Fiscal de NY denuncia trabas de los seguros médicos para acceder a servicios de salud mental

Tras encontrar que el 86% de los directorios de proveedores son inexactos, y para familias vulnerables es casi una odisea encontrar citas y tratamientos cubiertos por aseguradoras, la fiscal Letitia James presentó recomendaciones para mejorar fallas que obstaculizan la atención de miles de pacientes que requieren ayuda, buena parte de ellos latinos

Miles de latinos batallan para conseguir tratamiento de salud mental

Miles de latinos batallan para conseguir tratamiento de salud mental Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Más del 30% de los neoyorquinos padecen o han padecido algún tipo de problema de salud mental, cifra que llega a ser mayor entre grupos vulnerables, de acuerdo a organizaciones que velan por la salud mental, como NY Health Foundation. Y aunque hay programas y planes de salud diseñados para ayudar a quienes batallan con enfermedades mentales, que van desde la ansiedad, depresión, bipolaridad, hasta esquizofrenia y condiciones más serias, existen serios problemas para acceder a servicios de apoyo y de salud mental que hacen más difícil la manera como pacientes y familias batallan para llevar una vida mejor.

Así lo denunció la Fiscal de Nueva York, Letitia James, a través de un nuevo informe en el que señala fallas importantes en el acceso a atención de salud mental a través de compañías de seguros, entre ellos, puntos básicos como que el 86% de los directorios de proveedores de salud mental de las aseguradoras son inexactos, hecho que exacerba la crisis de salud mental.

El reporte, que también incluye testimonios de neoyorquinos con problemas de salud mental recogidos en dos audiencias públicas adelantadas por la Oficina de la Fiscalía del Estado de Nueva York, reveló que tras encuestar a casi 400 proveedores de salud mental incluidos en redes de planes de salud, la amplísima mayoría resultaban ser “fantasmas”, pues en realidad no prestaban servicio para todos, no estaban dentro de la red o no aceptaban nuevos pacientes. Pacientes de comunidades marginadas, sienten ese impacto de manera más desproporcionada empeorando su salud mental y poniéndolos ante costos más elevados, muchas veces imposibles de pagar.

“A nadie que se comunique con los profesionales de salud mental enumerados por su compañía de seguros se le debe decir que los proveedores son inaccesibles, que no aceptan su seguro o que no aceptan nuevos pacientes. Nuestro estado enfrenta una crisis de salud mental y este informe muestra claramente que las compañías de seguros no están ayudando a los neoyorquinos necesitados”, dijo la Fiscal James, quien hizo un llamado a los planes de salud para que mejoren esas fallas y se sumen a ayudar a abordar la crisis de atención de salud mental. “Al no mantener directorios precisos como exige la ley, los planes de salud están dificultando que los neoyorquinos, especialmente los más vulnerables entre nosotros, obtengan atención de salud mental y obligándolos a retrasar o renunciar a la atención que necesitan”.

Durante los encuentros que la Fiscalía sostuvo con comunidades afectadas, uno en la Gran Manzana y otro en Búfalo, entre junio del año pasado y enero del 2023, la Oficina de la Fiscal James aseguró que más de 100 pacientes y proveedores describieron el sistema de atención de salud mental como un sistema roto, que incluyó a padres pasando meses tratando fallidamente de encontrar un proveedor de atención, haciendo no solo que empeoraran las condiciones de sus hijos sino que al tiempo generó estrés y angustia en miembros de la familia.

La Fiscalía condujo una revisión exhaustiva a nivel estatal de 13 planes de salud: Aetna, CDPHP, Cigna, Emblem, Empire BlueCross BlueShield, Excellus, Fidelis, Healthfirst, Independent Health, MetroPlus, Molina, MVP y UnitedHealthcare, y de 396 proveedores, sólo 56, lo que representa el 14%, ofrecieron citas, lo que hace que la mayoría de pacientes que luchan contra problemas de salud mental no puedan acceder a tratamiento utilizando su seguro médico y muchos quedan echados a su suerte con la única opción de pagar de su bolsillo, lo que no es posible para muchos, y deben renunciar por completo a ser tratados. Los más afectados son personas de bajos ingresos, personas de color, personas con discapacidades y mujeres.

Y a fin de que se pueda abordar la crisis y garantizar que los neoyorquinos con problemas de salud mental tengan acceso al tratamiento que necesitan, de manera asequible, la Fiscalía emitió una serie de recomendaciones.

En primer lugar, urgió a las agencias estatales a que propongan regulaciones para la adecuación de la red para los servicios de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y salud mental antes del 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, advirtió que los reguladores estatales, como el Departamento de Salud (DOH), la Oficina de Salud Mental y el Departamento de Servicios Financieros, deben monitorear activa y frecuentemente las redes de seguros médicos a través de encuestas secretas a compradores y otras técnicas para garantizar que sus directorios estén actualizados.

“En particular, se debe exigir a los planes de salud que garanticen que los miembros puedan obtener una cita con un proveedor de la red en un corto período de tiempo. Los planes también deben recopilar y reportar información sobre si los proveedores de la red realmente brindan atención”, dijo la Fiscalía. “Los reguladores estatales también deberían tomar medidas coercitivas contra los planes de salud que violan la ley y buscar sanciones, acciones correctivas y restitución a los consumidores”.

De igual manera, la Oficina de la Fiscal James aseguró que debe exigirse que los planes de salud cumplan con los estándares de competencia cultural y acceso al idioma, pues una de las grandes necesidades de pacientes es que haya una atención de salud mental competente en su idioma y teniendo en cuenta su cultura.

“Las enmiendas de 2023 a la Ley de Salud Pública de Nueva York requieren que el DOH considere durante sus revisiones de adecuación de la red la capacidad de una aseguradora para brindar atención cultural y lingüísticamente competente para satisfacer las necesidades de la población inscrita”, dijo la Fiscalía. “Estas disposiciones deben codificarse en un requisito reglamentario de que todos los planes de salud de Nueva York brinden acceso a atención de salud mental cultural y lingüísticamente competente”.

La Fiscalía agregó que los planes de salud deben reclutar activamente y brindar más incentivos para que los proveedores de atención de salud mental se unan y permanezcan en sus redes, incluso proporcionando tasas de reembolso más altas y reduciendo las cargas administrativas para los proveedores.

“El aumento de la demanda de servicios de salud mental en los últimos años ha exacerbado la insuficiencia de larga data de la red, pero los planes de salud asumen la responsabilidad debido a sus bajas tasas de reembolso por los servicios de salud mental en comparación con la atención de salud física. Los planes de salud también deberían aumentar las tasas de reembolso para los proveedores de salud mental para incentivar a más proveedores a unirse a sus redes”, acotó la Oficina estatal, recalcando también que los planes de salud pueden incentivar una mayor participación de los proveedores de salud mental en las redes al reducir las cargas administrativas que disuaden a muchos proveedores.

“Al reducir las cargas administrativas, como los requisitos de documentación y autorización previa que consumen mucho tiempo e innecesarios, y al pagar las reclamaciones con prontitud, los planes de salud pueden atraer y retener a más proveedores de salud mental”, concluyó la Fiscalía de Nueva York. “La adopción de estas recomendaciones puede aumentar significativamente el acceso a la atención de salud mental necesaria. Si usted o alguien que conoce tiene problemas para acceder a la atención debido a problemas de seguro médico, envíe cualquier informe en línea o llame a la línea de ayuda gratuita de Atención Médica de la Fiscalía al 1 (800) 428-9071″.

Datos

  • 86% de los directorios de proveedores de salud mental son inexactos
  • 13 planes de salud fueron revisados por la Fiscalía
  • 396 proveedores formaron parte del reporte
  • 56 solamente ofrecieron cita a pacientes que las buscaban
  • Personas de bajos ingresos, personas de color, personas con discapacidades y mujeres, los más afectados

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