Arpaio contra las cuerdas

Federales cortan acuerdo con el controversial alguacil por sus prácticas racistas
Arpaio contra las cuerdas
La Oficina del Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, ha incurrido en prácticas de perfil racial en sus operativos, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos dada a conocer ayer.
Foto: GARY WILLIAMS / EFE

PHOENIX/EFE – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin ayer al acuerdo de cooperación bajo el programa 287g, con la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, ante la evidencia de prácticas de discriminación racial contra hispanos por parte de esta agencia.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció también que restringirá el acceso de MCSO al programa Comunidades Seguras, que permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

Por su parte, activistas en el estado unieron ayer sus voces para pedir que el controvertido alguacil renuncie a su puesto, tras conocerse el reporte del Departamento de Justicia que acusa a la Oficina del Alguacil de prácticas discriminatorias.

Mary Rose Wilcox, supervisora del condado Maricopa y quien fuera blanco de una investigación por parte de MCSO, dijo ayer en conferencia de prensa en Phoenix que por años se ha quejado de la conducta de Arpaio y la investigación del Departamento de Justicia confirma que tenía razón.

Por su parte, Salvador Reza, líder de un grupo de jornaleros y quien también fue encarcelado en varias ocasiones por agentes del alguacil considera que no será suficiente con establecer reformas y que lo mejor es que Arpaio deje su puesto.

Reza considera que no puede existir un verdadero cambio dentro de MCSO mientras se encuentre bajo la dirección de Arpaio.

“El alguacil tiene un récord de no cooperar con el Gobierno federal, es preocupante los indicadores de discriminación en contra de reos que solamente hablan español”, dijo el activista.

A este llamado también se unió Andy Parraz, representante del grupo Ciudadanos para una mejor Arizona, quien recalcó que los resultados de la investigación del Departamento de Justicia son un “primer paso”, pero considera que debe haber un mayor apoyo para la comunidad hispana.