Activistas preparan “plan B” si el Tribunal Supremo anula los alivios migratorios

WASHINGTON – Los activistas de la comunidad inmigrante confían en que el Tribunal Supremo le dará la razón a la Administración Obama y dejará en pie los alivios migratorios en junio próximo pero, si no lo hace, su “plan B” incluirá una campaña de presión política en todos los niveles del gobierno para proteger a la población indocumentada.

En los últimos días, grupos proinmigrantes de todo EEUU han estudiado los posibles escenarios del Tribunal Supremo cuando emita su dictamen sobre los alivios migratorios en junio próximo, que van desde un empate o voto que los mantiene suspendidos según el fallo del Quinto Circuito de Apelaciones, a una mayoría que decide ponerlos en vigor.

Los activistas han convocado para hoy lunes a 3,000 manifestantes de todo el país –con contingentes de estados como California, Nueva York, Arizona y Kansas, hasta la escalinata del Tribunal Supremo, y se prevé que una veintena de éstos,  incluyendo algunos indocumentados, estén presentes en el propio salón de audiencias.

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A largo plazo,  los activistas estudian una estrategia que se moverá en tres carriles: la continua presión por una reforma migratoria integral; la protección de los beneficiarios del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y presionar a las legislaturas estatales para fortalecer y ampliar las protecciones y derechos de los inmigrantes.

En ese contexto, los activistas prevén movilizaciones y campañas de presión si el Tribunal Supremo determina que no se pondrán en marcha la extensión del DACA de 2012 y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido como DAPA.

“Parte del plan B es asegurarnos de que se protege a morir el programa de DACA, de que los jóvenes que califican para el programa, lo hagan más pronto posible. Tendríamos que ver cuáles son las opciones legales, dependiendo del fallo en sí”, explicó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés).

Líderes demócratas del Senado le han comunicado a los grupos pro-inmigrantes de que, si gana uno de los suyos la Casa Blanca, la prioridad será lograr una reforma migratoria en 2017.

Seguirán las movilizaciones

“Creo que las organizaciones proinmigrantes vamos a seguir luchando, dependiendo del resultado de la Corte Suprema, vamos a seguir luchando para proteger lo que sobreviva, pero también vamos a seguir movilizando a los hispanos para que se inscriban y salgan a votar, porque todos los temas que les afectan dependerán de las elecciones en noviembre”, señaló Hincapié.

Aparte de mantener la presión sobre la escurridiza reforma migratoria integral, grupos como el NILC también centrarán la atención y recursos en campañas para reformar las leyes a nivel local y estatal, para que sean “leyes más inclusivas” y, por ejemplo, faciliten el acceso a cédulas de identidad y licencias para indocumentados,  amplíen el acceso a los servicios de salud para la  población indocumentada, y protejan sus derechos laborales.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a estar dependiendo exclusivamente de lo que prometan los políticos. Sabemos que tenemos que luchar bastante para poder lograr esos cambios, y gran parte de eso es la concientización y movilización de nuestra comunidad”, puntualizó Hincapié.

Por su parte, Álvaro Huerta, un abogado de NILC, también expresó confianza en que la Administración Obama ganará el caso “en base a los méritos” pero, si la comunidad proinmigrante sufre un revés ante el Tribunal Supremo, evaluarán “detenidamente” cuáles serían los siguientes pasos”.

“Desde luego, la comunidad inmigrante también está lista para seguir presionando al Congreso a que efectúe una reforma que ofrezca soluciones a largo plazo”, aseguró Huerta.

El presidente Barack Obama desde siempre afrontó la resistencia de los republicanos a su agenda progresista y, en medio de críticas sobre abuso de autoridad, ha emitido una serie de medidas ejecutivas relacionadas con el control de las armas, los derechos de los homosexuales, el salario mínimo,  el cambio climático e inmigración, entre otros asuntos.