Inmigración: Después de los jueces

¿Qué pasaría si la decisión del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la ley antiinmigración de Arizona (S.B. 1070) no importase lo más mínimo?

Independientemente de la decisión de la corte, está surgiendo un consenso general sobre que Arizona y los estados que han copiado esta ley discriminadora están eligiendo el camino de la mala política, que enfrentaría a vecino contra vecino y estado contra estado mientras una inmigración dispar llega a las distintas comunidades.

El empujón contra este tipo de políticas proviene de un amplio espectro de líderes estadounidenses: ejecutivos de empresa preocupados por el impacto económico de estas leyes, agentes de la autoridad que necesitan de la confianza de las comunidades a las que sirven, y líderes religiosos que están cansados de ver como familias y congregaciones enteras son parceladas.

Éste último grupo ha lanzado un mensaje particularmente poderoso esta semana. “Los evangélicos están comprometidos con leyes que nos permiten amar al inmigrante”, dijo el Reverendo Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional Evangélica Latina. “La ley S.B. 1070 no sólo fomenta la discriminación, sino que además va en contra de nuestro deber como cristianos”.

Escuchen también las palabras de Galen Carey, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Evangélicos: “La gente de Arizona, y de cualquier estado, se merece un sistema de inmigración legal y seguro, y un plan con sentido para los que ya se encuentran aquí. Los lugares para trabajar en ese plan son el Congreso y la Casa Blanca, no las cortes, y desde luego que no los órganos legislativos de los 50 estados”.

Estos líderes reconocen que la inmigración nunca debe ser un “nosotros contra ellos”, sino un simple “nosotros”. Como una nación, debemos erigirnos por encima de leyes que llevan a la desconfianza y a la sospecha.

Los residentes de Arizona -liderados por Ciudadanos por una Mejor Arizona- ya se han movida en esa dirección. Antes incluso que el Tribunal Supremo decida sobre la ley S.B. 1070, al senador de Arizona Russell Pearce, el autor de la ley, se le removió de su cargo el pasado noviembre por un margen de 55-44.

Esa misma semana, una encuesta realizada a todo el estado demostró que el 78% de los residentes de Arizona apoyarían otorgar a los residentes indocumentados con un larga estancia la oportunidad de pagar una multa, pasar un chequeo de antecedentes criminales, darles un número de la seguridad social para pagar impuestos, chequear que hablan inglés y, eventualmente, dejarles que se conviertan en ciudadanos.

Eso está muy lejos de la criminalización de los inmigrantes indocumentados que se intenta conseguir con esta ley impuesta sólo en Arizona. Claramente, la gente de Arizona está por delante de sus políticos a la hora de darse cuenta de que la ley S.B. 1070 va demasiado lejos.

Si la corte dictamina a favor de Arizona sobre algunas partes de la ley, otras leyes muy similares serán aprobadas, y los líderes electos de otros estados seguirán su estela. Pero lo harán sólo en su nombre, sabiendo que la inmensa mayoría del electorado no tolera el odio y los prejuicios.

Depende de todos nosotros – aquellos que nos acordamos que llegamos aquí procedentes de otros lugares y aquellos cuyas historias de inmigración han sido transmitidas de generación a generación – pedir por la única política de inmigración que puede unir nuestro país en una sola voz de libertad, igualdad y justicia: una reforma humanizada realizada a nivel federal.

No importa lo que el Tribunal Supremo decida, tenemos que movernos adelante con políticas que nos unan en lugar de dividirnos.