Colorado aprueba ley que limita cooperación con ICE y protege a inmigrantes
Una nueva ley de Colorado impide que las cárceles locales mantengan detenidas a personas únicamente por motivos relacionados con su estatus migratorio
La bandera del estado de Colorado ondea al viento. Crédito: Thomas Peipert | AP
Con el respaldo de la mayoría demócrata, la Cámara de Representantes de Colorado dio luz verde este lunes a una legislación que reduce la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y endurece las restricciones a la colaboración con agencias federales.
La medida, conocida como SB25-276, ahora queda en manos del gobernador Jared Polis, quien ya ha anunciado su intención de firmarla.
Impulsada por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas demócratas, la nueva ley elimina varios requisitos que afectaban a los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, ya no se les exigirá presentar una declaración jurada sobre su elegibilidad migratoria al solicitar documentos estatales de identidad, como licencias de conducir.
Además, la legislación impide que las cárceles locales mantengan detenidas a personas únicamente por motivos relacionados con su estatus migratorio.
También prohíbe que agencias policiales de Colorado o de otros estados realicen arrestos en el territorio simplemente por sospechas de que alguien no tiene documentos válidos de inmigración.
Otra disposición clave de la SB25-276 es la restricción a los convenios entre las agencias locales y el ICE, incluso si estos no implican pagos o compensación económica.
Asimismo, los inmigrantes sin papeles podrán solicitar la anulación de una declaración de culpabilidad si en su momento no fueron informados de las consecuencias migratorias de ese acto.
Aunque la ley mantiene la posibilidad de cooperar con autoridades federales en casos de delitos federales o si hay una orden judicial, el paquete refuerza el carácter de “estado santuario” de Colorado, desafiando abiertamente las políticas del expresidente Donald Trump, quien ha culpado a estas jurisdicciones de entorpecer el trabajo migratorio.
Desde Washington, el gobierno federal respondió la semana pasada con una demanda en contra del gobernador Polis, el fiscal estatal Phil Weiser y el alcalde de Denver, Mike Johnston, por estas políticas. Acusó además que estas medidas habrían facilitado la expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en Aurora, suburbio de Denver.
Sin embargo, autoridades locales, incluyendo el alcalde republicano Mike Coffman, admitieron la presencia de miembros de esa pandilla, pero rechazaron que hayan tomado el control de áreas enteras o que haya falta de colaboración con ICE.
“La fortaleza de Colorado está en permitir que todos contribuyan sin temor”, declaró la representante Elizabeth Velasco, en apoyo a la nueva legislación.
Con información de EFE.
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