Debido proceso de ley
El caso reciente de Edgar Tamayo puso en tela de juicio la constitucionalidad del sistema jurídico norteamericano
Edelmira Arias es confortada momentos después de enterarse de la ejecución de su primo Edgar Tamayo, cuya familia se reunió en la casa de sus padres en Miacatlán, México. Crédito: AP
Tamayo
El caso reciente de Edgar Tamayo puso en tela de juicio la constitucionalidad del sistema jurídico norteamericano.
El hecho es que Tamayo, ciudadano mexicano que vivió indocumentado en Estados Unidos por muchos años, mató a sangre fría a un policía de Texas en 1994. El agente Guy Gaddis no se dio cuenta de que Tamayo, después de apresarlo, esposarlo e introducirlo en la parte trasera de su auto, tenía una pistola escondida. En el trayecto a la cárcel, el delincuente le perforó la nuca con tres balazos que lo dejaron sin vida; huyó algunos bloques, pero fue inmediatamente apresado por otros policías.
Muy pocos dudan (tal vez algunos de sus familiares lo hagan) de la culpabilidad de Edgar Tamayo.
Basado en los hechos y testimonios, está claro que debe pagar por la muerte de Gaddis y por otros altercados legales que tuvo en California, antes de mudarse a Texas. Sin embargo, todos, sin excepción, incluyendo los criminales como Tamayo o los asesinos de guerra como Hitler, tienen derecho a un Debido Proceso de Ley.
Es decir, el sistema jurídico debe ofrecer mecanismos de defensa que permitan al acusado un proceso justo en las cortes.
La Constitución norteamericana garantiza el debido proceso de ley. La Quinta enmienda, ratificada en 1791, sostiene que “ninguna persona debería ser privada de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso de ley”.
Por su parte la 14 enmienda, validada en 1868, limita a los estados abrogar los derechos individuales y civiles de las personas. En este sentido, la justicia texana no respetó el Debido Proceso de Ley suscrito en la Constitución.
A pesar de ser un “monstruo” de la sociedad, Tamayo tenía el derecho a defenderse, a ser inculpado por sus delitos en un tribunal de gente común y corriente.
Asimismo, en 2004, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictaminó que a Tamayo y a más de una docena de ciudadanos extranjeros que esperan la pena de muerte en cárceles norteamericanas no les fueron concedidos –por la justicia norteamericana— sus derechos consulares, el cual fue aprobada por la Convención de Viena. Así, las instancias legales permitidas no fueron del todo consumadas para ejecutar a Tamayo.
El Secretario de Estado, John Kerry, estuvo tratando de persuadir al gobernador y a la justicia texana de respetar el debido proceso de ley.
“No tengo la menor duda de la culpa de Tamayo. Y como ex fiscal , no tengo simpatía por nadie que mata a un agente de la policía”, señaló.
La ejecución, de acuerdo con su punto de vista, afectaría la forma de cómo los norteamericanos son tratados en otros países.
Lo cierto es que en países autoritarios y dictatoriales el debido proceso de ley raras veces se respeta.
Estados Unidos tiene bases democráticas y un estado de derecho establecido, así que como tal debe hacer prevalecer los derechos constitucionales de las personas en cualquier circunstancia.
