EEUU está expuesto a los flujos financieros de delitos ambientales en la Amazonía

Julio Cusurichi lamenta que los ríos en su Perú natal están contaminados con mercurio lo que ha perjudicado la dieta alimentaria y la salud de las personas, en especial en las comunidades indígenas donde algunos de los integrantes tienen en sus cabellos y en la sangre ese químico y plomo.

Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), responsabiliza de esta situación a los gobiernos que están dando concesiones mineras en territorios indígenas y a los que no están cumpliendo con las normas nacionales e internacionales para evitar la contaminación considerada un delito ambiental.

“Están matando a nuestros pueblos con mercurio, a los peces y contaminando a los ríos”, dijo el también líder de la comunidad Shipibo-Conibo del Perú, Región Madre de Dios, en la reciente presentación del informe “El dinero sucio y la destrucción de la Amazonía”.

El reporte de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition), con sede en Washington, explora los vínculos de los flujos financieros ilícitos provenientes de crímenes ambientales en Perú y Colombia y cómo Estados Unidos a pesar de tener una sólida ley para la prevención del lavado de dinero, está expuesto a la entrada de ese dinero.

“Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un sólido marco para la prevención del lavado de dinero, existen brechas críticas que exponen al país a la entrada de los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos contra la naturaleza”, se indicó en el reporte.

FACT es una coalición de más de 100 organizaciones, incluyendo las de medioambiente y de conservación.

Ian Gary, director ejecutivo de la FACT, dijo que los delitos ambientales se han convertido en una fuente clave para las operaciones de lavado de dinero de redes ilícitas y grupos armados, que alimentan la corrupción.

“Con enormes lagunas en sus regulaciones contra el lavado de dinero, Estados Unidos se ha convertido en un lugar atractivo para que los delincuentes ambientales laven dinero, dijo en la presentación del informe.

Los delitos ambientales como la minería ilegal y la deforestación son la tercera actividad delictiva más importante del mundo y según la Interpol generan hasta $281,000 millones en ingresos anuales que pueden lavarse fácilmente mediante empresas y el sector inmobiliario de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte.

Los flujos financieros ilícitos también obstaculizan los esfuerzos mundiales para combatir la crisis climática, se advirtió.

La deforestación del Amazonas supone un grave riesgo climático para el mundo en su conjunto. La minería ilegal y los delitos forestales son dos causantes de la deforestación ilegal en esa región donde, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), recientemente se ha producido un incremento en la explotación del oro ilegal y una explosión de los delitos forestales. 

En el Perú y Colombia, estos delitos ambientales han borrado las franjas de la selva amazónica, han envenenado a las comunidades locales y los grupos indígenas con mercurio, y han hecho estos países menos seguros con el aumento del narcotráfico, la violencia y la corrupción, dijo la FACT. 

La explotación ilegal de oro en Perú es la más rentable para la industria criminal en ese país valorada en $871 millones.

La minería ilegal también representa la mayor fuente de lavado de dinero con cerca de $8,172 millones en transacciones ilegales entre el 2013 y 2023, analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del país andino.

En Colombia las cuentas ilegales sobre el oro son hasta el 80% de la producción total del país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, así como los expertos de Estados Unidos y Latinoamérica, afirman que hay serias trabas a nivel jurídico, de intercambio de información y de capacidad que hacen difícil investigar y procesar esos delitos, según el informe.

“Estados Unidos, como la mayor economía mundial y principal contribuidor a la falta de transparencia financiera, tiene un papel determinante para negarles una guarida fiscal segura a los delincuentes que podrían degradar la Amazonía”, dijo la FACT.

La coalición hizo varias recomendaciones para combatir esos delitos y proteger al medioambiente y las comunidades indígenas:

-El poder Ejecutivo debe desarrollar una estrategia entre los distintos organismos para hacer frente a esos flujos financieros ilícitos.

-La FinCEN debe hacer cambios importantes para que los usuarios autorizados nacionales y extranjeros tengan un acceso más sencillo a la información del directorio, algo que es de vital importancia para desterrar los flujos financieros ilícitos de la deforestación de la Amazonía.

-Completar las normas de prevención del lavado de dinero (AML, en inglés) para bienes raíces. La falta de estas aplicables al sector inmobiliario, que representa $50,000 millones, es una gran laguna de lavado de dinero que explotan los delincuentes, sobre todo los que están implicados en delitos ambientales.

-La Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro debería aumentar la asistencia a los países de la región de la cuenca del Amazonas para impulsar su capacidad para abordar los flujos financieros ilícitos transnacionales procedentes de los delitos ambientales.