¿Qué dice la demanda de 14 fiscales generales contra Trump y Musk en la que los acusan de “tiranos”?
“No hay mayor amenaza a la democracia que la acumulación del poder del Estado en las manos de un solo individuo”, plantean los fiscales en el recurso legal
El magnate Elon Musk y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una conferencia de prensa este martes en la Casa Blanca. Crédito: Alex Brandon | AP
Nueva York – La demanda presentada este jueves por 14 fiscales generales de estados demócratas contra la Administración Trump y su “empleado especial” Elon Musk plantea que el presidente le ha otorgado al magnate poder ejecutivo a través de DOGE (Oficina de Eficiencia Gubernamental) en violación a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.
Según los demandantes, la creación del departamento (DOGE) sin aprobación del Congreso de Estados Unidos y los amplios poderes que ostenta Musk sin el consentimiento del Senado atentan contra la ley suprema estadounidense.
“No hay mayor amenaza a la democracia que la acumulación del poder del Estado en las manos de un solo individuo”, inicia el recurso escrito.
A través del texto se alega que Musk, con la aprobación de Trump, “se ha despaseado por el gobierno federal desmoronando agencias, accediendo a información sensible y causando un caos masivo y confusión a gobiernos estatales y locales, empleados federales y al pueblo estadounidense”.
Los demandantes consideran que, de manera “inconsciente”, sin la autorización legal del Congreso y con poca supervisión, el presidente ha delegado autoridad a Musk prácticamente sin control.
“Como resultado, ha transformado una posición menor, que previamente era responsable de manejar sitios web gubernamentales, a un agente designado de caos sin limitaciones y en violación de la separación de poderes”, lee la demanda.
La importancia de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos
De acuerdo con los fiscales, la Cláusula de Nombramientos protege de esa “tiranía” al sistema gubernamental estadounidense.
“La Cláusula de Nombramientos fue designada para reforzar la separación de poderes de dos maneras: primero, requiriéndole al Congreso crear una oficina antes de que el Presidente pueda llenarla; y segundo, requiriéndole al Senado confirmar a un nominado para una oficina creada por ley. Estas limitaciones en el poder del Presidente hacen que los nombramientos ejecutivos respondan al Congreso y que las decisiones de confirmación del Senado respondan a la gente”, argumentan.
A juicio de los demandantes, la autoridad otorgada a Musk no cumple con los preceptos anteriores.
Autoridad arrolladora a un solo individuo no electo es anticonstitucional
“El aparente poder ilimitado y sin control del Sr. Musk para despojar al gobierno de su personal y eliminar departamentos enteros con el trazo de un bolígrafo o el clic de un ‘mouse’ habría sido impactante para aquellos que lograron la independencia de este país. No hay oficina de Estados Unidos, que no sea la del Presidente, con todo el poder de la Rama Ejecutiva, y la autoridad arrolladora ahora conferida a un solo individuo no electo y no confirmado, es antiético a toda la estructura constitucional de esta nación”, afirman.
Los fiscales señalan en el texto que, debido a que Musk no ocupa una oficina oficial y tampoco fue nominado ni confirmado por el Senado, sus acciones son inconstitucionales.
“Esta Corte debe restaurar el orden constitucional, y, consistente, con la Cláusula de Nombramientos, ordenar a Musk no emitir órdenes a ninguna persona en la Rama Ejecutiva fuera de DOGE…, y declarar que sus acciones hasta el día de hoy son ultra vires y sin efecto legal”, solicitan.
El Congreso es el que aprueba y asigna fondos para agencias
Los fiscales añaden que la separación de poderes es uno de los principios fundamentales de la estructura constitucional, y que es el Congreso, no el Presidente, la entidad con el poder para aprobar leyes y asignar fondos.
“Asimismo, la Constitución le impide al Presidente hacer cambios unilaterales a leyes existentes concernientes a la estructura de la Rama Ejecutiva y el gasto federal. Por ejemplo, el Presidente no puede establecer —o “eliminar”—agencias federales. Tampoco el Presidente, unilateralmente, puede cerrar el financiamiento federal donde el Congreso ya ha asignado ese dinero”, continúa el reclamo escrito.
En ese sentido, especifican que el DOGE, bajo el mandato de Musk, ha logrado acceso a material sensible en docenas de agencias federales, incluyendo el Departamento del Tesoro (USDT), la Oficina de Gerencia de Personal (OPM), el Departamento del Trabajo (DOL), el Departamento de Educación (ED), el Departamento de Energía (DOE) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Musk asume labores de oficial de gobierno aunque sea un “empleado especial”
“A pesar de que ocupa el rol que el presidente Trump, no el Congreso, creó y que el Senado nunca lo confirmó, el Sr. Musk continúa ejerciendo poderes de un oficial de Estados Unidos bajo la Cláusula de Nominaciones. En efecto, en muchos casos, él ha excedido la autoridad legal de incluso un oficial principal o la del Presidente”, exponen.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, una de las funcionarias que encabezó el recurso legal, consideró que el poder que ostenta Musk cuando Trump aún no ha cumplido un mes en el puesto amenaza todo el sistema constitucional.
“Permitir que un solo individuo burle la ley sin consecuencias amenaza el sistema constitucional en su totalidad. Nosotros no podemos permitir que los procesos democráticos sean secuestrados por inmensa riqueza y privilegios”, añadió.
Por su parte, Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, consideró que el poder que Trump ha delegado en Musk es un signo de debilidad.
“Empoderar a un multimillonario no electo para que acceda a datos privados de los estadounidenses, cortar fondos para ayuda estudiantil federal, detener pagos para agricultores estadounidenses y desmantelar protecciones a familias trabajadoras no es signo de la fuerza de Trump, sino de su debilidad”, cuestionó Torrez.
Ponen en riesgo la estabilidad financiera y operacional de los estados
En un comunicado de prensa, los fiscales alertan que las acciones de Trump y Musk ponen en riesgo la estabilidad financiera y operacional de los estados al interrumpir miles de millones de dólares en financiamiento esencial para autoridades de ley y orden, cuidado de salud, educación y otros servicios críticos.
Mencionan, además, que la propuesta eliminación del Departamento de Educación afectaría la supervisión de cumplimiento con los derechos civiles y otras protecciones en casos de discriminación que involucran a estudiantes con necesidades especiales o discapacitados.
El resto de los estados que se sumaron a la demanda fueron: Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Washington y Vermont.
AFL-CIO y uniones también van contra DOGE
A este pleito se suman otros como el presentado por una coalición compuesta por AFL-CIO, uniones y think tanks económicos que enmendaron una demanda con el fin de proteger la información confidencial de trabajadores en Estados Unidos en el Departamento del Trabajo (DOL), Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB)
El recurso expande el alegato inicial contra el intento de DOGE de acceder a información en la oficina de Salud.
“DOGE busca ganar acceso a sistemas de datos sensitivos de agencias antes de que las cortes puedan detenerlos, desmantelar agencias antes que el Congreso puede hacer valer sus prerrogativas constitucionales en el presupuesto federal, e intimidar y amenazar a empleados que están a su paso sin medir las consecuencias. Los resultados, hasta el momento, han sido catastróficos. DOGE ha logrado control de algunos de los sistemas más cuidadosamente protegidos en el Departamento del Tesoro, apoderándose de toda la información sensible de la Oficina de Gerencia de Personal y desmantelando toda una agencia en una semana”, abundan los demandantes.
Este viernes, se espera que el juez de Washington D.C., John D. Bates, decida sobre esta controversia.
Por otra parte, hoy también se espera que un juez federal evalúe los méritos de otro litigio contra DOGE en el que se cuestiona la titularidad de la oficina para meterse a los sistemas de pago del Tesoro.
El recurso se radicó en Nueva York e incluye a la fiscal general Letitia James y otros 12. El juez de distrito Paul Engelmayer se pronunciará sobre el pedido de los demandantes para extender el bloqueo al DOGE a las cuentas del Tesoro que fue ordenado el pasado sábado.
