LatinoJustice evalúa solicitar interdicto para que DHS y ICE brinden información sobre arrestos de boricuas en operativos migratorios
Ya se cumplió el término para que las agencias federales respondieran a una solicitud que hizo la organización bajo FOIA o Ley de Libertad de Información
Foto de 2018 de un migrante arrestado en Richmond, Virginia. Crédito: Steve Helber | AP
Nueva York – Roberto Cruz, abogado de la región sureste de la organización LatinoJustice PRLDEF, confirmó a El Diario que están analizando presentar un pleito judicial ante la no respuesta de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la solicitud de información bajo FOIA (Ley de Libertad de Información o Freedom of Information Act) sobre el arresto “ilegal” de puertorriqueños en operativos migratorios.
“No hemos recibido respuesta. El término que le habíamos dado para contestar ya venció... Ahora estamos determinando cuál es nuestro próximo paso a seguir, y, definitivamente, no descartamos acudir a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a la información y el derecho público a esa información a través de la ley FOIA”, afirmó el abogado en entrevista con El Diario.
La entidad, con sede en Nueva York, anunció el pedido de acceso el 24 de febrero pasado. Bajo el estatuto, las partes emplazadas tienen 21 días para responder al requerimiento. Ese periodo ya se cumplió. Las agencias también pueden abstenerse de liberar la información bajo ciertas excepciones como, por ejemplo, asuntos de seguridad nacional.
Los activistas están evaluando, en estos momentos, solicitar un interdicto preliminar para presionar al gobierno federal a que responda al pedido de datos sobre los operativos y redadas migratorias, y su impacto tanto en la comunidad boricua como en otras.
El pedido de FOIA se le envió al DHS, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al llamado “zar de la frontera”, Tom Homan.
Ese fue el paso posterior al envío de una carta, el 6 de febrero, a Homan, en la que le solicitaban una revisión completa de las prácticas de ICE para garantizar el cumplimiento con las protecciones constitucionales contra la discriminación racial y el origen nacional. En el escrito, también emplazaron a las agencias a que establecieran directrices a los agentes del ICE para que estos no intervengan con ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño.
Cruz argumentó que podrían recurrir al tribunal en vista del alto interés público en el tema.
“Usualmente, antes de ir a un tribunal, hay que agotar los remedios administrativos. Hay una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Procedimiento Administrativos (APA) que requiere que una persona a la que se le haya denegado algún tipo de remedio haga una apelación administrativa. Hay una excepción a esa regla cuando hay casos de alto interés público (como este)”, planteó el puertorriqueño.
El abogado añadió que, si logran demostrar ante la corte lo anterior, el requisito de agotar los remedios administrativos quedaría atrás y el tribunal podría tomar una decisión sobre el caso de una forma expedita.
“Una de nuestras alternativas es decirle al tribunal, ‘este asunto es de tanto interés público y está causando tanto miedo en la comunidad, y está afectando no solo la salud emocional, sino la económica de la comunidad hispana en Estados Unidos, que necesitamos que esa información se nos provea lo antes posible’, para entonces nosotros comunicárselo a la comunidad y que tengan una manera de informarse y aplacar ese miedo que existe”, abundó.
“¿Cuánto tiempo más ustedes le van a dar a las agencias para ver si contestan?”, indagó El Diario.
“Es una pregunta que en este momento no te puedo contestar porque estamos en medio de esa de decisión”, respondió.
Qué quiere saber LatinoJustice sobre detenciones de boricuas a manos de ICE
El argumento base de la solicitud de Latino Justice es que las agencias federales han incurrido en “persecución ilegal” y que sus agentes han actuado motivados por perfil racial.
LatinoJustice pidió todos los registros relevantes y comunicaciones internas relacionadas con las políticas y procedimientos de ICE sobre sus prácticas de aplicación de la ley de inmigración en las detenciones y redadas en curso, que incluyen algunas dirigidas a personas y establecimientos comerciales puertorriqueños.
La organización busca determinar si los oficiales migratorios, al momento de intervenir, están siguiendo o no el debido proceso de ley y si sus prácticas son o no discriminatorias.
En una entrevista previa con este rotativo, Cruz indicó que quieren que la Administración Trump aclare de qué manera va a proceder con boricuas en caso de que estos se encuentren en un espacio en el que agentes migratorios estén realizando un operativo o redada.
“Específicamente, con los puertorriqueños, tenemos la duda sobre qué clase de evidencia van a necesitar estos oficiales y agentes para determinar si una persona es de Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, que en Puerto Rico una persona que no sea ciudadana puede obtener una licencia de conducir. Así que, si una persona que está en el estado de Nueva Jersey, tiene una licencia de conducir de Puerto Rico, puede ser que para las autoridades federales no sea suficiente para demostrar ciudadanía. Esos son los detalles que nosotros tenemos que saber para difundirlo a la luz pública y que el pueblo esté consciente de cómo afrontar este tipo de intervención de las agencias federales”, abundó.
“Cargar con un certificado de nacimiento o pasaporte, sería una opción, diría yo, absurda; pero queremos saber si eso es suficiente evidencia, bajo los nuevos criterios de emergencia nacional, para que una persona no tenga que ser detenida”, añadió.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, primero bajo la Ley Jones de 1917; y luego por la Ley de Nacionalidad de 1941. No se supone que estén sujetos a los procedimientos regulares de migración del gobierno federal.
Tres denuncias sobre intervención ilegal de ICE con boricuas
Tres denuncias en particular en tres estados distintos forman parte del pedido de FOIA. Los eventos que involucraron a boricuas se habrían reportado, en enero pasado, en Philadelphia, Pennsylvania; Newark, Nueva Jersey; y Milwaukee, Wisconsin.
El incidente en Philadephia ocurrió en “Boricua Restaurant”, donde agentes intentaron entrar al área de la cocina, pero los propietarios les negaron el acceso bajo el argumento de que necesitaban una orden judicial para intervenir.
En NJ, un exmilitar boricua fue arrestado junto a otros dos empleados de Ocean Seafood Depot. El puertorriqueño, que es gerente del almacén, alegadamente explicó que era ciudadano estadounidense, pero aún así lo detuvieron.
En el caso de Milwaukee, que fue reportado inicialmente por Telemundo Puerto Rico antes de volverse viral en redes sociales, una persona alegó que parientes fueron detenidos erróneamente por agentes de ICE en una tienda por departamento.
El denunciante, que no reveló su identidad en la entrevista televisiva, añadió que oficiales intervinieron con ellos presuntamente porque hablaban español.
“Los escucharon hablando español. Estaba mi hermana con su suegra y un niño menor de 3 años, mi sobrino. Había otras personas también hablando español. Simplemente, (los agentes) le dijeron que los acompañaran; los escoltaron hasta una guagua (camioneta), los montaron a todos a una guagua y los llevaron a un centro de detención. No le dieron la oportunidad de hablar durante ese proceso, desde la tienda hasta el interior de la guagua. No es hasta que se pueden bajar que mi hermana, hablando inglés, les explica que no solamente son ciudadanos americanos, sino que son de Puerto Rico; ellos son nacidos en Puerto Rico”, señaló la persona entrevistada.
La fuente dijo que no fue hasta que mostraron documentos que acreditaban su identidad que pudieron liberarse del personal migratorio.
ICE, por su parte, descartó que ocurriera la intervención y tildó de falsa la denuncia en declaraciones a un periódico local.
Sobre este incidente, Cruz dijo que no han podido establecer contacto con los denunciantes.
“Desafortunadamente, en Milwaukee no hemos podido obtener contacto. Sí hicimos acercamientos a través de terceros, pero entendemos que estas personas no han estado disponibles para entrevista, y nosotros no vamos a intervenir si no quieren”, indicó a preguntas de este medio.
“Yo no sé si ellos tienen representación legal. La realidad es que hemos hecho los intentos a través de terceros de comunicarnos con ellos, pero no lo hemos logrado”, agregó el portavoz de LatinoJustice.
En los argumentos contenidos en la solicitud bajo la Ley de Libertad de Información también se menciona el operativo masivo de agentes federales en Barrio Obrero, Puerto Rico, en el que más de 40 personas fueron arrestadas el pasado 26 de enero.
Cruz insistió en que, a pesar de que el pedido bajo FOIA fue a raíz de sucesos que involucran a puertorriqueños, lo que se determine como resultado de la discusión afectará a miembros de otras comunidades hispanas y de otros orígenes.
“Hemos recibido información de distintas iglesias y de la manera en que (las intervenciones de ICE) están afectando sus establecimientos, y también las escuelas que están asociadas con esas iglesias”, resaltó el abogado sobre una de las preocupaciones mayores ante su consideración.
“Eso es lo que estamos viendo mucho ahora, que hay mucho miedo dentro de las organizaciones religiosas o de servicios sociales que se están viendo impactadas por todo este asunto”, continuó.
El 20 y 21 de enero, el presidente firmó varias órdenes ejecutivas sobre migración como parte de la declaración de emergencia nacional, que entre otras cosas, amplían los recursos y el campo de acción de las autoridades federales en cuanto a redadas y operativos.
Adicional, el DHS emitió una directriz que deroga las disposiciones de la Administración Biden dirigidas a limitar el acceso de oficiales migratorios de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los llamados espacios “sensibles” que comprenden iglesias y escuelas, entre otros recintos.
A mediados de este mes, una jueza federal declinó bloquear la política de la Administración en cuanto a acceso a lugares sensitivos.
27 grupos religiosos, que incluyen a cristianos y judíos, habían alegado que las acciones de Trump violan la libertad de religión, entre otros derechos consignados por la Constitución de Estados Unidos.
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