Ojalá no sea una pesadilla

En el debate surgido la semana pasada después que se decidiera que los fiscales pudieran utilizar la discreción para no deportar a los llamados “dreamers”, yo creo:

Que a los jóvenes que vinieron a este país con sus padres a muy corta edad se le debe permitir quedarse en Estados Unidos a trabajar y estudiar legalmente. Que el presidente tiene la autoridad legal para hacerlo. Que fue una movida política sensacional.

Y sin embargo, tengo dudas si lo que el presidente anunciara con bombos y platillos para el deleite de los “dreamers” en todo el país, vaya a convertirse en realidad tal cual Obama dijo que sucedería. Espero que tenga razón. Pero los periodistas debemos ser cautelosos.

Para empezar hay que considerar que los funcionaros de la Administración ven en forma muy diferente el “de forma inmediata” anunciado por el Presidente la semana pasada.

Ya el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) ha notificado a los abogados de inmigración que “NO (el énfasis es de ellos, no mío), que no presenten solicitudes de acción diferida en estos casos” porque si lo hacen las peticiones van a ser denegadas.

La página web de USCIS dice que la directiva del Departamento de Seguridad Interna (DHS) da 60 días para crear el proceso para aceptar dichos pedidos. Los abogados de inmigración dicen que hasta entonces lo único que ellos pueden hacer es pedirles a los jueces de inmigración que posterguen los casos de estos jóvenes hasta que las nuevas reglas entren en vigor.

En esencia, el presidente dijo que esto ocurriría de forma inmediata. Y ahora eso se ha convertido en 60 días, si no hay demoras.

Además, hay que recordar que la Administración prometió algo similar el verano pasado, cuando anunció que utilizaría la discreción fiscal para no deportar a aquellos inmigrantes que no tuvieran un récord criminal. Ese programa ha sido un desastre.

De acuerdo a un comunicado del American Immigration Lawyers Association publicado el 7 de junio de este año, DHS ha revisado 288,000 casos bajo el programa del 2011, y de ellos solo el 1.5% ha podido acogerse a las nueva directiva. Así que a pesar del anuncio de junio del 2011, el gobierno ha continuado deportando inmigrantes indocumentados en forma masiva -unos 400,000 al año y 1.2 millones en los últimos tres años. De los deportados en los últimos 12 meses menos de la mitad tenían antecedentes criminales.

Esta vez la Casa Blanca les ha dicho a los periodistas que la cosa es diferente. Cuando la directiva de DHS entre en vigor, los “dreamers” van a tener el derechos a solicitar en forma activa que se difiera su deportación. El año pasado todo estaba en manos de funcionarios del Gobierno.

Pero por ahora los Dreamers tienen que tener fe – y la realidad es que todo indica que así van a ser las cosas. Todo el que tenga un corazón en este país de inmigrantes debe entender que aquellos niños que llegaron a este país con sus padres y que no han cometido delito alguno deben de poder quedarse en Estados Unidos a trabajar y estudiar.

Es más, creo que se les debe dar una forma de obtener la ciudadanía. Y quiero creer que ellos ganarán la batalla.

Pero no puedo evitar las dudas. ¿Qué va a pasar con los alumnos que han abandonado la secundaria? ¿Podrían ellos volver a estudiar o por los menos obtener un título equivalente? ¿Y qué de aquellos que son detenidos por manejar sin licencia de manejar, o peor aún, aquellos que son detenidos por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas?

Lo propuesto por el Gobierno les otorga dos años para vivir y trabajar en este país. Después tienen que solicitar el permiso de nuevo. ¿Qué van a hacer los presidentes en el futuro? A todos los tienen fichados bajo el programa y de un plumazo pueden ponerlos de nuevo en la línea a ser deportados.

No quiero creer que tantos estudiantes esforzados con excelentes calificaciones vayan a ser engañados. Pero en realidad, todavía tengo mis dudas.