Comisionado residente pide al DOE investigar impacto de cancelación de contrato de Power Expectations en generación en P.R.
Junto a otros tres congresistas, plantea que que el contrato que descartó la Junta de Control Fiscal buscaba proporcionar hasta 400 MW de generación adicional
Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. Crédito: Oficina del Comisionado Residente | Cortesía
NUEVA YORK – El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, le pidió al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Chris Wright, que investigue el impacto que tendría en los servicios la cancelación del contrato para generación temporera entre las autoridades en la isla y la empresa Power Expectations.
Boletín semanal sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete gratis aquí.
En una carta que firmaron otros tres congresistas, uno de estos republicano, Hernández planteó que la controversia por el acuerdo revocado deja expuesto a Puerto Rico a nuevos apagones durante el verano que es la temporada en la que más ocurren estas interrupciones.
“Le escribimos para solicitarle apoyo inmediato en atender las necesidades de generación a corto plazo de Puerto Rico tras la cancelación de un contrato de generación temporera. La necesidad es particularmente urgente, ya que Puerto Rico entra al período tardío de verano cuando la demanda de electricidad permanece alta”, iniciaron los congresistas.
Los firmantes argumentaron que se requiere un plan de acción para que la isla cuente con generación suficiente para las próximas semanas y meses.
“En septiembre de 2024, LUMA pronosticaba una demanda máxima diaria de aproximadamente 3,000 MW, incluidos aproximadamente 3,100 MW el 5 de septiembre y 2975 MW el 9 de septiembre. En septiembre de 2025, la demanda máxima real alcanzó aproximadamente 3,091 MW. Estas cifras recientes subrayan que Puerto Rico ingresa a septiembre con necesidades sustanciales de generación. Necesitamos identificar y coordinar cada paso viable que pueda ayudar a mantener una generación suficiente y reducir el riesgo de cortes adicionales durante los próximos meses”, expusieron en la misiva.
Los suscribientes señalaron que el contrato que descartó la Junta de Control Fiscal (FOMPR) este mes y que se debe investigar “exhaustivamente”, buscaba proporcionar hasta 400 MW de generación adicional.
“El 17 de agosto de 2026, la Junta revocó su aprobación al contrato de generación temporal de $5,900 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Power Expectations, LLC, Enchanted Rock, LLC y Reyes Contractor, LLC, e instruyó a la AEE a finalizar con el acuerdo. El contrato buscaba proporcionar hasta 400 MW de generación adicional y surgió de un déficit de generación previsto de aproximadamente 700 a 850 MW. Las circunstancias que rodean dicha adquisición, incluidas las alegaciones relativas al uso no autorizado del nombre y la firma de una empresa, requieren una investigación exhaustiva, y pretendemos solicitar la supervisión del Congreso”, afirmaron.
“Si bien el proyecto Power Expectations aún no estaba operativo, su colapso elimina uno de los principales planes que se habían identificado para aumentar la capacidad de generación, mientras que el sistema actual de Puerto Rico ya opera con reservas peligrosamente limitadas”, continuaron.
La misiva con fecha del 23 de agosto menciona cuatro medidas que el DOE puede ejecutar de inmediato para responder a la situación.
La primera es convocar a la AEE, LUMA Energy, Genera PR y al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y a otros líderes que manejan este tema en la isla para coordinar una respuesta unificada.
El texto también recomienda la implementación de un plan de fiabilidad operativa de 90 días y la utilización las facultades otorgadas por la orden federal de emergencia para poner a disposición recursos de generación adicionales.
Sobre este particular, el escrito se refiere a la orden 202-25-1E firmada por el secretario en virtud de la sección 202(c) de la Ley de Energía Federal, efectiva hasta el 7 de noviembre de este año, con la que se declaró una emergencia energética en la isla.
“Como sabe, la sección 202 le da al secretario de Energía autoridad sustancial durante una emergencia energética para requerir generación, suministro, intercambio o transmisión de energía eléctrica cuando sea necesario para atender la emergencia y servir al interés público”, especificaron.
Los políticos además emplazaron al DOE a reunir a expertos técnicos de la agencia para determinar qué unidades de generación pueden volver a ponerse en servicio en un plazo de 7, 14 y 30 días, a fin de reducir el riesgo de más apagones.
“Queremos poner fin a los apagones, y el gobierno federal cuenta con recursos que no se están aprovechando plenamente. Esta es una iniciativa bipartidista para enfrentar la crisis energética de Puerto Rico, agravada por la cancelación del contrato de generación temporal”, declaró Hernández en el comunicado que incluyó la carta.
Los demócratas Rob Menéndez y Sean Casten, miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y vicepresidente de la Coalición de Energía Sostenible y Medio Ambiente (SEEC) de la Cámara, respectivamente; así como el delegado republicano de Guam, James Moylan, se sumaron al llamado del comisionado.
