Corte Suprema permite a Trump reanudar despidos masivos en dependencias federales
La Corte revocó de manera definitiva una suspensión temporal emitida por un tribunal federal en mayo
La Corte Suprema determinó que es legal el programa de despidos masivos de la administración federal implementado desde el DOGE. Crédito: AP
La Corte Suprema de Estados Unidos terminó por allanar el camino para la política de despidos masivos en dependencias federales, implementada por el presidente Donald Trump para reducir el gasto de la burocracia, aun ante la ola de advertencias de provocar parálisis en servicios gubernamentales críticos, al tiempo que cientos de miles de empleados federales perderán sus empleos.
Este fallo, de última instancia, anuló las órdenes emitidas por tribunales inferiores que habían suspendido de manera temporal los recortes propuestos tras una evaluación realizada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
La Corte determinó en una orden no firmada que no había recortes específicos frente a los jueces, solo una orden ejecutiva emitida por Trump y una directiva de la administración para que las agencias emprendieran reducciones de empleos.
Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson fue el único voto disidente y acusó a sus colegas de un “entusiasmo demostrado para aprobar las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
Trump justifica su política de despidos masivos
Sin embargo, Trump ha reiterado que con el triunfo electoral, los votantes le otorgaron la potestad para rehacer el gobierno federal, y por eso eligió a su aliado, Elon Musk, a través del DOGE. La labor quedó hecha, aun cuando Musk se distnació de Trump y apenas hace unos días dejó el cargo.
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, o bien pudieron optar por programas de despido voluntario a través de programas de renuncia diferida o incluso quedaron puestos en licencia. Si bien al momento se desconoce la cifra oficial del alcance de estos recortes, al menos 75,000 burócratas tomaron la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba perdieron sus empleos.
En mayo, la jueza federal Susan Illston suspendió la medida, luego que determinó que la administración de Trump necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la planta federal.
Sin embargo, casi de inmediato, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito se negó a bloquear la orden de Illston con una votación de 2-1, pues concluyeron que esta reducción podría tener efectos más amplios, incluyendo mejoras en el sistema de seguridad alimentaria del país y en la atención médica para veteranos.
Illston ordenó a numerosas agencias federales detener la orden de Trump emitida en febrero y un memorando posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal.
El camino al fallo del Tribunal Supremo
De inmediato, los sindicatos y organizaciones civiles apelaron la reducción y presentaron varios ejemplos de los efectos negativos que conllevaría esta medida, incluyendo recortes del 40% al 50% en varias agencias.
Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
En su primer mandato, Trump trabajó por conformar una Corte suprema conformada con personajes afines a su política y actualmente seis de sus nueve integrantes son de perfil claramente conservador y en sus fallos se han puesto del lado del presidente republicano en varios casos, incluyendo la libre aplicación de sus políticas migratorias extremas, como el caso de la ciudadanía por nacimiento.
Así como en la aprobación en el Congreso de un paquete masivo de recortes de impuestos y gastos, que Trump denominó su ley “grande y hermosa”.
En su fallo, el Tribunal Supremo señaló que es “probable” que la Administración de Trump “tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva” del presidente de recortar la plantilla son legales y añadió que no fue necesario evaluar la legalidad de ningún plan específico de despidos en las agencias federales.
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