Los hispanos podrían sufrir por el derecho a reparar dispositivos médicos
La FDA no tiene conocimiento sobre más de 21,000 reparadores independientes
En una era donde la tecnología permea cada aspecto de nuestras vidas, la salud y el bienestar personal han indudablemente mejorado. Desde los rastreadores de actividad física en su muñeca hasta las tecnologías avanzadas ahora utilizadas en procedimientos quirúrgicos, la tecnología ha revolucionado la forma en que accedemos y abordamos el cuidado de nosotros mismos y nuestros seres queridos.
La innovación tecnológica nos ofrece un futuro de precisión, accesibilidad y priorización de los pacientes. Pero con cualquier oportunidad, también hay desafíos. En los EE. UU., el concepto del “derecho a reparar” o “right to repair”por sus siglas en inglés, es un proyecto de ley que muchos estados del país están considerando. Este proyecto de ley presenta uno de los desafíos más recientes para la atención y el cuidado al paciente impulsado por la tecnología.
Este movimiento defiende la noción de que el público debería tener acceso a las herramientas, piezas e información necesarias para reparar sus propios dispositivos electrónicos. Eso podría ser un teléfono inteligente, una computadora portátil, un tractor agrícola o cualquier pieza de maquinaria moderna. Sin embargo, esta política no es solo un debate sobre arreglar una pantalla rota o reemplazar una batería; es un tema complejo porque no toda la tecnología es igual.
La discusión sobre el “derecho a reparar” fundamental de los estadounidenses a reparar los productos que poseen ha llegado a un punto crítico. ¿Incluimos toda la tecnología o hacemos excepciones? Así que mientras los legisladores estatales y federales consideran una mayor accesibilidad y habilidad para reparar dispositivos cotidianos, es importante que procedan con precaución cuando se trata sobre equipo médicos. Especialmente para evitar poner en riesgo a las comunidades desfavorecidas o marginadas.
Incluir dispositivos médicos en la legislación del “derecho a reparar” pondrá tecnología sofisticada en el centro de un debate que podría poner en peligro la seguridad del paciente. Esto se debe a que el desarrollo, venta y reparación de la tecnología médica utilizada por más de 50,000 miembros está regulada por la agencia federal de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA mejor conocida por sus siglas en inglés). El gobierno ha determinado que las regulaciones protegerán la calidad del equipo médico crítico para la salud pública y seguridad. Entonces, ¿no deberían también tener supervisión los técnicos y reparadores de dichos dispositivos médicos?
Desafortunadamente, nuestro sistema no funciona así. El hecho es que la FDA no tiene conocimiento sobre más de 21,000 reparadores independientes que forman parte del mercado de reparación para equipos médicos y que dicha agencia desconoce. Estos reparadores no están obligados a reportar ningún fallo derivado de sus reparaciones. Un informe de la FDA del 2018 encontró que entre 4,000 informes sobre dispositivos médicos mal reparados por reparadores independientes, casi 300 causaron lesiones graves e incluso muertes. Pero esta cifra probablemente ahora será mucho mayor.
En el campo médico, las políticas que requieren que las reparaciones de equipos médicos sean realizadas por proveedores autorizados y regulados son una protección crítica para los pacientes y sus vidas.
Permitir que técnicos no certificados reparen dispositivos médicos complejos mediante políticas del derecho a reparar podría exacerbar inadvertidamente la creciente discrepancia en el acceso a una atención médica de calidad. Los estudios han demostrado que los latinos enfrentan barreras cuando se trata del acceso a la salud, accesibilidad e igualdad cuando se trata de cuidado médico y de salud. Según el Pew Research Center aproximadamente casi la mitad (48%) de Hispanoamericanos dicen no tener acceso al cuidado médico cualitativo donde viven es la razón principal para las peores condiciones en el área de salud y que afecta gravemente a la comunidad Hispana en EE.UU.
Con clínicas y facilidades en el área de salud ya careciendo recursos entre las comunidades Latinas la necesidad para obtener profesionales autorizados para reparar dispositivos médicos es aún más importante para promover equidad en el área de salud. Afortunadamente muchos reconocen cambios necesarios para confrontar este desequilibrio, pero dicha política pública sobre el “derecho a reparar” podría comprometer el sistema antes de siquiera empezar.
El riesgo de incluir dispositivos médicos en diferentes proyectos de ley cuando se trata del “derecho a reparar” es un riesgo demasiado alto. No deberíamos añadir más incertidumbre sobre los parámetros que nos mantienen seguros cuando permitimos servicios que no son regulados – tomar ventaja de los beneficios dentro de un sistema no controlado. Y con la comunidad hispana ya enfrentando inequidades y falta de acceso en el área de la salud, dichos pacientes y profesionales médicos no pueden permitir dejar que el “derecho a reparar” expanda estas diferencias tan marcadas dentro de la comunidad Latina.
Debemos encontrar un equilibrio entre empoderar consumidores y salvaguardar al público. Nuestros líderes electos necesitan entender la graves implicaciones que pueden resultar sobre este tipo de legislación y deben asegurar que cualquier tipo legislación o proyecto de ley sobre el “derecho reparar” o “right to repair” por sus siglas en inglés provean exenciones en cuanto a la reparación de dispositivos médicos.
La Dra. Elena Ríos es Presidenta y CEO de la Asociación Médica Nacional Hispana.