Catalogan de importante victoria inicial decisión de juez que frena despidos de empleados federales
William H. Alsup concedió una orden de restricción temporal contra la OPM que indica que esa oficina no tiene la autoridad legal para cesantear trabajadores
Una protesta en el exterior de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en Washington D.C. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP
Nueva York – Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidenses de Empleados Federales (AFSCME), catalogó como una importante victorial inicial la decisión del juez federal de California, William H. Alsup, de detener los despidos de empleados federales transitorios bajo la Administración Trump.
Alsup concedió una orden de restricción temporal contra la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y su director en funciones, Charles Ezell, bajo el argumento de que esa entidad no tiene la autoridad legal para las terminaciones.
“La Oficina de Gestión de Personal no tiene la autoridad, en lo absoluto, bajo ningún estatuto en la historia del universo para contratar o despedir empleados de otra agencia”, decidió el juez.
“El fallo del juez Alsup es una importante victoria inicial para los estadounidenses patriotas en todo el país que fueron ilegalmente despedidos de sus trabajos por una agencia que no tiene la autoridad para hacerlo”, dijo Kelley, cuyo sindicato encabezó la demanda.
“Estos son trabajadores de base que se unieron al gobierno federal para hacer una diferencia en sus comunidades, solo para ser súbitamente despedidos debido al desdén de esta administración por los empleados federales y el deseo de privatizar su trabajo. Las direcciones de la OMP para que agencias se involucraran en el despido indiscriminado de empleados probatorios federales son ilegales, simple y llanamente, y nuestra unión continuará luchando hasta que pongamos un pare a estos ataques desmoralizadores y dañinos a nuestro servicio civil y a todos”, sostuvo el líder.
Por su parte, Lee Saunders, presidente de AFSCME, planteó que el fallo judicial le da un “respiro” a los empleados transitorios.
“Nosotros sabemos que esta decisión es un primer paso, pero le da a los trabajadores federales un respiro. Mientras ellos trabajan para proteger la salud pública y la seguridad, los empleados federales han enfrentado constante acoso por multimillonarios no electos y extremistas antisindicatos cuya única meta es darse a sí mismos enormes exenciones fiscales a expensas de la clase trabajadora. Nosotros vamos a continuar moviendo este caso hacia adelante con nuestros socios hasta que los trabajadores temporales estén protegidos contra estas censantías injustificadas”, argumentó Saunders.
El juez ordenó notificar inmediatamente a las agencias federales de su decisión, incluyendo al Departamento de Defensa que se disponía a cesantear a cientos de empleados probatorios esta semana.
Alsup además le dio hasta el martes al gobierno federal para divulgar los participantes en la llamada del 13 de febrero en la que la OPM ordenó a las agencias cesantear a empleados transitorios. Ezell deberá testificar sobre el alcance del intercambio telefónico en una vista evidenciaria el lunes.
Los demandantes alegaron que el programa de cesantías de la OPM era ultra vires (va más allá de sus poderes) y excedía su autoridad, porque las agencias federales y sus encargados, no la OPM, son los que tienen facultad sobre los asuntos de su propio personal.
La OPM, de acuerdo con los sindicatos, tampoco cuenta con la autoridad para instruir a las agencias a que tomen esa determinación de una manera que sea contraria a los procedimientos y protecciones que requiere la ley federal o que tergiverse el desempeño de los empleados.
Juez no tiene el poder de reinstalar a empleados en sus puestos
Los demandantes habían solicitado al juez que ordenara a los demandados (la Administración Trump) rescindir de la directriz “ilegal” para cesantear a empleados probatorios y que tomaran todos los pasos necesarios para devolver a las agencias federales y a sus empleados al estatus que tenían antes de la directriz, lo que incluiría la reinstalación en sus posiciones de los trabajadores despedidos después del 13 de febrero.
Sobre devolver a los empleados a sus puestos, el juez dijo que no tenía el poder para hacerlo.
La OPM anuló la autoridad de otras agencias
Un memo en apoyo a la moción de los demandantes para la orden de restricción temporal señala que la OPM, al encaminar los despidos, anuló y reescribió la autoridad estatutaria de otras agencias, según establecido por el Congreso, “así como su propia autoridad legal, también establecida por el Congreso”.
“Esta acción es ultra vires y en violación de la separación de poderes en la Constitución”, señala el documento.
“Incluso, si la OPM tuviera el poder de cesantear a empleados de otras agencias, no puede evadir los requerimientos legales con los que las agencias deben cumplir antes de hacerlo. En la CSRA (Ley de Reforma del Servicio Civil), el Congreso estableció estándares uniformes para empleo de servicio civil en el gobierno federal que gobierna las cesantías de empleados en agencias por causas basadas en desempeño y despidos de agencias”, se argumenta.
Al requerir a las agencias la terminación de empleados inmediatamente, sin notificación ni revisión de desempeño, y con base en falsa representación, OPM busca anular esos estatutos.
De acuerdo con el documento judicial, la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) también prohíbe acciones caprichosas y arbitrarias.
El estatuto le requiere a las agencias federales realizar un proceso de decisión razonada, examinar data relevante y presentar una explicación satisfactoria y una conexión racional entre los hechos y la acción de despedir.
A la demanda se sumaron las siguientes entidades: American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME); Main Street Alliance; Coalition to Protect America’s National Parks; Common Defense Civic Engagement; Western Watersheds Project; AFGE Local 1216; AFGE Local 2110; VoteVets; y United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals (UNAC/UHCP). Los demandantes son representados por Altshuler Berzon LLP y State Democracy Defenders Fund (SDDF).
Se estima en 200,000 el número de trabajadores transitorios federales, pero no hay una cifra oficial de cesanteados.
Se sabe que, hasta el 12 de febrero, unos 75,000 de estos trabajadores habían aceptado la oferta del gobierno para renuncias incentivadas.
Cabe señalar que las cesantías de estos empleados no se limitan a EE.UU.; en territorios como Puerto Rico también se han reportado en agencias como el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento de Agricultura federal (USDA) y otras.
En su defensa, la Administración Trump argumentó que nunca ha ordenado a agencias a despedir a empleados y que solo lo ha solicitado.
Precisamente, este miércoles, transcendió un memo en el que se indica que las agencias federales deben desarrollar planes para eliminar empleados a gran escala.
El memo, tanto de la OPM como de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMP), especifica que las agencias deben someter sus planes para el 13 de marzo.
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