Secretario del DDEC dice que le corresponde a la legislatura de Puerto Rico decidir rumbo del ICP
En el Senado, se presentó el proyecto 273 que busca transferir las funciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Departamento de Desarrollo Económico
El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) ubica en el Viejo San Juan. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – Sebastián Negrón Reichard, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), dijo que la discusión sobre la propuesta para transferir las funciones del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) a la agencia que dirige se centra en el tema de concesión de permisos.
Según el funcionario, la intervención del DDEC se limita a examinar las opciones disponibles para resolver ese asunto en particular. En ese sentido, Negrón Reichard dejó en manos de la legislatura en la isla la decisión final sobre una potencial transferencia.
“La labor de la protección y la promoción de la cultura de Puerto Rico es extremadamente importante, y esa labor del Instituto ha sido importante y clave en las pasadas décadas. Proteger la cultura es esencial para Puerto Rico”, dijo el secretario del DDEC al ser cuestionado por El Diario sobre el tema.
“Entiendo que el issue que viene a la luz pública sobre el Instituto de Cultura es que muchas veces se tarda más de lo que requiere la ley para proveer endosos para proyectos de construcción; entiéndase para permisos. Hay una propuesta, nosotros estamos viendo qué tal si se atienden esos temas de permisos relacionados con el Instituto directamente en la Oficina de Gerencia de Permisos que es parte del DDEC”, continuó.
Negrón Reichard insistió en que es la Asamblea Legislativa la entidad que debe determinar si es conveniente o no transferir las funciones y de qué manera.
“Nosotros le damos deferencia a la Legislatura en cómo quiera entender el tema; desde qué oficina se atiende la cultura. Nosotros lo que nos estamos enfocando es en la parte de permisos, si habría algún beneficio en que sea parte del DDEC, y eso es lo que hemos mantenido en nuestras conversaciones, porque nosotros no somos expertos en la otra parte, sino en la parte de permisos y cómo se puede agilizar”, expuso.
“O sea, ¿que no es lo mismo (trasladar la oficina versus atender el asunto de permisos)?”, indagó este medio.
“Yo no estoy entrando en si trasladar o no. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros entendemos que el punto débil que ha tenido y lo que se quiere sacar a relucir es que muchas veces el Instituto de Cultura ha hecho que se atrase la otorgación de endosos que son necesarios para mover un permiso hacia adelante. En ese sentido, nosotros vemos unas sinergias con el trabajo que hace la Oficina de Permisos. Ahí es donde limitamos nuestro análisis, en decir, ‘eso puede ser de más beneficio para Puerto Rico’. Se haga más ágil dentro del Instituto o se traiga al DDEC, lo importante es que se muevan y que se siga la ley al pie de la letra que hay unos días calendarios para otorgar un endoso o una consideración negativa sobre un potencial permiso, y eso es importante que se dé para movernos hacia adelante”, abundó.
Este rotativo le preguntó al respecto al funcionario como parte de una entrevista en el marco de su visita a Nueva York la semana pasada para participar de la conferencia de comercio INTERPHEX 2025.
¿Que propone el proyecto del Senado 273?
El proyecto del Senado 273, presentado por el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, busca derogar la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955 a los fines de transferir las funciones de “conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles, los activos y funciones de custodias de arte que se encontraban bajo la custodia del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio”.
El texto de la propuesta de ley inicia: “La riqueza de nuestra cultura no debe ser patrimonio exclusivo de un sector, sino un recurso compartido por toda la ciudadanía y ser una pieza importante en el desarrollo económico y social de Puerto Rico”.
Los proponentes plantean en la exposición de motivos que la estructura del ICP se ha vuelto obsoleta y burocrática, lo que ha llevado a “redundancias y obstáculos que han limitado su impacto y su relevancia frente a las prioridades actuales de Puerto Rico”.
“Entre los problemas más notables se encuentra la duplicidad de funciones en áreas críticas como la evaluación de permisos relacionados con trabajos de construcción y reconstrucción. Esta duplicidad ha generado retrasos y ha afectado el progreso de proyectos esenciales para el desarrollo de infraestructura en Puerto Rico. Además, la falta de una comunicación efectiva entre el ICP y organismos clave como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación (JP) ha dificultado el flujo de trabajo, aumentando las ineficiencias y los costos tanto para el gobierno como para los ciudadanos retrasando la ejecución de obras necesarias para el bienestar colectivo”, expone el texto del proyecto.
Oposición de sectores dentro y fuera de la isla
Diversos sectores, incluyendo varios en la diáspora, han alertado que, por el fin y naturaleza distinta de ambas entidades, no se deben transferir las gestiones del ICP al DDEC.
La Agenda Nacional Puertorriqueña o National Puerto Rican Agenda (NPRA) recientemente expresó su “fuerte” oposición al plan, ya que entiende que supone una grave amenaza a la identidad cultural del país.
“Esta medida busca transferir la autoridad del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Nosotros urgimos al Senado de Puerto Rico a rechazar el proyecto de ley 273 para salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico”, indicaron en un comunicado enviado a este periódico.
En ese sentido, los activistas mencionan el impacto que han tenido las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal desde el 2016 como resultado de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso federal.
“Esta Junta ya ha impuesto severas limitaciones financieras a Puerto Rico, llevando a un declive en la disponibilidad de bienes y servicios. Permitirle al Departamento de Desarrollo Económico tener el control de las instituciones culturales pone en riesgo de erosión la identidad nacional única del archipiélago”, sostuvieron.
A juicio de los reclamantes, ante un proyecto de ley que “deshonra la historia”, los puertorriqueños están listos para hacerle frente.
Según la entidad, la “vitalidad económica” de Puerto Rico está entrelazada con su patrimonio cultural, y, cualquier intervención en esa dirección, afectará la inversión en la isla.
“Despojar al archipiélago y a su gente de sus instituciones históricas y culturales no solo los perjudicará, sino que también impactará significativamente el futuro de la inversión estadounidense en la región”, plantearon desde NPRA que suma a activistas boricuas en nueve estados de Estados Unidos.
Previamente, el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College (Center for Puerto Rican Studies o El Centro) cuestionó la intención de derogar la ley que creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña a través del proyecto 273.
A juicio de los operadores de El Centro, principal espacio investigativo sobre la población puertorriqueña en Nueva York, el proyecto legislativo no sólo elimina la autonomía institucional del ICP, “sino que supedita y subordina la misión y las funciones del ICP al buscar integrar la promoción y preservación de la cultura con las estrategias de desarrollo económico”.
“Al apoyar el proyecto del Senado 273, el gobierno de Puerto Rico indicaría que sólo valorará los activos del ICP y sus actividades que aporten a la economía de Puerto Rico y no los componentes de costosa inversión cultural y educativa que no obstante también constituyen el conjunto del acervo cultural que el ICP tiene bajo su custodia”, destacó la entidad en un parte de prensa divulgado en febrero pasado.
Los encargados de El Centro cuestionaron en espécifico el lenguaje que indica que “el traslado de funciones” del ICP al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio “garantiza que la cultura no solo sea preservada como un legado, sino que también sea utilizada como un motor de innovación, inclusión y crecimiento económico.”
“El patrimonio cultural puertorriqueño, tangible e intangible, lo creamos todes, nos pertenece a todes, dentro y fuera del archipiélago, y nos corresponde a todes salvaguardarlo; por lo que entendemos que este es un asunto de interés para toda la comunidad puertorriqueña”, puntualizaron.
La medida fue referida a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni, también del PNP.
Hace aproximadamente una semana, Rivera Schatz declaró que la pieza legislativa no busca eliminar el ICP sino “reubicar” la entidad en otra agencia.
“El proyecto no elimina el Instituto. Lo que hace es que lo reubica. Pero tampoco estamos cerrados a todas las alternativas. Lo que queremos es que al final del camino, todos lo que de verdad creen en la cultura puertorriqueña y que reconocen que hay un fracaso administrativo y en la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico, se sienta satisfecho de que comenzamos a caminar en la dirección correcta”, dijo el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) a preguntas de la prensa.
El ICP fue creado por la Ley 89 de 1955, el 21 de junio. Su fin general era estudiar, conservar y promover la cultura puertorriqueña. Su impulsor y primer director fue el historiador Ricardo Alegría.
Una de los intenciones principales detrás de la creación del ICP fue luchar contra la asimilación cultural y el condicionamiento colonial, que, a juicio de Alegría, llevaba a muchos puertorriqueños a despreciar lo que fuera autóctono y privilegiar lo extranjero.
