Violencia doméstica impune

El Salvador

Iba a ser el primer caso de encausamiento por feminicidio en alcanzar la etapa de sentencia en El Salvador. Manuel Dagoberto Gutiérrez, ejecutivo de una firma automotriz acusado de asesinar a su esposa el año pasado, fue liberado sin mayores trámites por un juez suplente de sentencia. Este justificó su fallo argumentando que la Fiscalía no había incluido en el expediente del caso el documento de autopsia de la víctima. De paso, absolvió de toda culpa a Gutiérrez.

Los hallazgos en la escena del crimen (incluyendo la confesión voluntaria del acusado), las pesquisas posteriores, el peritaje balístico incriminaban a Gutiérrez en el asesinato de Lida María Huezo. Pero la Fiscalía no se conformó con levantar un proceso de homicidio simple. Los investigadores desvelaron una larga historia de violencia doméstica de su esposo contra Huezo. De hecho, en su cuerpo descubrieron moretes y lesiones causadas poco antes de que recibiera un balazo en la sien. Un perfil sociológico de Gutiérrez lo describía como un tipo abusivo, machista —y a Lida María Huezo como “una esposa servil, sumisa”. La Fiscalía se decantó por procesar a su marido por feminicidio, una figura recién incorporada al código penal salvadoreño, que contempla penas más severas.

Días antes de que el juez absolviera a Gutiérrez, un conductor de autobús mató —con toda saña, dicen los testigos— a una mujer que se había plantado frente a su vehículo para reclamarle que se responsabilizara por los daños que acababa de ocasionarle en una colisión. La furia ciudadana prendió como los fuegos que en estos días hacen arder los montes resecos del país. La policía no tardó en capturar al motorista, que ahora enfrenta una larga condena. Pero en un país donde la impunidad campea, nunca se sabe qué puede esperarse.

De paso, la Fiscalía también salió mal parada en el caso de Lida Huezo. O los fiscales olvidaron incluir el documento de autopsia en el expediente, o este “desapareció” en el camino al escritorio del juez. Gutiérrez es un individuo con recursos, y quienes conocen bien el sistema de justicia en El Salvador dicen que cuando hay dólares de por medio, cualquier cosa puede ocurrirle a un expediente.

Tratándose de violencia contra mujeres, la justicia salvadoreña es más negligente, más olvidadiza, más selectiva. La ausencia de un certificado de autopsia no fue impedimento hace siete años para que una mujer fuera condenada a 20 años de prisión por aborto, explicó en una entrevista Vilma Vaquerano, coordinadora de comunicaciones de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Afortunadamente en el caso de Huezo, presiones políticas provenientes de muy arriba—de la propia Primera Dama, Vanda Pignato, abanderada de la causa contra la violencia doméstica— condujeron a que la policía recapturara a Gutiérrez, y ahora lo procesarán por tenencia ilegal de arma de fuego —la Colt 45 que segó la vida de María Lida. Sin embargo, este desenlace es excepcional, y el trágico fin de esta madre y esposa es apenas la punta del iceberg. Según datos oficiales, tan sólo en los últimos cuatro años más de dos mil mujeres fueron víctimas de feminicidio en El Salvador. Diez de ellas, significativamente, asesinadas por sus esposos policías. En 2011 se documentaron aquí 12 feminicidios por cada 100 mil mujeres, la tasa más alta del mundo según datos de Small Arms Survey corroborados por la ONU.

Para lidiar con esta pandemia, además de una reforma profunda del sistema de justicia, se impone un proceso de reeducación de la sociedad salvadoreña, y una reacción contundente de todos los sectores, hombres y mujeres, contra la violencia doméstica.