El Salvador, dos años bajo régimen de excepción: la guerra declarada de Bukele contra las pandillas

El Salvador cumplió dos años desde la implementación de un régimen de excepción que el presidente Nayib Bukele ha definido como una “guerra contra las pandillas”, en medio de controversias por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó la instauración de un régimen de excepción que suspendió ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, resultando en la detención de más de 78,000 personas, a solicitud del mandatario salvadoreño.

A pesar de las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos, esta medida ha contribuido a una disminución adicional de los homicidios en el país centroamericano, tendencia que ya venía desde 2015, lo que ha impulsado la popularidad de Bukele, publicó la agencia de noticias EFE.

La organización Human Rights Watch señaló el miércoles que Nayib Bukele sigue siendo muy popular, en parte debido a mejoras aparentes en indicadores de violencia a corto plazo, aunque advirtió sobre las dificultades para evaluar el verdadero impacto de esta reducción y la prevalencia de otros delitos.

El presidente utilizó el régimen de excepción como un punto central de su campaña electoral para los comicios del pasado 4 de febrero, en los que logró una amplia victoria. Así, extendió su mandato hasta 2029, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

En relación a las elecciones, Bukele abogó por los candidatos a diputados de su partido Nuevas Ideas, y llamó a la población a votar por ellos para mantener el régimen. La organización política se mantiene como la mayoría en el Congreso tras ganar la mayoría de los escaños.

Con la mayoría legislativa y el control de los tres poderes del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia, cuya elección se llevó a cabo sin seguir el debido proceso, Bukele consolida su poder en el país.

Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, reconoció la disminución de la violencia pero expresó inquietudes sobre la falta de datos oficiales para evaluar el verdadero efecto de la medida.

Ana María Alfaro, una residente, expresó su apoyo a la medida contra las pandillas, aunque mostró preocupación por las detenciones de personas no relacionadas con la delincuencia organizada. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y casos de tortura.

Para Ana Piquer, de Amnistía Internacional, la aparente reducción de la violencia no puede justificar el uso de la violencia estatal como sustituto. Asimismo, Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso, resaltó la necesidad de garantizar la justicia para todos los detenidos, incluyendo aquellos que puedan ser inocentes.

A pesar de los desafíos y las críticas, Nayib Bukele sigue comprometido con su enfoque de seguridad, con la promesa de una tasa de homicidios aún más baja en 2024. Sin embargo, persisten los llamados a un enfoque más integral y respetuoso de los derechos humanos para abordar la problemática de la violencia en El Salvador.

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