En Florida es bloqueada la polémica “ley antidisturbios”
Esta ley castigará hasta por cinco años a quienes participen en manifestaciones que se tornen violetas, inciten a las mismas o cometan delitos contra uniformados
Manifestantes alzan el puño junto a una tienda en llamas en Minneapolis. Crédito: Craig Lassig | EFE
En el estado de Florida fue bloqueada la polémica ley antidisturbios, la cual fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis, como una estrategia para frenar las manifestaciones “violentas”, y que varias organizaciones sociales llevaron a tribunales tildándola de “anticonstitucional”.
Por su parte, Mark Walker, juez federal, dictó en su fallo que la ley promulgada el pasado mes de abril era demasiado “vaga y amplia”, así como un “asalto” a los derechos humanos y libertad de expresión en el país.
En este sentido, el juez dio respuesta a la demanda presentada durante el mes de mayo por organizaciones civiles como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).
En el distrito norte de la Florida fue presentada la demanda en nombre de varias organizaciones que apoyan los derechos de afroamericanos y minorías, como la Black Lives Matters (BLM).
Según detalló el juez, esta norma podría castigar a aquellos individuos presentes en alguna manifestación que se torne violenta por la acción de los mismos.
“Como demuestran estos incidentes, desgraciadamente solo hace falta un puñado de malos individuos para transformar una protesta pacífica en un disturbio público”, añadió en su sentencia de 90 páginas.
La ley que crea polémica en Florida
DeSantis defendió endurecer la ley antidisturbios luego de las protestas contra las acciones policiales que surgieron durante el 2020 en varias zonas de EE.UU.
Tales manifestaciones comenzaron luego del asesinato accionado por un policía que terminó con la vida del afroamericano George Floyd en Minneapolis.
Entre varias disposiciones, la nueva ley antidisturbios reforzará las penas por delitos cometidos, como la agresión hacia autoridades y uniformados.
En tal sentido, establece que quien incurra ley será castigado hasta cinco años de prisión para quienes hayan participado en disturbios o inciten.
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