Solicitan el fin de la partidocracia

MÉXICO, D.F.- “No es personal, sino un asunto de Estado, un problema de partidocracia”, atajó Javier Sicilia a los candidatos presidenciales que intentaron uno por uno deslindarse de sus respectivos partidos y de la responsabilidad de enfrentar el trasfondo que desembocó en más de 60,000 víctimas de la inseguridad.

Ninguno de los cuatro aspirantes a gobernar el país que acudieron al Castillo de Chapultepec para reunirse ayer con el Movimiento por la Paz la Justicia y la Dignidad garantizó limpiar “las filas” de las instituciones políticas a pesar de las demandas concretas de expulsar a algunos políticos de la vida pública y llevar a otros a la cárcel.

El poeta y activista que inició una serie de movilizaciones tras el asesinato de su hijo en mayo de 2011 midió con el mismo rasero a Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN); Enrique Peña Nieto, de la alianza Compromiso por México; Andrés Manuel López Obrador de la coalición Movimiento Progresista, y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza.

Exihibió nombres de todos los partidos como símbolo de impunidad frente a diversas acusaciones sobre participación o encubrimiento en actos criminales: los exgobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, Mario Marín, de Puebla, y Sergio Estrada Cajigal, de Morelos, así como el actual mandatario de Guerrero, Ángel Aguirre. “A mí no me metan en el mismo costal”, replicó López Obrador, durante su intervención en donde enumeró sus “35 años como luchador social”, sus virtudes de “hombre honrado” y “confiable” y donde rechazó ser un izquierdista mesíanico o autoritario, como lo llaman los adversarios.

Sicilia replicó al momento: “No es personal, no es contra usted, yo lo quiero mucho, pero hay gente que lo apoyan con un espíritu fascista”, sostuvo. “Yo he sido hostigado por sus correligionarios: es afuerza o afuerza con ustedes y así no puede ser la democracia, hay que ser autocríticos”.

Con la misma argumentación fue sobre Vázquez Mota cuando la panista culpó a la “tolerancia frente a la ilegalidad” de la situación de violencia actual en el país y prometió – sin dar nombres- llevar a prisión a jueces, alcaldes, gobernadores y financieros.

“En tu partido hay gente honorable, pero no es cierto que sólo en los otros esté la descomposición: ahí está Estrada Cajigal que se paseaba con el helicóptero con la hija (del narcotraficante Juan José Esparragoza) “El Azul” o Cecilia Romero, la excomisionada del Instituto Nacional de Migración, que permitió todos los abusos contra migrantes”.

Contra Peña Nieto fue una sopa de su propio chocolate: la represión policíaca en la comunidad de San Mateo Atenco, donde murieron dos muchachos de 25 y 14 años, y decenas de muchachas fueron abusadas sexualmente en 2006, cuando el hoy aspirante presidencial era gobernador.

“Ninguno de los tuyos fue castigado. Los muertos, agravados y los presos los puso el pueblo”, reprochó en su intervención Trinidad Ramírez del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra que asistió a la reunión junto con otras víctimas de desaparecidos, asesinados, torturados y desplazados.

Peña Nieto escuchó con atención y concluyó que el caso Atenco le dio la lección de que la policía “debe tener protocolos de actuación” y observó que México necesita nuevas reglas, pero no dijo cuáles ni habló sobre las acusaciones contra sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En medio de mantas y fotografías de los damnificados “del sistema”, Margarita López, madre de Yahaira, una joven de 18 años secuestrada por hombres armados en Oaxaca, rompió en llanto como oradora en turno para resumir la verdad más allá de las preferencias electorales.

“Nadie hasta hoy me ha acompañado, yo he hecho las investigaciones sola”, señaló para describir que en su lucha por encontrar a su hija dio con un prostíbulo de 100 mujeres jóvenes que denunció ante las procuradurías local, federal, el Ejército y la Municipal y nadie fue hasta seis meses después cuando la casa de citas había cerrado.

“Todos los gobernantes son iguales que no vengan con cuentos”, señaló.

En México una vez que los políticos llegan al poder, los márgenes de rendición de cuentas sobre su actuar son prácticamente nulos sin plebiscito, referéndum o reelección de legisladores cuyas listas para designación de candidaturas están en manos de los partidos.

La organización presentó una agenda de cuatro puntos donde quedó claró que va más allá de la coyuntura electoral: además de exigir la promulgación inmediata de la Ley de Víctimas para la reparación del daños, la desmilitarización y el combate del dinero insistieron en la Reforma Política que permita a los ciudadanos elegir si un político debe o no permanecer en el poder y para poner fin al control de los partidos “por unos cuantos”.