Exmilitar boricua detenido en medio de redada de ICE en Newark, NJ, podría reclamar compensación
El abogado Allen Orr dijo que existen remedios legales a los que puede acogerse el afectado por la detención injusta en Ocean Seafood Depot, en Newark
El alcalde de Newark, NJ, Ras J. Baraka, cuestionó las recientes redadas de ICE. Crédito: Mel Evans | AP
Nueva York – El exmilitar puertorriqueño que fue detenido en medio de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un negocio en Nueva Jersey el jueves podría reclamar una compensación con base en el ordenamiento legal de Estados Unidos.
El abogado de inmigración, Allen Orr, dijo, a través de la red social X, que existen remedios legales a los que puede acogerse el afectado por la detención injusta en Ocean Seafood Depot, en Newark.
“Un ciudadano estadounidense detenido injustamente o arrestado por ICE puede ser acreedor de remedios legales. Hable con un abogado sobre la presentación (de un recurso) bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) o Bivens versus Seis Agentes Nombrados Desconocidos para buscar compensación por mala conducta federal. #KnowYourRights (Conoce tus derechos)”, alertó el letrado, quien además fue presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración.
Bajo la FTCA, el gobierno federal debe responder y asumir responsabilidad por acciones negligentes o erradas de sus empleados, así como omisiones.
En cuanto al caso de Webster Bivens, la Corte Suprema determinó que la Constitución implícitamente autoriza demandas federales para la compensación por daños contra oficiales que violen la Cuarta Enmienda.
El boricua, cuyo nombre se desconoce, se encuentra entre el grupo de intervenidos por agentes de ICE como resultado de los esfuerzos de la Administración del presidente Donald Trump para aumentar las deportaciones de migrantes con historial delictivo.
Sin embargo, los puertorriqueños no deben estar sujetos a procesamientos migratorios de esa naturaleza, ya que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos desde el 1898. Los boricuas son ciudadanos de EE.UU. y están sujeto a la jurisdicción de ese país.
La Ley Jones-Shafroth de 1917 otorgó a las personas nacidas en Puerto Rico la ciudadanía estadounidense.
Al menos 10 agentes de ICE llegaron hasta el restaurante y mayorista de maricos, y arrestaron a tres personas, incluyendo a este puertorriqueño que administra el lugar.
El dueño del establecimiento, identificado como Luis Janota, detalló a PIX11 sobre la intervención con el boricua.
“Uno de ellos es un veterano del Ejército, y a mí me parece (que lo detuvieron) porque era hispano. El es puertorriqueño y es el gerente de nuestro almacén”, destacó Janota. “Me parece a mí que ellos estaban, específicamente, tras ciertos tipos de personas- no a todo tipo, porque ellos no me pidieron documentación ni a los trabajadores estadounidenses, portugueses o blancos”, contrastó el propietario.
Agentes de ICE no presentaron orden judicial
Por su parte, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, cuestionó la falta de una orden judicial por parte de los agentes en plena violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
“Ellos fueron por la parte trasera del negocio. Entendemos que habían tres personas que creían que eran indocumentados que ellos detuvieron, pero también detuvieron a personas que en realidad eran ciudadanos de este país. Una persona mostró la identificación militar, y, aún así, fue cuestionado de todas formas. A las personas se les tomaron huellas dactilares; fotos de su identificación y de sus rostros fueron tomadas allí”, detalló Baraka en una conferencia de prensa ayer donde además manifestó su molestia con lo que estaba pasando.
“Cuando me llegó esta información, yo estaba horrorizado, molesto; me dio coraje que esto pueda pasar aquí en este estado, en este país, que esto se permita”, continuó el ejecutivo municipal.
Baraka reveló haber recibido una serie de llamadas y correos electrónicos que no fueron muy buenos y en los que se le cuestionaba su proceder en favor de los migrantes.
En uno de los mensajes, se indicaba que los migrantes eran peligrosos, violadores y asesinos, y que deliberadamente el país los ha protegido por demasiado tiempo. Le indicaron además que vería lo que pasaría si desafiaba al gobierno federal.
“El problema con esto es que ninguna de estas personas son violadores o asesinos o criminales. El problema con esto es que ICE actuó sin orden judicial. Y nosotros podemos diferir en política; puedes diferir de mí sobre el rol que los inmigrantes juegan en la economía de nuestra comunidad; puedes diferir conmigo sobre el hecho de que la mayoría de los inmigrantes no son criminales y que son víctimas de la violencia en las comunidades; o podemos diferir sobre el apoyo o no a las deportaciones masivas. En lo que debemos estar de acuerdo es que lo que separa este país de muchos otros países en el mundo es la Constitución de Estados Unidos”, expuso el alcalde de Newark en referencia a la Cuarta Enmienda de la Constitución.
La disposición constitucional establece que no se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y que tampoco expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil o que estén corroboradas por juramento o afirmación.
En resumen, las autoridades estadounidenses no pueden realizar registros o incautaciones irrazonables, y, para hacerlo, se debe tener una causa probable.
En respuesta al proceder de sus agentes en el negocio de Nueva Jersey, un portavoz de ICE defendió el trámite.
“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede encontrarse con ciudadanos estadounidenses mientras realizan trabajo de campo y podrían solicitarle identificación para establecer la identidad del individuo como fue el caso durante una operación de aplicación de la ley dirigida en un sitio de trabajo el 23 de enero en Newark, Nueva Jersey. Esta es una investigación en curso y debido a las políticas de ICE, no podemos discutir investigaciones en proceso”, planteó la agencia.
Desde el momento en que asumió su segundo mandato, Trump empezó a firmar varias órdenes ejecutivas. Trump declaró una emergencia migratoria nacional y estableció las bases para el proceso de deportación masiva que prometió durante su campaña.
Mediante uno de los decretos, Trump ordenó el despliegue de 1,500 soldados para asegurar la frontera con México.
Además, agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) tendrán ahora la facultad para colaborar con las autoridades migratorias en Estados Unidos en el arresto y procesamiento de migrantes, acorde con una nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Otra directriz, pero del Departamento de Estado, obligó a cancelar los vuelos de miles de refugiados
De acuerdo con la cadena BBC, el documento fue emitido luego de que el republicano firmara una orden ejecutiva para suspender el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP).
Trump además intenta dejar sin efecto el derecho a la ciudadanía por nacimiento que establece la Constitución federal. Esta orden, sin embargo, fue suspendida temporalmente por un juez de Seattle al catalogar la acción de inconstitucional.
Adicional, la Administración Trump dejó sin efecto la política establecida en el 2011 que impedía a agentes migratorios realizar arrestos en espacios sensitivos como iglesias y escuelas.
ICE confirmó que las primeras redadas el jueves dejaron un saldo de al menos 538 arrestos.
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