte que devastará el sistema de salud de Puerto Rico a medidas que la isla continúa recuperándose de otro huracán y de los aumentos de casos de COVID-19 entre otras enfermedades que suelen a surgir durante los meses de invierno. Adicionalmente, el Congreso debe actuar para proteger la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Bajo el programa de SNAP, un hogar con una persona soltera puede recibir el máximo beneficio de $250 al mes, mientras que en Puerto Rico, el mismo hogar recibiría un máximo de $140 bajo el programa de PAN (un programa de fondos federales fijos para puertorriqueños con pocos recursos que dependen de la asistencia nutricional). Para asegurar la asistencia nutricional y evitar pérdidas drásticas en beneficios para los ciudadanos, se necesita $1 mil millón adicional en fondos para el PAN y suplementar la subvención de bloque. Idealmente, el Congreso debe proveer una vía para implementar el programa de SNAP en Puerto Rico, lo cual ayudaría a mejorar nuestra preparación ante posibles desastres naturales y promovería la equidad.

Estas soluciones políticas representan pasos críticos que, si no son tomados antes del fin de año, sujetará a muchos latinos y sus familias a aumentos en pobreza, problemas de salud, desplazamiento laboral, y separaciones de familias. La inacción extendería daños irreparables para nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra nación.

La ventana se está cerrando, pero los Demócratas aún pueden cumplir con millones de familias latinas antes del cierre de año y proveerles con la esperanza para un mejor 2023.

Adriano Espaillat es congresista federal (NY-13); y Rafael Collazo es Director Ejecutivo del Fondo de Acción UnidosUS