Tres órdenes ejecutivas firmadas por Trump esta semana que afectan a escuelas y universidades
Los decretos abordan la inteligencia artificial, la acreditación de los centros de educación superior y la disciplina escolar
Este miércoles, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas relacionadas con educación. Crédito: Alex Brandon | AP
Nueva York – Una de las órdenes ejecutivas firmadas este miércoles por el presidente Donald Trump busca prevenir la discriminación racial en la aplicación de la disciplina escolar.
Trump le dio paso ayer al decreto nombrado “Restableciendo políticas de disciplina escolar de sentido común”.
Uno de los fins de la acción, que forma parte de la campaña en contra de las iniciativas DEI (diversidad, equidad e inclusión), es que la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, emita una guía a estados y distritos escolares para que no se involucren en discriminación racial bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en todos los contextos, incluyendo la disciplina escolar.
La Administración Trump considera que apoyar iniciativas DEI o de acción afirmativa a favor de las minorías viola el Título VI de la referida ley que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional en programas y actividades que reciben asistencia financiera federal.
Ese artículo busca asegurar que todos los individuos tengan igual acceso a programas y servicios financiados por el gobierno federal.
De acuerdo con el presidente, las guías federales previas estaban basadas en ideología de equidad discriminatoria e ilegal.
“La secretaria de Educación tomará las medidas apropiadas con respecto a las LEA (Agencia de Educación Local) y SEA (Agencia de Educación Estatal) que no cumplan con las protecciones del Título VI contra la discriminación racial en la aplicación de la disciplina escolar”, lee la orden.
El texto menciona que, en enero de 2014, el Departamento de Educación y el de Justicia emitieron una carta conjunta sobre disciplina escolar denominada “Estimado colega”.
Trump considera que la misiva requería que las escuelas discriminaran sobre la base de la raza, imponiendo disciplina basada en características raciales y no en el comportamiento objetivo.
Según la Administración, “en esa carta, el Departamento de Educación y el Departamento de Jusitica explicaron que las escuelas podían estar violando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y podían perder financiamiento federal, si sus decisiones disciplinarias entraban en conflicto con un marco de impacto dispar recientemente impuesto bajo el que las políticas disciplinarias neutrales en cuanto a la raza, aplicadas de manera imparcial, pueden ser inapropiadas si los miembros de cualquier grupo racial son suspendidos, expulsados o remitidos a las fuerzas del orden en tasas más altas que otros”.
El decreto argumenta que, en el 2023, la Administración Biden emitió nuevas guías digiridas a recopilar, analizar y ajustar sus políticas disciplinarias a la luz de los datos disciplinarios raciales.
“Como consecuencia de estas políticas, maestros y estudiantes están sufriendo niveles crecientes de desorden en el aula y violencia escolar”, plantea el presidente a través del documento.
No está claro cuál sería el impacto concreto de la orden en los procesos en las escuelas.
Énfasis en inteligencia artificial en las escuelas
La medida administrativa es una de seis relacionadas con educación que el presidente firmó ayer. Otra va dirigida a incorporar la inteligencia artificia (AI) en las escuelas mediante una mayor asociación con el sector privado.
El documento instruye a McMahon a que priorice los fondos de la agencia al entrenamiento de maestros y administradores para la enseñanza con IA.
“Para lograr esta visión, también debemos invertir en nuestros educadores y dotarlos de las herramientas y el conocimiento necesario, no solo para capacitar a los estudiantes en IA, sino también para utilizarla en sus aulas y mejorar los resultados educativos. Los programas de desarrollo profesional centrados en la educación en IA capacitarán a los educadores para guiar con confianza a los estudiantes en este campo complejo y en constante evolución”, lee la orden titulada “Fomento de la educación en inteligencia artificial para la juventud estadounidense”.
El decreto afirma que es la política de EE.UU. promover la alfabetización y la competencia en IA entre los estadounidenses por medio de la integración adecuada de la IA en la educación.
A esos fines, Trump creó un Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial compuesto por secretarios de varias agencias que incluyen los de Agricultura y Energía.
El director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología será el presidente del “task force”.
“Las agencias representadas en el Grupo de Trabajo buscarán establecer asociaciones público-privadas con organizaciones líderes de la industria de IA, instituciones académicas, entidades sin fines de lucro y otras organizaciones con experiencia en IA y educación en informática para desarrollar de manera colaborativa recursos en línea enfocados en enseñar a los estudiantes desde jardín de infantes hasta 12º grado alfabetización fundamental en IA y habilidades de pensamiento crítico”, añade el documento.
Cambios en los procesos de acreditación de universidades
Una tercera orden que el presidente firmó ayer lleva como título “Reforma de la acreditación para fortalecer la educación superior”.
La movida, que también ataca las iniciativas DEI, busca cambiar los procesos de acreditación en las universidades.
El decreto dirige a la secretaria a responsabilizar a cualquier acreditador que falle en cumplir con los criterios de reconocimiento aplicables o que viole de otra manera la ley federal.
“Algunos acreditadores convierten la adopción de prácticas discriminatorias ilegales en un estándar formal de acreditación, y, por lo tanto, en una condición para acceder a la ayuda federal, mediante estándares de acreditación basados en la diversidad, equidad e inclusión (DEI), que exigen a las instituciones compartir los resultados en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el contexto de su misión, considerando la demografía y la asignación de recursos. Los acreditadores también han abusado de sus estándares de gobernanza para interferir en las competencias de las autoridades estatales y locales”, argumenta el gobierno federal en la orden.
Para Trump, el requisito a escuelas de Derecho, por ejemplo, de demostrar con acciones concretas un compromiso a la diversidad y la inclusión, incluyendo “comprometerse a tener un cuerpo estudiantil (y un cuerpo docente) que sea diverso en cuanto a género, raza y etnicidad”, viola la decisión de la Corte Suprema en el caso “Students for Fair Admissions, Inc. v. President & Fellows of Harvard College”.
Esta instrucción se da en medio del choque de Trump con administradores de universidades como Harvard.
Este lunes, la universidad demandó a Trump por el congelamiento en el financiamiento federal en respuesta a alegadas conductas antisemitas.
Para evitar el freno en los fondos, la Administración le había solicitado a los encargados del centro de estudio ciertos requisitos entre los que se encontraban poner fin a sus programas DEI y supervisar la ideológica de estudiantes extranjeros.
La acreditación universitaria es un requisito para que estas instituciones accedan a a ayuda financiera clave para funcionamiento. A juicio de Trump, los procesos de adjudicación de fondos están marcados por la ideología progresista.
No se tiene información al momento de cómo estas acciones afectarán jurisdicciones como Puerto Rico que es un territorio estadounidense.
En marzo pasado, la firma de la orden ejecutiva que desmantela el Departamento de Educación para darle mayor participación a los estados generó preocupación entre organizaciones magisteriales en la isla y en la comunidad escolar en general ante la posibilidad de que implique la paralización de fondos federales.
La Casa Blanca había dicho que los cambios no afectarían el financiamiento de programas como los de Título 1, educación especial y becas Pell, que son esenciales para los estudiantes más vulnerables económicamente en la isla y con discapacidades. Casi la mitad de los fondos bajo los que opera el Departamento en Puerto Rico provienen del gobierno federal.
A principios de este mes, el secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, confirmó que el gobierno federal detuvo el desembolso de unos $401 millones de dólares que ya estaban obligados para la isla. La mayoría del financiamiento iba dirigido a programas relacionados con la respuesta a la pandemia por COVID-19.
Por otro lado, Puerto Rico fue la primera jurisdicción que se comprometió con la Administración Trump a cumplir con la orden que prohíbe a entidades que reciben fondos federales impulsar iniciativas DEI.
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