Corte Suprema frena temporalmente el regreso del migrante deportado por error a El Salvador
Kilmer Ábrego García, residente de Maryland y casado con una estadounidense, fue señalado como supuesto miembro de la Mara Salvatrucha
Jennifer Vásquez, esposa de Kilmar Ábrego, suplicó al presidente Nayib Bukele Crédito: Jose Luis Magana | AP
El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió este lunes, hasta nueva orden, la decisión de una jueza federal que exigía el regreso inmediato del salvadoreño Kilmer Armado Ábrego García, quien fue deportado “por error” a El Salvador y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad de ese país.
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La medida la firmó el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, y otorga más tiempo al Gobierno de Estados Unidos, que había apelado la orden de repatriación emitida por la jueza Paula Xinis desde un tribunal de Maryland.
La decisión de Xinis establecía como plazo límite este mismo lunes para traer de vuelta al migrante.
Roberts también pidió a las partes involucradas presentar argumentos adicionales antes del martes a las 17:00 horas de Washington para que el Supremo evalúe si interviene de manera definitiva en el caso.
Kilmer Ábrego García, residente del condado de Prince George en Maryland y casado con una ciudadana estadounidense, fue señalado por un informante en 2019 como supuesto miembro de la pandilla MS-13, lo que activó un proceso de deportación.
Aunque un juez le concedió una suspensión tras solicitar asilo, el pasado 12 de marzo fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, alegando que su estatus había cambiado.
Días después, fue incluido en uno de los tres vuelos que deportaron a más de 200 venezolanos y varios salvadoreños a El Salvador el 15 de marzo. Una vez allí, lo enviaron directamente al Cecot, conocido por su régimen extremo de seguridad y el encierro masivo de presuntos pandilleros.
El Gobierno estadounidense admitió ante la corte que la deportación fue producto de un “error administrativo”, aunque argumentó que las decisiones sobre política exterior y seguridad nacional corresponden al presidente y no a los tribunales federales.
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