Administración Trump demanda a Connecticut para exigir acceso completo a datos de votantes

La administración del presidente Donald Trump presentó una demanda en un tribunal federal para obligar a Connecticut a entregar todos los datos de registro de votantes del estado, incluidos números de Seguro Social y de licencias de conducir.

Las autoridades estatales se han negado a cumplir la solicitud por considerarla contraria a la ley local, publicó Hartford Business Journal.

La acción legal la interpusieron abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito federal en Connecticut.

Eso, luego de que la secretaria de Estado del estado, Stephanie Thomas, rechazara entregar una versión ampliada de la base de datos electoral solicitada por Washington.

En Connecticut, indicó el medio, parte de la información del registro de votantes es pública y puede obtenerse mediante solicitud y el pago de una tarifa de $300 dólares.

Sin embargo, esa versión no incluye datos sensibles como los números de Seguro Social ni de licencias de conducir, información que el Departamento de Justicia exige recibir.

Thomas, quien ocupa el cargo desde 2023, sostuvo entre agosto y diciembre del año pasado, en intercambios formales con el Departamento de Justicia, que la ley estatal prohíbe expresamente compartir ese tipo de información confidencial con terceros, incluso con el gobierno federal.

El Departamento de Justicia discrepa

En la demanda, los abogados federales argumentan que la ley federal, en particular la Ley de Derechos Civiles, obliga al estado a entregar los registros completos cuando son solicitados por el Gobierno de Estados Unidos.

“La negativa del secretario Thomas a presentar los registros solicitados constituye un incumplimiento de la ley federal”, indica la demanda.

Connecticut se suma así a una lista creciente de estados enfrentados con la administración Trump por este mismo tema. En total, el gobierno federal ha presentado demandas contra 23 estados y el Distrito de Columbia por negarse a entregar información completa de sus registros de votantes.

Estas acciones forman parte de un cambio de enfoque dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que ha intensificado investigaciones sobre presunto fraude electoral y ha acogido denuncias promovidas por grupos conservadores, señala Hartford Business Journal.

Múltiples tribunales, no obstante, han rechazado las acusaciones de fraude electoral generalizado.

“No me sorprende que Connecticut se haya sumado a la larga lista de estados demandados”, afirmó Thomas el martes citada por el medio local. “Mi principal responsabilidad es con los votantes de Connecticut, que confían información confidencial al estado para poder participar en nuestra democracia sin temor a que sus datos sean utilizados indebidamente o expuestos”.

El fiscal general del estado, William Tong, señaló que Connecticut intentó cooperar con el Departamento de Justicia sin violar la legislación estatal.

“Buscamos comprender el fundamento de la solicitud de información personal confidencial de nuestros votantes”, explicó. “En lugar de un diálogo productivo, optaron por demandar. Connecticut cumple con la ley federal y defenderá enérgicamente al estado frente a esta acción”, añadió el funcionario.

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