¿Qué significa que el Departamento de Justicia le quite fondos a “ciudades santuario” de migrantes como Nueva York?
Poco después de haber sido juramentada al cargo, Pam Bondi firmó 14 memos, entre los que se encuentra el dirigido a ciudades que protegen a indocumentados
La fiscal general Pam Bondi tras ser juramentada al cargo por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Crédito: Evan Vucci | AP
Nueva York – La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, suspendió este miércoles la asignación de fondos del Departamento de Justicia para las llamadas “ciudades santuario” o jurisdicciones que se resisten a cooperar con las autoridades federales de inmigración en el arresto y procesamiento de indocumentados.
Poco después de haber sido juramentada al cargo por el presidente Donald Trump, la funcionaria anunció la firma de 14 memos entre los que se encuentra el dirigido a las autoridades en ciudades que protegen a esta población como Nueva York; Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Philadelphia, Pennsylvania, y Washington, D.C.
El documento con “Directrices para las jurisdicciones santuario” indica que estas demarcaciones no deben recibir subvenciones administradas por el Departamento de Justicia si no colaboran con las federales.
“El Departamento ejercerá su propia autoridad para imponer cualquier condición de financiamiento que no viole limitaciones constitucionales o estatutarias”, lee el documento nombrado “Poner fin a la financiación de Jurisdicciones Santuario“.
“Leyes federales proveen para que jurisdicciones estatales y locales ‘no puedan prohibir o de ninguna manera restringir, a ninguna entidad gubernamental u oficial de enviar o recibir de [oficiales de inmigración federales] información relacionada con la ciudadanía o el estatus migratorio, legal o no legal, de cualquier individuo’”, añade el memo.
El documento señala que las llamadas jurisdicciones santuario incluyen jurisdicciones estatales o locales que se nieguen a cumplir con el Título 8 del Código de Estados Unidos o “Ley de Inmigración o Nacionalidad”.
“Consistente con la autoridad legal y pasada práctica, el Departamento le requerirá a cualquier jurisdicción que aplique para ciertas subvenciones a cumplir con Título 8… Dentro de un periodo de 30 días, el fiscal general asociado, en coordinación con componentes que proveen subvenciones del Departamento, van a reportar a la fiscal general sobre las subvenciones a los que este requisito aplica. Adicional, en la medida en que sea compatible con los estatutos, regulaciones y términos aplicables, el Departamento podría buscar ajustar futuras subvenciones para promover un sistema legal de migración, y para reducir esfuerzos de jurisdicciones estatales o locales para socavar un sistema legal de migración”, detalla el texto.
Limitación de fondos para organizaciones que brindan servicios a migrantes
Por otro lado, Justicia pidió identificar y evaluar todos los acuerdos de financiamiento con organizaciones no gubernamentales que proveen apoyo a migrantes indocumentados.
“Todos los componentes del Departamento que proveen financiamiento federal a organizaciones no gubernamentales inmediatamente deben identificar todos los contratos, subvenciones u otros acuerdos con organizaciones que apoyan u proveen servicios a inmigrantes indocumentados o en proceso de remoción”, establece el memo.
A esos fines, cada componente debe pausar la distribución de fondos por 60 días luego de cumplir con cualquier notificación y requisito procesal, así como identificar las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos y describir los servicios y apoyo que proveen.
Por qué existen las “ciudades santuario”
Las ciudades santuarios fueron creadas con el fin de proteger a los migrantes más vulnerables y contrarrestar las políticas migratorias excesivas del gobierno federal.
Los defensores de los derechos de este grupo consideran que las comunidades son mucho más seguras cuando los migrantes confían en las autoridades de ley y orden locales. Según este sector, las ciudades se vuelven más seguras porque los extranjeros están más dispuestos a colaborar con la Policía para, por ejemplo, servir como testigos y reportar crímenes de distinta índole, incluyendo casos de violencia doméstica.
Los que se oponen a las políticas, sostienen lo contrario, porque muchas de las personas a las que protegen las ciudades santuario no residen legalmente en el país. Además argumentan que incentivan una mayor llegada de indocumentados a Estados Unidos.
En los casos en los que migrantes entran por la frontera sin inspección o intentan entrar a EE.UU. después de haber sido deportados, estos sí implican delitos criminales. En el primer caso, uno menor y, en el segundo, grave.
Cómo surgieron las “ciudades santuario”
El establecimiento de ciudades santuario inició en los 80 cuando, aproximadamente, 1 millón de salvadoreños y guatemaltecos huyeron de sus países por la guerra civil y pidieron asilo en EE.UU., según una hoja informativa de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales o NCSL.
En aquel momento, el entonces presidente republicano Ronald Reagan los identificó como “migrantes económicos” y solo otorgó asilo a un número limitado de solicitantes. Organizaciones, particularmente, religiosas, iniciaron una movilización santuario para asistir a estes recién llegados con alimentos, cuidado médico, entre otras ayudas.
En cuanto al concepto traducido a las ciudades, la primera en adoptar las políticas fue Chicago en el 1985. Sin embargo, fue San Francisco, en California, en 1989, la primera en promulgar políticas en esa dirección, a través de la ordenanza número 12 o la ordenanza “Ciudad y condado de refugio”. La ordenanza prohíbe el uso de fondos o recursos de la ciudad para asistir en el reforzamiento de leyes federales migratorias o recabar información relacionada con el estatus migratorio de individuos en la ciudad o el condado de San Francisco.
Actualmente, varios condados también cuentan con políticas santuario.
Los límites constitucionales
Ser una jurisdicción santuario no significa que las autoridades locales no entregan a las federales a indocumentados que cometen delitos, sino que la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se basa, principalmente, en si se ha emitido una orden de detención federal o si la persona ha sido condenada por un delito grave.
Bajo la Constitución de Estados Unidos, la responsabilidad de formular y hacer cumplir las políticas migratorias le corresponde a las autoridades federales.
En ese sentido y bajo la Décima Enmienda, los estados pueden negarse a ayudar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que mantienen autoridad dentro de sus propias fronteras, apunta un análisis de Brennan Center for Justice.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo, en la práctica, también se ha dado lo contrario.
El caso de Texas es emblemático. Bajo la jefatura de Greg Abbott, el estado ha implementado sus propias leyes estatales antimigratorias. Una es la SB4, que tipifica como delito que una persona ingrese al estado procedente de una nación extranjera por cualquier vía no legítima. El estatuto, firmado por el gobernadora republicano en diciembre del 2023, le permite a las autoridades locales detener y encarcelar a una persona sospechosa de entrar a EE.UU. sin autorización.
Respuesta de las autoridades en ciudades santuario
A raíz del más reciente memo del Departamento de Justicia, varias jurisdicciones santuario reafirmaron su compromiso en hacerle frente a las disposiciones de la Administración Trump.
La Junta de Supervisores de San Francisco, por ejemplo, aprobó de manera unánime una resolución en apoyo a las políticas santuario como una forma simbólica de rechazo a las recientes órdenes ejecutivas migratorias.
En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass dijo que batallarán contra cualquier recorte de fondos de parte de Justicia. “La ciudad de Los Ángeles cumple con la ley federal y nos opondremos a cualquier intento de recortar los fondos que son críticos para la seguridad pública de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad orgullosa de sus inmigrantes y seguiremos protegiendo a todos los angelinos”, declaró Bass según citada por Telemundo.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, indicó a través de la red social X, este jueves, que la ciudad continuará siendo una que le da la bienvenida a los migrantes.
“La Administración Johnson está dedicada a la seguridad, a las comunidades fuertes y a las inversiones en salud mental, empleo juvenil y vivienda asequible”, compartió el ejecutivo municipal.
En respuesta a la demanda federal presentada ayer por el Departamento de Justicia por dificultar las labores de las autoridades migratorias federales en la ciudad, Johnson dijo que Departamento Legal revisa el recurso.
“La seguridad de los residentes de Chicago continúa siendo la prioridad principal de la Administración Johnson. Chicago continuará protegiendo y defendiendo a la gente trabajadora contra los ataques a nuestros valores de largo tiempo”, sostuvo Johnson.
En el caso de la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams se ha mostrado más abierto a ceder a las presiones del gobierno federal.
La Administración dijo que colabora con los agentes de ICE durante operaciones específicas a lo largo de la ciudad.
Una nueva guía fue circulada a trabajadores municipales, que incluye escuelas y sistema de refugios, sobre qué deben hacer si oficiales de ICE llegan a hacer un arresto y sienten que su seguridad está en riesgo.
El documento, que citan medios locales, señala que, en cualquier momento que sientan que su seguridad o la de otros esté amenazada, le deben dar a los oficiales la información que están buscando y permitirles acceso al lugar para examinar a migrantes indocumentados.
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