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Gobernador de Illinois afirma que Trump no puede invocar “Ley de Insurreción” para militarizar ciudades como Chicago

La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de Estados Unidos para reprimir rebeliones o violencia doméstica

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois

Foto de archivo del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en una conferencia de prensa. Crédito: Nam Y. Huh | AP

NUEVA YORK – El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que para que el presidente Donald Trump invoque la Ley de Insurrección tiene que haber una rebelión, y eso no es lo que está ocurriendo en las demarcaciones a las que está desplegando tropas militares como es el caso de Chicago.

“Bueno, la Ley de Insurrección se llama Ley de Insurrección por algo“, planteó Pritzker en “This Week” de ABC News este domingo. “Tiene que haber una rebelión. Tiene que haber una insurrección para que se le permita invocarla. Repito, puede decir lo que quiera. Pero si la Constitución significa algo —y supongo que todos lo estamos cuestionando ahora mismo, pero los tribunales lo determinarán—, si la Constitución significa algo, no se puede invocar la Ley de Insurrección para obligarlos a intervenir porque quieren combatir la delincuencia“, expuso.

Las expresiones del funcionario se dieron luego de que el sábado un tribunal de apelaciones ratificó un fallo de la jueza federal de distrito April Perry en el que se deniega el pedido de la Administración Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en las calles de Chicago.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito, con sede en esa ciudad, además determinó que los soldados podrían permanecer bajo control federal por el momento.

Entre otras cosas, Perry había establecido que no había evidencia creíble de que haya habido rebelión en el estado de Illinois.

Las autoridades municipales y del estado habían presentado una demanda contra la movilización de militares en la ciudad por entender que el presidente está excediendo su poder ejecutivo bajo el discurso de combatir el crimen y la inmigración ilegal.

Chicago no es la primera jurisdicción demócrata en la que Trump ordena el despliegue de efectivos militares.

Los Ángeles, en California; Washington D.C., y Portland, Oregon, también se enfrentan al republicano por su decisión unilateral de militarizar y federalizar las fuerzas locales.

En el caso de Illinois, la mayoría de las protestas se han concentrado en el exterior del centro de procesamiento de ICE en la localidad de Broadview. La alcaldesa de ese suburbio de Chicago Katrina Thompson anunció ayer en la mañana que reducirá el área permitida para manifestantes.

Thompson señaló que tomó la decisión luego de que protestas frente a las instalaciones el sábado por la noche se tradujeran en un caos.

Hubo 15 arrestos, y 10 de ellos eran de la edad de mi propia hija. Como madre y alcaldesa, estoy indignada por lo sucedido”, declaró Thompson mediante un comunicado. “Broadview no eligió tener las instalaciones de ICE en nuestra comunidad. Pero están aquí. Y también lo están los residentes de Broadview”, agregó.

También este lunes oficiales electos de Chicago se suponía que se reunieran para desarrollar próximos planes de acción en respuesta al incremento en redadas y operativos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se continúan reportando en la ciudad.

En el encuentro en Schaumburg también se esperaba la participación de alcaldes del área y representantes estatales.

Otro asunto en la discusión era un llamado para reabrir el Gobierno y frenar los esfuerzos de republicanos en distintas legislaturas estatales para alterar los mapas electorales.

En respuesta al debate, el vicepresidente J.D. Vance defendió a los agentes migratorios federales y culpó a la prensa por los cuestionamientos a su proceder.

“Nuestros agentes de ICE, quienes hacen cumplir nuestras leyes de inmigración, se han enfrentado a un aumento del 1000% en los ataques violentos en su contra”, afirmó en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo. “Están siendo agredidos. Están siendo golpeados. Les están disparando. El problema aquí no es la Ley de Insurrección ni si realmente la invocamos o no. El problema es que todos los medios de comunicación de este país, alentados por unos pocos lunáticos de extrema izquierda, han permitido que se arremetan contra las fuerzas del orden estadounidenses”, argumentó.

Si Trump invocara la Ley de Insurrección de 1807 la mayoría de las barreras legales que impiden el uso de fuerzas militares en ciudades como Chicago quedarían sin efecto.

Bajo el argumento de la rebelión, Trump podría enviar a las jurisdicciones tropas militares de cualquier rama, explicó a NBC el profesor de Syracuse Law School, William Banks.

“Podrían empezar a imponer toques de queda. Podrían pedirle a la gente que se quede en casa. Podrían cerrar puertas”, anticipó Banks. “No es ley marcial, pero es un paso hacia ella”, añadió el académico.

El estatuto, promulgado originalmente en 1792, no se ha actualizado significativamente en más de 150 años, destaca un informe de The Brennan Center for Justice de NYU Law.

De acuerdo con el análisis, la Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de Estados Unidos para reprimir rebeliones o violencia doméstica, o para hacer cumplir la ley en ciertas circunstancias.

“El estatuto implementa la autoridad del Congreso, bajo la Constitución, de ‘disponer el llamamiento a la Milicia para ejecutar las Leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones’”, señala el escrito.

El texto especifica que la Ley de Insurrección es la principal excepción a la Ley Posse Comitatus, bajo la que las fuerzas militares federales no pueden participar en actividades civiles de aplicación de la ley.

La Ley de Insurrección fue usada por última vez en EE.UU. en el 1992 para controlar las protestas en Los Ángeles luego del veredicto en el caso de brutalidad policial contra Rodney King a solicitud de funcionarios en esa ciudad.

El reporte de NBC Chicago indica que, en cuanto a esta ciudad, la ley se ejecutó en el 1984 durante la huelga laboral de Pullman Co. que paralizó el sistema ferroviario del país.

De Trump concreter su plan, no sería la primera vez que el presidente invoca una ley antigua para adelantar sus intereses políticos.

El republicano invocó en marzo pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fuera del contexto de una guerra declarada con el fin de agilizar las deportaciones masivas de migrantes.

Un informe del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) pide la derogación de la ley por entender que elude garantías fundamentales del debido proceso y la protección de los derechos humanos.

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