No es necesario el seguro social para matricularse en escuelas públicas

Miami – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida dijo hoy que no se requiere un número de seguro social para matricular a un estudiante en una escuela pública y divulgó un informe que señala que casi la mitad de los distritos escolares del estado incumplieron con aclarar este aspecto.

“No podemos permitir que los distritos den la falsa impresión de que los números de seguro social son requisito para la matrícula y se corra el riesgo de que los niños queden fuera del aula simplemente porque sus padres teman una revisión legal de su estatus”, dijo Howard Simon, director ejecutivo de ACLU de Florida.

De un total de 67 distritos escolares, 34 recibieron una calificación “A” por cumplir con todas las aclaratorias requeridas por leyes federales y 11 fueron evaluados con “F”, según el estudio de ACLU presentado en el Hope Community Center, en Apopka, en el centro del estado.

Un distrito recibió una “B” por errores menores, cuatro una “C” y doce fueron calificados con “D”.

Dos distritos no suministraron la información completa sobre sus formularios de inscripción y procedimientos por lo tanto se le clasificó como “incompleto”.

Mientras que tres no poseen formularios estándar, por lo que el cumplimiento y seguimiento varía de escuela a escuela y ACLU indicó que necesitan trabajar en esta área.

En pasado abril, ACLU solicitó al Departamento de Educación de Florida que tomara medidas con los distritos que incumplieron con las disposiciones legales.

Entre los distritos que recibieron una “F”, están dos grandes del centro de Florida, Orange y Osceola.

“El fallo de los distritos del centro de Florida es especialmente problemático dado el rápido crecimiento de la comunidad hispana”, expresó Ann Kendrick del HOPE Community Center, que provee servicios a los inmigrantes de esa zona.

Kendrick apuntó que los formularios de matrícula en Osceola, por ejemplo, están en inglés y español, pero “piden de modo inapropiado el número del seguro social (SSN) en ambos idiomas”.

Según datos de la oficina del Censo, la población hispana del condado Orange aumentó de 168.361 en 2000 a 308.244 en 2010, mientras que Osceola creció de 50.727 a 122.146, en el mismo periodo.

“Esto es importante porque sentimos que una familia que pueda temer que su estatus migratorio sea revisado, se vea en la difícil decisión de escoger entre enviar a su hijo al colegio o protegerse de que no lo revisen”, dijo a Efe Carolina González, portavoz de ACLU de Florida.

Recalcó que es fundamental que las personas sepan que el SSN de los padres, de los niños o de sus custodios, no es obligatorio para que los menores sean inscritos en escuelas primarias y secundarias.

“Deben saber también que cuando una escuela lo solicita, tiene que aclarar que esa información opcional y, además, tiene que decir a la familia cuál será el uso que la institución le dará a ese número, si se compartirá con algún organismo del Estado, por ejemplo”, añadió González.

La profesora Marisol Márquez, quien trabaja en un centro educativo de Orange, dijo a Efe que ha sido testigo de cómo las personas indocumentadas confrontan dificultades cuando necesitan inscribir a sus hijos en las escuelas.

“En la documentación dice que es opcional, pero les preguntan que si tienen el SSN, que lo incluyan y si la persona no puede, las escuelas colocan una nota indicando que la información no está completa y la llaman con frecuencia para solicitarle ese dato”, explicó.

Márquez atribuye esa situación al “hecho de que no quieren que haya personas indocumentadas participando en lo que es escuela pública. Siempre las tratan como para hacerlas sentir que no son bienvenidas”.

Según un dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1982, los estados no pueden negarle a los niños que residen en el país el acceso a una educación pública elemental.

“A los niños indocumentados que viven en los Estados Unidos no se les puede prohibir el ingreso a las escuelas públicas elementales o secundarias basándose en su estatus de indocumentado o de no-ciudadano”, indicó ACLU.

Además, el Departamento de Educación de Florida acordó en un caso de 1990 que “a ningún estudiante se le solicitará tener u obtener un SSN federal como pre-condición o condición para su ingreso”.